El gobierno bonaerense convocó a los tenedores de sus bonos con vencimiento en 2021 a «compartir sus puntos de vista respecto de la manera de alcanzar un alivio financiero transitorio para la Provincia». Con ese eufemismo, dio el puntapié inicial a la refinanciación de deudas provinciales.

La dinámica que tomó la cuestión en la mayoría de las provincias argentinas es muy parecida a la que se plantea a nivel nacional. Para cubrir sus déficits primarios, las administraciones locales emitieron deuda de mediano plazo, muchas veces en moneda extranjera. En el camino se encontraron con una devaluación que disparó sus pasivos sin haber mejorado sus cuentas, lo que los puso en una situación tan complicada como antes de tomar esos préstamos.

Según el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, desde comienzos de 2016 hasta marzo de 2018 (cuando quedó claro que los mercados se habían cerrado para el país), un total de 14 gobiernos provinciales realizaron 31 colocaciones de títulos por unos U$S 12.300 millones. Las tasas oscilaron entre el 4,5% anual que consiguió Buenos Aires a mediados de 2016, por un bono a tres años, hasta el 9,75% que prometió abonar La Rioja por papeles a devolver en 2025.

Esta conducta derivó en que, en promedio, su stock de deuda haya trepado hasta el 52% de sus ingresos totales. Jujuy, Buenos Aires y Chubut son las jurisdicciones en las que esa proporción es más alta. Según el Ministerio de Economía, en junio de 2019 la deuda conjunta era de $ 1,2 billones.

Semejante grado de necesidad explica la premura con que las provincias aceptaron la propuesta del gobierno nacional de suspender el pacto fiscal por un año. De esa manera, podrán interrumpir la reducción paulatina en las alícuotas de sus tributos (básicamente Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario) a la que se habían comprometido en tiempos de Mauricio Macri. Cumplido ese acuerdo grupal, empezó el desfile de gobernadores a título individual por la Casa Rosada. El último martes, el Ministerio de Economía entregó anticipos financieros a Chaco, Chubut, Río Negro, Tucumán y Santa Cruz por un total de $ 5650 millones, a deducir de sus respectivas coparticipaciones. En los días sucesivos otros mandatarios siguieron el mismo camino tratando de encontrar oxígeno para sobrevivir a la coyuntura (ver página 6).

El caso Buenos Aires

Si bien la problemática es similar en gran parte de las provincias, la situación de Buenos Aires es trascendente porque se trata de la provincia más importante en términos de generación de recursos y también de deuda pública: son U$S 10.711 millones, equivalentes al 9,2% de su producto bruto geográfico, reconocen en el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense. A ellos se suman otros U$S 449 millones de deuda flotante.

El disparador de la situación es el bono que Daniel Scioli emitió en 2011, por U$S 750 millones, a amortizar en tres pagos. El primero se saldó el año pasado y ahora viene el segundo, de U$S 250 millones más otros U$S 27 millones de intereses. Para peor, el viernes hay otro vencimiento a cumplir con la Anses, aunque se descuenta que el organismo renovará el préstamo por U$S 250 millones.

Según un informe de la consultora Elypsis, a lo largo de 2020 Buenos Aires deberá afrontar pagos por U$S 2705 millones. «Es la provincia más endeudada del país. Su deuda equivale al 84% de sus ingresos anuales. El 77% está en moneda extranjera», dicen los autores, que estiman que la provincia necesitaría durante los próximos períodos un superávit primario anual de 4,7% de sus ingresos, muy superior al de los últimos años, para hacer frente a sus obligaciones. El diagnóstico es concluyente: «Tendrá que renegociar su deuda».

Córdoba (con U$S 159 millones a devolver este año) y Neuquén (U$S 130 millones) también están comprometidas. Si bien los montos son muy inferiores, el resultado primario de 2019 fue negativo, lo que las expone a un esfuerzo adicional para poder enfrentar sus obligaciones. «