Luego de que en mi columna anterior comentara la frase “si le llega a la gente el ‘plan platita’ se viene un aumento del precio de la carne”, en la semana se sumaron declaraciones de otros sectores que siguen la misma línea: esquivar las responsabilidades en materia inflacionaria y de esta forma apropiarse de los frutos de la recuperación.

Estas posturas se reavivaron con la opinión del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien manifestó que “no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación del Estado (…), vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga”.

Ante esta mención, desde las cámaras que agrupan a los laboratorios salieron a decir rápidamente que “resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia a través de mecanismos de congelamiento de precios” y manifestaron su compromiso de mantener los valores promedio de los medicamentos en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC del Indec. Cabe citar que en CABA, por ejemplo, entre septiembre de 2021 y un año atrás los valores de los productos farmacéuticos subieron diez puntos porcentuales más que el promedio general de los precios.

Más allá de los datos, tampoco hace falta responder qué pasaría si todos los productores obraran de la misma manera. En la actualidad las políticas públicas están destinadas a reducir la inflación y si todos se comprometen a indexar según el índice de precios, estarían yendo en contra del objetivo de que los salarios les ganen a los precios, además de que muchos sectores estarían manteniendo la elevada ganancia que fue la que llevó a los actuales valores de inflación. Estas actitudes solo pueden entenderse en el marco de la puja distributiva.

La inflación no es un fenómeno meteorológico, sino que es la resultante de decisiones que se dan en torno a la fijación de los precios: por definición, si todos los precios suben, crece la inflación. Si bajasen o aumentasen menos, el promedio bajaría. De ahí la utilidad en el corto plazo de los controles, que apuntan a que no se retroalimente la inercia inflacionaria y a que se recupere el poder de compra de los salarios y las jubilaciones.

Es necesario revisar las cadenas de costos, y que los precios de adecuen a la obtención de ganancias razonables en cada una de las cadenas. Los componentes importados se liquidan al tipo de cambio oficial, que ha venido por debajo de la inflación. Los salarios no son la locomotora sino el vagón. Las tarifas siguen prácticamente congeladas y han venido bajando significativamente los costos financieros. Es decir, no hay razones para que los precios de productos esenciales como los alimentos o los remedios suban como lo han estado haciendo.

Lo que evidentemente hay es un intento de esquivar responsabilidades en torno de la fijación de los precios. Es similar a lo que ocurre cuando se trata de culpabilizar a la emisión monetaria, cuando en realidad la liquidez por sí misma no hace subir los precios, salvo que haya un intento de apropiarse de los ingresos que impulsan una mayor demanda. Pero con un nivel de ociosidad de la capacidad instalada de la industria del 33%, se puede incrementar la demanda debida al mayor ingreso de las personas, sin que esto necesariamente tensione los precios.

Diego Santilli, ex vicejefe de Gobierno porteño y candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, afirmó en una entrevista que “cuando se emite y empapela el país, el valor de tu moneda, todos perdemos valor”. Ante la repregunta del periodista acerca de cómo medía la emisión dijo: “En la calle (…), ¿cómo lo puede medir cualquier ciudadano? Con lo que puede ir a comprar”. Lo que está claro es que les resulta muy difícil justificar sus dichos de posverdad cuando no cuentan con la complicidad de ciertos medios. Deberían, al menos, proveerse de los datos de la emisión monetaria, que continuó siendo acotada. Para ser claros: la base monetaria acumula a septiembre una variación anual del 21,1% nominal, que implica una caída real del 8,1%. En términos de la actividad económica, como porcentaje del PBI, en diciembre de 2020 fue del 7,1%, mientras que actualmente se ubica en 6,4 por ciento.

Datos que se tratan de ocultar

A pesar de la persistencia de la inflación, la evolución de los ingresos reales salariales parece estar en curso de cambio positivo. El Índice de Salarios del Indec presentó en agosto un incremento real del 0,7%, que se suma al incremento real del 1,9% verificado en julio. La mejora se concentró en el sector registrado (privado y público) en tanto que para el salario no registrado su recuperación viene más lenta. Una tendencia similar se proyecta para septiembre, en función de lo señalado por el Ripte, que en ese mes registró un incremento real del 1,6 por ciento.

Según un reciente informe del Ministerio de Trabajo, en agosto de este año la cantidad de personas con trabajo registrado en el total del país tuvo una variación mensual positiva (del 0,5% o 54.600 personas) por octavo mes consecutivo, y con relación a un año atrás creció un 2,8% (326.900 trabajadores/as más). Con relación al nivel prepandemia (febrero de 2020), la mitad de las provincias ya lograron recuperar los niveles previos. Seguramente cuando se conozcan los datos de septiembre y octubre, con la recuperación que está teniendo sobre todo el sector servicios, como la gastronomía, el turismo, el transporte, la recreación y la cultura, se seguirá profundizando la recuperación en más segmentos.

Otro dato que alimenta esta dinámica es que en octubre las exportaciones a Brasil fueron las más altas en siete años. Se trata principalmente de producción con alto valor agregado y por ende generadora de empleo.

A su vez, en octubre la recaudación creció un 58,7% interanual, por encima de la inflación, y fue el mayor aumento para idéntico período desde 2015, reflejando una dinámica expansiva de la actividad económica, del comercio exterior y del mercado laboral.

Parecerían todas noticias que van en la línea de lo que confirmó estos días el ministro de Desarrollo Productivo, que calcula un crecimiento económico del 9% para este año, cerrando un año de recuperación, sobre todo en la última parte, con el impulso de los sectores de servicios, que se agregan al crecimiento que ya venían dando la industria, la construcción, la economía del conocimiento y el sector energético.

En este contexto, la firma australiana Fortescue acaba de anunciar que establecerá una planta en Río Negro para producir hidrógeno verde, lo que demandará una inversión de U$S 8400 millones y permitirá crear más de 15 mil puestos directos de trabajo y entre 40 mil y 50 mil indirectos. La primera etapa productiva tendrá un desembolso estimado en U$S 1200 millones y se extenderá hasta el año 2028.

Siguiendo con la inversión, según el Centro de Estudios Ferreres, “durante 2021 la inversión está mostrando una marcada recuperación, tanto al comparar con 2020 como con los dos años anteriores, marcados por la recesión económica. Así, la medición de septiembre se ubica 20,4% por encima del mismo mes de 2020” superando en un 8,4% a la de 2018.

Sin dudas, estamos frente a un panorama muy distinto del “acá no te dejan producir”. Se ratifica la importancia de seguir reforzando un plan de gobierno con el que, más allá de las expectativas en contrario que se tratan de instalar, se empieza a vislumbrar la salida de las dos pandemias.