La idea de que existe un «sendero descendente» de la inflación, que expresó el presidente Alberto Fernández al presentar el programa Precios Cuidados el jueves pasado, no tiene adherentes dentro del oficialismo, donde más bien hay preocupación sobre el rumbo que adoptará la carestía este año.

Los memoriosos recuerdan las discusiones que mantuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los economistas –del establishment y de la heterodoxia– por los pronósticos de inflación de 2021. Guzmán quería imponer su idea de que la suba de precios general sería del 29% mientras que los economistas hablaban de un 40% mínimo. El ministro llegó a lanzar algunos golpes y se habló de eliminar el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publica el Banco Central y era el centro de la furia ministerial.

Un año después, el medio centenar de analistas, consultoras y bancos que participan del REM demostraron tener más puntería.

Para 2022, el gobierno espera una inflación del 33%; al menos así lo presentó en el proyecto de Presupuesto. Pero los analistas del REM esperan un 54,8%, es decir, muy por arriba del número de este año.

Para Nicolás Pertierra, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), «no es imposible» que se cumpla el pronóstico del gobierno, aunque catalogó el objetivo de «complicado» en la medida en que «no haya nada sobre la mesa que trabaje sobre el componente inercial» de la inflación.

Con todo, Pertierra consideró que ya enero mostraría estos problemas porque la carestía estará por encima del 3%. En diálogo con Télam, el economista del CESO planteó la necesidad de «un acuerdo más integral, con las características de un plan de estabilización», y consideró que Precios Cuidados sirve «para contener disparadas bruscas de precios, pero no para bajar la inflación». Para ello habría que trabajar sobre la cuestión inercial y las expectativas. «Se requiere de un compromiso político de muchos sectores empresarios altos», afirmó, a lo que habría que agregar que «el gobierno esté dispuesto a arriesgar un acuerdo de esas características».

Desde el otro lado del mostrador de la grieta entre economistas, se plantea que los ejes son reducir la magnitud del déficit fiscal y la emisión monetaria para financiarlo, alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ajustar tarifas para bajar parte del déficit fiscal.

Juan Luis Bour, economista jefe y director de FIEL, un think tank liberal, dijo esta semana que «en el escenario que proyectamos en FIEL –que supone que va a haber algún acuerdo light con el FMI–, la economía crece alrededor de un 2% y la inflación es un número que está entre el 55% y el 60%». Fiel a la teoría monetarista, Bour consideró, en diálogo con Infobae, que «es una economía que tiene ‘dominancia fiscal’, tienen el fisco con déficit. Eso te domina todo lo que es lo monetario y, por lo tanto, el exceso de gasto se financia con emisión monetaria. Al no tener control monetario, tenés inflación alta».

Si bien la multicausalidad de la inflación, que hasta el Fondo Monetario acepta, sirve para justificar muchas políticas, lo cierto es que los programas oficiales de precios no impidieron el alza de la inflación. Quizá por ello, el ministro Guzmán planteó que era necesario «acelerar» la reducción del déficit público para bajar, a su vez, la necesidad de financiamiento estatal. En ese sentido van los aumentos de tarifas y reducción de subsidios al consumo de energía (transporte por ahora no tiene cronograma). Pero se trata de una jugada con consecuencias políticas que el gobierno deberá evaluar paso a paso.