La semana que siguió al relanzamiento del programa Precios Justos fue candente, no solo por las temperaturas estivales sino también por la tendencia de los precios, que siguieron en franca disparada, especialmente los de los alimentos y otros productos de la canasta básica.

La consultora LCG midió en la segunda semana de febrero un aumento del 1,8% en promedio en el rubro alimentación y señaló que el mismo indicador aumentó 6% en las últimas cuatro semanas.

Frente a tamaña escalada, la pregunta sobre la incidencia real del programa en la estabilidad de los precios pasó al centro de la escena.

El gobierno se concentró en el despliegue de controles desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y contó con el apoyo de organizaciones sociales que también revisaron la presencia del programa en las góndolas de las grandes cadenas supermercadistas.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, consignó en una entrevista con Perfil que se realizaron 7770 inspecciones entre octubre y diciembre, mientras que en enero se realizaron 2700 operativos presenciales y otros 8560 virtuales.

El funcionario reconoció casos de escasez de productos en algunos comercios y definió que el desabastecimiento “es la tensión central”. Sin embargo, los consideró como fallas puntuales, resultado de problemas de entrega por parte de productores y del aumento de la demanda del consumidor.

En cambio, aseguró que las mediciones dan cuenta de un fortalecimiento de Precios Justos y le puso números: “en noviembre tuvimos un cumplimiento de precios del 52%, en diciembre del 61% y en enero del 68%. En cuanto a la señalización, el cumplimiento fue de 62% en noviembre, del 76% en diciembre y del 77% en enero”.

También aseguró que la dependencia a su cargo ya penalizó a empresas que incumplieron con multas por más de $ 404 millones y dijo que están en proceso otras sanciones en el orden de los $ 605 millones que recaerán sobre las cadenas de comercios y sobre los eslabones productivos de la cadena de la formación de precios.

Acompañamiento

Parte de las fiscalizaciones estuvieron a cargo de organizaciones sociales, como el Movimiento Popular La Dignidad, que presentó el informe Control Popular del Programa Precios Justos con datos de 218 establecimientos en 22 barrios de la Capital Federal y en 12 de la Provincia de Buenos Aires durante los primeros días de vigencia del programa.

En el Ranking de Incumplimiento se consagró en el primer puesto la cadena Chango Más, que en provincia promedió el 34,48%, seguida por Día (45,5%) y Carrefour (63%). El cuarto y quinto puesto fueron para VEA y Disco respectivamente.

Entre las conclusiones, la fuente destacó que “en ninguna boca de expendio de los supermercados adheridos al programa detectamos un cumplimiento mayor al 70%. El supermercado que más se acerca es Coto, con el 69,79%, pero algunos no llegan al 50%”.

Las industrias que encabezaron el ranking de incumplimiento fueron Ledesma, con un promedio del 58,33%; Molinos Río de la Plata, con el 57,41%; y Molino Cañuelas, con 55,73 por ciento.

En cuanto a la zona geográfica, en CABA el incumplimiento más importante fue en los barrios de la zona sur, con un 40% de faltantes. En el conurbano bonaerense, también se incumplió más en las localidades de la zona sur, con el 48,3 por ciento.

Empresarios críticos

En el lado corporativo gana espacio la crítica al programa, especialmente a la meta de aumentos que Massa y equipo fijaron en 3,2% mensual hasta junio para los casi 50.000 productos que no están dentro de la canasta de Precios Justos pero que son fabricados por las mismas empresas.

Formalmente, Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA y de la federación alimenticia COPAL, destacó la iniciativa, pero insistió con recomendaciones de medidas macro, que vayan más allá de medidas puntuales de control de precios.

Informalmente, las compañías a las que representa Funes de Rioja, y que negocian Precios Justos con el Ejecutivo, dejaron trascender su incomodidad con la aspiración oficial de ponerle un techo mensual del 3,2% a los precios del programa.  «