Luego de los miles de despidos en la administración pública nacional en los primeros meses de este año, que el gobierno de Mauricio Macri calculó en apenas 10.921, el Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra, programa una segunda ola de cesantías por vías menos violentas pero igual de efectivas.

Según denuncias de los trabajadores del Estado, el plan gubernamental apunta a establecer lo que se considera una «plantilla óptima» de cada dependencia estatal, para lo cual los funcionarios de Modernización parten de la base de que las plantillas son excedentes. Macri lo dijo el último 1 de Mayo, cuando aseguró que hay un «exceso de personal». La otra pata del plan se apoya en impulsar la jubilación de 12 mil empleados públicos en lo que resta de este año y de otros 3000 anuales por los próximos tres años.
Para avanzar con sus planes, Modernización convocó a reuniones con las direcciones sindicales. En opinión de Hugo Godoy, secretario general de ATE, el objetivo de Modernización es avanzar en la flexibilidad laboral. En un documento elaborado por ese gremio se denuncia que están «rastrillando el personal y tratando de demostrar que sobran trabajadores». La manera de llevarlo a cabo, relatan los delegados de base, es hacer circular planillas para que cada empleado explique sus funciones y entre todos armen un mapa de trabajo, en el que quede claro cuáles son las tareas que se realizan y los cargos superpuestos. El sindicato impugnó ese procedimiento y prepara un contrainforme. «El ámbito para discutir las condiciones de trabajo es el convenio colectivo. No firmaremos nada por fuera de él. Vamos a resistir. Creo que va a haber una fuerte pulseada», vaticinó Godoy. En el Ministerio de Modernización, en tanto, no contestaron las consultas de Tiempo sobre la cuestión.
Respecto de las jubilaciones, el recurso sería obligar a retirarse al personal que ya cumplió 30 años de servicio y una edad de 65 años en el caso de los hombres y de 60 en las mujeres. Muchos de ellos continúan en funciones por una práctica habitual de beneficios mutuos; para el empleador, que cuenta con un agente experimentado que conoce cómo funciona cada dependencia; y para el trabajador, que cobra mucho más que en el sector pasivo.

El Estado está autorizado a efectuar esa intimación porque así lo habilita la Ley 25.164 que regula el empleo público nacional. A cambio, el gobierno ofrece ir pasando personal contratado a la planta permanente, en la que gozaría de estabilidad laboral. «El gobierno busca generar consenso para definir lo que ellos consideran como la planta óptima del Estado. En la práctica buscan continuar el plan de despidos de principios de año, que debieron frenar por el alto nivel de resistencia que generó. Ahora lo van a tratar de conseguir por el lado de las jubilaciones forzadas. Aquellos que no entren en ese plan que están diseñando quedarían en un limbo, como en disponibilidad», denunció Godoy. «Como zanahoria, nos plantean que van a pasar a planta unos 12 mil precarizados este año. Es una cifra muy poco creíble, habría que hacer una cantidad enorme de concursos en muy poco tiempo», agregó.

Un tema que sobrevuela la discusión es que no está explicado el rol que tendrá el Estado dentro de la sociedad. Si bien el decreto 434/16, que aprobó el Plan de Modernización, habla de “convertir al Estado en el principal garante del bien común”, no da metas específicas. En la enunciación conviven la profesionalización de los trabajadores con la evaluación de procesos y las reasignaciones de recursos, conceptos en apariencia contradictorios. Tampoco está claro el tamaño de la actual plantilla laboral. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) alertó en sus ensayos de la «ausencia de la publicación de datos estadísticos de carácter oficial». Como referencia, en el Presupuesto 2014 se consignó la existencia de 377 mil cargos rentados en el Estado nacional, de los cuales 132 mil correspondían al personal civil de la administración pública. Las 11 mil desvinculaciones de principios de año y las 21 mil que se planean sólo por jubilaciones significarían casi una cuarta parte de esa dotación.

La cuestión del empleo volvió a insertarse en el discurso oficial luego de que esta semana el Indec informara que la desocupación subió al 9,3%. En su exposición en Diputados, Marcos Peña reflotó un proyecto para flexibilizar la contratación de jóvenes y el presidente Macri dijo que cree que la tasa de la población económicamente activa es baja. Otra reducción del plantel estatal agravaría el cuadro, teniendo en cuenta que en el segundo trimestre, el sector privado aprovechó la reducción de contratos en el Estado para hacer su propio ajuste: se estima que unas 120 mil personas perdieron su trabajo, lo que agregó al menos un punto a la tasa de desocupación. «