La conflictividad social de los últimos días, que tuvo sus puntos más salientes en los acampes de organizaciones piqueteras en la avenida Nueve de Julio y el prolongado conflicto entre las empresas fabricantes de neumáticos y sus trabajadores, asomó como una consecuencia nítida de una economía con claras señales de desaceleración, cuando no de estancamiento. El panorama tuvo su correlato en un índice de pobreza de 36,5% difundido por el Indec el último miércoles; traducido, se trata de unos 17 millones de personas en todo el país cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas.
Buena parte de este cuadro no se modificará en los próximos meses ni tampoco el año que viene, a juzgar por el proyecto de Presupuesto 2023 que el gobierno elevó al Congreso para su aprobación. Varios análisis conocidos en los últimos días coinciden en mostrar señales que anticipan una contracción de la economía, un menor poder del gobierno para intervenir en ella y una disminución de los recursos destinados a la seguridad social y a subsidiar a los sectores más perjudicados por la crisis.
En el Ejecutivo son conscientes de los ruidos políticos que puede generar el proyecto y por eso invitaron a poner el foco en los gastos tributarios. Bajo ese rubro se engloban los ingresos que el fisco deja percibir por determinadas exenciones impositivas, dispuestas para beneficiar determinadas actividades o zonas del país.
Por eso se incluyó una separata que los detalla y los cuantifica: 3,66 billones de pesos. «Usualmente, los beneficiarios de estos incentivos promocionales son grupos empresarios y grandes firmas», admite el proyecto y desviando hacia ese camino las posibles vías de discusión para conseguir fondos que reduzcan ese impacto social.
Cómo llegar a fin de año
En líneas generales, como ya adelantó este medio la semana pasada, el proyecto prevé una reducción del déficit fiscal a un 1,9% del PBI, una inflación de 60% para todo el año y una suba de la actividad de apenas el 2%. Estos dos últimos números, en particular, toman como punto de partida una estimación de lo que puede ser la economía a fines de 2022.
Y es allí donde se dispara la primera señal de alerta, porque el camino a transitar para llegar a ese punto de partida de lo que luego será el Presupuesto 2023 implica también un fuerte ajuste.
Según el estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el cálculo de gastos y recursos del año que viene se basa en creer que el gasto público del ejercicio todavía en curso se reducirá fuertemente con relación al del año anterior. La merma sería de aproximadamente $ 978.000 millones, según las cuentas que hacen Nadín Argañaraz y María José Nieto.
«Si se toma el año completo, surge que la reducción del gasto primario sería del orden del 2,2% real. Los rubros que finalizarían el año con un nivel menor al que presentaron en el 2021 serían los gastos en bienes y servicios, transferencias corrientes (incluye principalmente envíos a provincias, a universidades y al sector privado) y prestaciones de la seguridad social. Este rubro contiene a las jubilaciones y pensiones contributivas, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, y asignaciones universales, entre otros», señalan los autores. De cada 100 pesos de ajuste del gasto primario, se prevé que 50,8 sean reducciones en las transferencias corrientes (entre ellos, los subsidios a los servicios de gas y electricidad) y 26 corresponderían a las prestaciones de seguridad social. Tales recortes se producirían en los tres meses que quedan para culminar el año.
¿2023, un año par?
A partir de esa base ya ajustada, las autoridades diagramaron el proyecto con los gastos y recursos del año próximo. Según el CESO (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz), «parece un Presupuesto para un año par», en referencia a la costumbre de aplicar una fuerte dosis de austeridad cada dos temporadas para compensar los mayores gastos en que se incurre en los años electorales (impares) para ganar votos.
Un dato que surge de las planillas anexas al informe es que el total de recursos de la Administración Pública descenderá en relación al tamaño total de la actividad: será de 23,8% del PBI. El achicamiento sugiere también un menor poder del Estado para influir con sus acciones sobre el resto de la economía. «Se plantea una reducción del déficit fiscal en base a ingresos que por poco no llegan a empatar a la inflación – variación de -0,1% real – con un menor gasto total -variación de -2,8% real- en base a menores transferencias por subsidios en energía y transporte, principalmente», detalla el informe del centro que dirige Andrés Asiain.
