Un trabajo sobre sostenibilidad de la deuda pública realizado por economistas de la ONG Fundar recomienda la creación de un fondo contracíclico de estabilización para respaldar el pago de los compromisos en momentos críticos y así despejar los riesgos de concretar renegociaciones desventajosas e incluso de entrar en default.

El estudio, elaborado por los economistas Emiliano Libman, Pablo de la Vega y Guido Zack, contiene una serie de recomendaciones para una buena gestión de la deuda pública y así “impulsar el desarrollo de capitales, disminuir la volatilidad, robustecer la moneda nacional y volver a crecer”.

El diagnóstico señala que “Argentina tiene cerrado el acceso a los mercados internacionales debido a su alto riesgo país, una deuda pública en gran parte denominada en moneda extranjera y una macroeconomía inestable”. También marca que “revertir este escenario implica lograr que la deuda pública sea percibida como sostenible. Para ello se requieren condiciones poco frecuentes en el último tiempo: superávit fiscal primario, riesgo país relativamente bajo, cierto crecimiento económico, estabilidad y unificación cambiaria”.

El informe recuerda que a lo largo de su historia el país tuvo 28 eventos de default, entre los de deuda doméstica (ocho) y extranjera (20). Para evitarlos a futuro, propone una serie de medidas relacionadas con la buena praxis en materia fiscal, fomentar la generación de dólares y llegar a un acuerdo con el FMI “que no obstaculice el crecimiento”.

Una de las recomendaciones más interesantes, sin embargo, está vinculada con algunas modificaciones institucionales, como la conveniencia de crear un fondo de estabilización que sirva para que el gobierno acumule excedentes financieros en épocas de bonanza y desacumule en momentos de necesidad. Se trataría de un fondo soberano que, sin alcanzar los volúmenes que manejan algunas naciones árabes y que lo utilizan para hacer inversiones multimillonarias en otros países, podría constituir “una garantía que refuerza la credibilidad de la política fiscal y financiera del gobierno, lo que facilita mantener el acceso a los mercados internacionales de crédito en condiciones convenientes para el país”.

En la historia argentina reciente, el fondo anticíclico más exitoso fue el que armó el kirchnerismo luego de reestatizar el sistema de jubilaciones y disolver las AFJP, en 2008. Ese Fondo de Garantía de la Sustentabilidad (FGS), manejado por la Anses, sirvió para sostener empresas, sobre todo a partir de la crisis global de las hipotecas subprime, y desarrollar firmas en áreas estratégicas para el interés nacional. Con la llegada de Javier Milei, hubo un intento por disolver el FGS, bloqueado por la oposición en el Congreso, y que actualmente languidece sin ninguna colocación en proyectos de infraestructura y desarrollo económico.

La situación de la deuda recuperó actualidad en los últimos días a partir de la admisión de las partes de que el gobierno y el FMI iniciaron conversaciones para un nuevo acuerdo que suceda al actual a partir de enero próximo. Y también por el decreto de necesidad y urgencia que firmó Javier Milei para que el Ejecutivo pueda saltear algunas exigencias de la Ley de Administración Financiera para la renegociación de deudas, lo que abre espacio a un eventual canje de títulos en 2025.

Ese DNU, el 846/24, permite aceptar una renegociación sin que se cumpla alguna de las tres condiciones exigidas por la LAF: quita de capital, reducción de tasas de interés o alargamiento de plazos. La oposición intentó cuestionar ese decreto en el Congreso, pero una sesión especial pedida a ese fin para este martes fracasó por falta de quórum.