A cuatro días del ingreso del proyecto de Ley de Promociones e Inversiones que el oficialismo promueve como un paquete de beneficios similar al RIGI pero destinado a las pequeñas y medianas empresas, la asociación Industriales Pymes Argentinos (IPA) anunció que llevará al ministro de Economía, Luis Caputo, un decálogo de propuestas de políticas de infraestructura.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, declaró que será “un plan de competitividad para que el mini RIGI no sea un fracaso”.
La asociación a cargo de Rosato es una de las que cuestionó la orientación del proyecto de ley del gobierno, a contramano de otras entidades que participaron activamente del proyecto o que al menos fueron consultadas para la redacción.
IPA pidió una reunión a Caputo para acercar la propuesta que tiene el objetivo de modificar los términos del texto que ingresó al Parlamento el viernes último. Desde la perspectiva de la entidad fabril un proyecto de ley más acorde a las necesidades del sector “se tiene que basar en una baja de los costos para la producción. Hoy la industria nacional está pagando un costo energético hasta 4 veces más caro que en el resto del mundo, con altos costos impositivos. Estamos bajando los impuestos para importar y no bajamos los impuestos para que la producción nacional pueda ser competitiva y para que este mini RIGI no sea un fracaso”.
Rosato indicó que los ejes del decálogo que piensan acercar son: política económica y estabilidad macroeconómica; cargas impositivas y costos laborales; inestabilidad política e institucional; infraestructura y costos logísticos; acceso al financiamiento y políticas crediticias; innovación y productividad; dependencia de recursos naturales; condiciones sociales y educativas; acceso a mercados internacionales; e impacto de los cambios climáticos.
Este sector del empresariado consideró que además de mecanismos que fomenten la inversión necesita un entorno económico “eficiente y competitivo”, que requiere un Estado activo para responder a la demanda de las pymes de la industria.
En el otro extremo está la Unión Industrial Argentina (UIA), que la semana pasada saludó efusivamente la presentación del proyecto oficial y adelantó al gobierno que negociará con gobernadores y legisladores para que aprueben la ley.