Servicios sociales, en declive
Desde la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) estimaron que una vez descontada la inflación, la reducción del gasto total será de 9% con relación al presupuesto vigente al 31 de agosto último. Y en esa entidad tienen en claro por dónde pasará el tijeretazo.
«El 50% de ese recorte se explica por la caída del presupuesto destinado a la Seguridad Social (Asignaciones Familiares, Prestaciones Previsionales, Pensiones no Contributivas). Si bien la mayor parte del presupuesto está destinado a Servicios Sociales (64,4%), una tendencia que se sostiene a lo largo de los años, esta finalidad cae más de un 10% si se compara lo proyectado para 2023 con el crédito vigente en agosto de este año».
Así, de acuerdo al resumen elaborado por esa ONG, las partidas destinadas a servicios sociales bajarán los $ 20,81 billones vigentes a $ 18,65 billones para el año que viene. Allí se contabilizaron políticas destinadas a redes de agua potable y saneamiento, ciencia y técnica (que subirá con relación a este año), educación y cultura, asistencia social, salud, seguridad social, trabajo, vivienda y urbanismo. En comparación, la asignación para los servicios de la deuda pública subirá un 25,7% con relación al año corriente.
Salarios y contribuciones
Entre las varias dudas que plantea el Ippyp (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas) se encuentra el crecimiento esperado de los aportes y contribuciones patronales. Ese comportamiento «resulta llamativo en un contexto donde la recuperación del empleo está asociada a una expansión de la informalidad laboral», dice el informe de la entidad que dirige Claudio Lozano, hasta hace poco director del Banco Nación.
El análisis también descree de las posibilidades de crecimiento de la economía en 2023. «Es difícil encontrar rasgos expansivos en el presupuesto presentado que vayan en línea con dicho objetivo. Lo único expansivo es el gasto de capital que, sin embargo, ha venido exhibiendo importantes niveles de subejecución», advierte.
Por eso desde el Ippyp son pesimistas al margen que tendrá el gobierno para aplacar la conflictividad social. «Con lógicas como las que gobiernan este presupuesto, parece difícil seguir proponiéndole a la gente un mayor deterioro en sus condiciones de vida», concluye el texto. «
Salarios públicos, en la mira
Uno de los puntos que llamó la atención de los analistas es que las planillas que complementan el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso anticipan que, al menos en el sector público, habrá una fuerte reducción en el poder adquisitivo de los salarios.
«Al proyectar la masa salarial que los trabajadores/as del Estado alcanzaron a finales de 2022 respecto de lo asignado en el Presupuesto para 2023, se verifica que el aumento efectivo es de apenas el 37%. Esto indica que frente a una pauta de inflación, que el propio Presupuesto estima en un 60%, la masa salarial tendría una caída real del 14%», anticipa Claudio Lozano en el informe preparado por el Ippyp.
El fenómeno se repite en la masa destinada a jubilaciones y pensiones: «El aumento implícito del 29%, comparado con el IPC del 60%, implica una caída del 20% en términos reales», advierte la publicación.
En su mensaje al Congreso, el gobierno recordó que rige el congelamiento para el ingreso de personal a la Administración Pública y entes descentralizados.
Con el peso de la deuda y la sombra del FMI
Los servicios de la deuda insumirán un total de $ 2,915 billones en 2023, según lo estipulado en el cálculo de gastos que elaboró el Ministerio de Economía. De acuerdo al análisis del Ippyp, ese rubro está al tope del ránking cuando se clasifican las partidas por finalidad y función. Lo llamativo es que sólo el 15% de esos compromisos son en dólares y el resto, en moneda local.
Para el Ippyp, eso no quita gravedad al problema, «que también ahoga a las finanzas públicas y eleva la subordinación de la gestión gubernamental al financiamiento que los principales agentes del mercado doméstico decidan darle», según su análisis.
En paralelo, desde el CESO apuntan que este Presupuesto es el primero tras la renegociación del acuerdo con el FMI, en marzo de 2022, lo que resta flexibilidad para las necesidades que vayan surgiendo. «Los resultados de déficit fiscal primario y financiamiento del BCRA al Tesoro previstos ya están alineados a las metas fijadas en dicho acuerdo. Eso obliga a que toda incorporación de gastos adicionales que se haga en el Congreso deba también incorporar los recursos correspondientes para no hacer incompatible el resultado del presupuesto con las metas del Acuerdo», dicen en el CESO.
