Muchas de las empresas que hace pocos meses celebraban el advenimiento del macrismo y su promesa de cumplir a rajatabla todos los puntos de la agenda corporativa hoy lo miran de costado debido al fuerte impacto de las tarifas de electricidad y gas en sus estructuras de costos y, fundamentalmente, en sus márgenes de rentabilidad. 
El tarifazo energético siempre fue parte del muy mentado «sinceramiento» de la economía pero ni los más fervorosos partidarios de diciembre imaginaron que tendrían que afrontar subas de hasta el 1200%. Para peor, muchas compañías pequeñas y medianas están en vilo porque aseguran que la apertura de las importaciones (otro de los intensos reclamos empresarios de los últimos años) complica la situación de las ventas destinadas al mercado interno. Lógicamente, la combinación de factores abre un frente tormentoso para el empleo y, según empresarios consultados, para la propia continuidad de las firmas.
Como única respuesta al escándalo que suscitó la llegada de las primeras facturas con aumentos, el gobierno sacó de la galera un «tope» de entre el 400 y el 500%. La reacción concitó algunos respaldos desde entes oficialistas pero las pymes se encargaron de rechazarla en pocas horas. La Cámara de la Mediana Empresa (CAME) picó en punta el jueves con un pronunciamiento contundente: «El tope al tarifazo sigue siendo insuficiente para las pymes.»
En diálogo con Tiempo, el secretario de la entidad, Vicente Lourenzo, remarcó que la propuesta oficial «está lejos de ser una solución porque no satisface a nadie».  Las asociadas a la CAME exigen una retrotracción de las tarifas a los valores previos al aumento y la aplicación de un nuevo programa de aumentos graduales. La propuesta, que presentarán esta semana en una reunión que le sacaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren, consiste en un programa de aumentos diferenciado: las empresas que consuman más pagarán porcentajes menores mientras que las que consuman menos pagarán porcentajes más altos, explicó Lourenzo.
La industria está en el ojo del huracán. El vicepresidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, dijo a este medio que la entidad abogó ante el gobierno por «la necesidad de mirar el impacto del aumento para adecuarlo a una gradualidad que permita el funcionamiento de las empresas». El referente de la producción alimenticia destacó en ese orden que la revisión del gobierno nacional le «parece bien» pero las pymes, responsables por el 85% del empleo local, insisten con las quejas.
Por su parte, el titular de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda, lamentó que el tarifazo agrava «al extremo» la situación de una producción que en el primer trimestre cayó el 40% a la par de un creciente aumento de las importaciones. Para el dirigente santafesino, la quita de subsidios y el incremento de los servicios es «un desaguisado total» que sumió a las empresas locales en el «desconcierto general». En esa línea, Taborda reclamó que el gobierno «recomponga el rumbo con hechos concretos porque si sigue así va a haber cierres de empresas».
Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) cuestionó que la propuesta «no contempla adecuadamente a los distintos sectores de actividad» y consideró que, aún con el tope, «aceptar el cuadro tarifario impuesto sigue implicando la convalidación de un aumento desproporcionado» para los costos empresarios.
La contrapartida oficial se dio a conocer tras las rondas de reuniones de los ministros Rogelio Frigerio y Aranguren con los gobernadores. Ahora las pymes esperan una nueva corrección. «

La Corte Suprema definirá rápidamente si interviene

La Corte Suprema tiene en agenda, para una resolución rápida, un pedido del gobierno para que avale el incremento en las facturas de gas. El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, planteó un virtual «per saltum», pero a través de un atajo novedoso: la «competencia originaria» de la Corte en el asunto.
El juez federal de Rawson, Chubut, Hugo Sastre, dictó hace dos semanas una medida cautelar que suspendió el aumento. Cualquier juez, de cualquier jurisdicción, está habilitado para hacerlo cuando el reclamo reúne dos condiciones: verosimilitud del derecho y peligro en la demora.
El gobierno nacional sostiene que el juez Sastre no puede seguir interviniendo porque cuando hay un conflicto entre la Nación y una provincia, el único tribunal habilitado para dirimirlo es la Corte Suprema.
Eso fue lo que planteó el procurador Balbín, un ex camarista en lo Contencioso Administrativo y Tributario en la Ciudad de Buenos Aires, el fuero que controla las decisiones del gobierno porteño. Balbín fue juez cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno.
Desde que se creó la ley, en el gobierno de Cristina Fernández, la Corte nunca aceptó un planteo por «salto de instancia» o «per saltum». Pero este caso es distinto: Balbín no le pide que intervenga salteando a otros tribunales; le exige que lo haga porque es el único que debió haber intervenido, desde el principio, en el expediente.
La Corte podría aceptar la competencia originaria y ratificar la cautelar o revocarla. Lo que difícilmente pueda hacer es eludir una resolución.