“Deróguese el Art. 7° del Decreto número 1053/18, publicado el 16 de noviembre de 2018 en el Boletín Oficial de la República Argentina”, dice el artículo 1 del proyecto de ley presentado por la diputada nacional María Liliana Schwindht.

Ese artículo del decreto lanzado en noviembre de 2018 establece que “el Estado Nacional asume, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”.

A partir de ese artículo, el Estado pasó a hacerse cargo de las pérdidas de las petroleras y las distribuidoras de gas, producto de las devaluaciones del peso con respecto al dólar que comenzaron a darse de manera sistemática desde abril de 2018. Al momento, se trata de unos de 24.500 millones de pesos (ver aparte).

Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió una presentación firmada por una docena de diputados del Frente de Todos, que apoyan la decisión del Enargas conducido por Federico Bernal, de denunciar en el fuero penal al ex ministro de Energía Juan José Aranguren.

Cambiemos y la estatización del riesgo empresario

En 2016, apenas asumido el gobierno de Cambiemos, el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció un nuevo esquema tarifario para los servicios de energía. Para el caso del gas, inició un sendero de quita de subsidios y de elevación del precio de gas que venden las petroleras, medido siempre en dólares. Esto significó una extraordinaria rentabilidad para las petroleras, que siempre se negaron a mostrar su estructura de costos, y para las distribuidoras. También se tradujo en aumentos del 3 mil por ciento en las boletas de los usuarios, a lo largo de 4 años.

La luna de miel entre las petroleras y las distribuidoras tuvo un impase a mediados de 2018, cuando el brutal salto devaluatorio del peso con respecto al dólar complicó el esquema. Las petroleras se quejaron de que el precio convenido en pesos quedaba desfasado con el nuevo valor del dólar, mientras que las distribuidoras decían que no podían pagar la diferencia, ya que la misma no se trasladaba a las tarifas.

Lejos de cualquier referencia al riesgo empresario, Cambiemos decidió estatizar esa deuda. En una primera instancia, el entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, intentó trasladar esas diferencias a las boletas de gas, lo cual provocó un repudio generalizado. Tal es así, que a fin de cuentas esa decisión influyó de manera determinante en que Iguacel dejara el cargo, en diciembre de ese año.

Entonces, llegó el citado artículo 7 del decreto 1053/18. Así las cosas, el gobierno de Macri trasladó al Estado esa diferencia. El Enargas macrista quedó a cargo del cálculo de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) y determinó que entre abril de 2018 y septiembre de 2019 esas diferencias sumaban $ 24.524.715.128,43.