Las medidas en materia económica continúan. Esta semana que pasó, el Gobierno nacional concretó acuerdos de precios con las principales empresas proveedoras de insumos al tiempo que, en materia de ingresos, se oficializó un bono de fin de año para los trabajadores registrados ($ 24 mil para aquellos que cobren hasta tres salarios mínimos) y para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo ($ 13.500).
Un rasgo distintivo de los recientes acuerdos de precios es que, a diferencia de lo ocurrido en otras oportunidades, también se focalizan en las empresas proveedoras de insumos para la producción (energía, vidrio, papel, aluminio, químicos, entre otros), y no sólo en las productoras o vendedoras de bienes de consumo final.
Por caso, a fines del mes pasado se acordó con las principales firmas petroleras aumentos de no más del 4% mensual en promedio hasta marzo, en línea con la inflación proyectada. Una medida que tiene implicancias positivas en la cadena productiva y por lo tanto en los precios.
En la misma dirección, en los últimos días se establecieron acuerdos con empresas proveedoras pertenecientes a las cadenas de valor de alimentos y bienes de consumo masivo. Las firmas involucradas no podrán modificar sus precios por encima del 3,9% mensual en promedio respecto del mes de diciembre: el acuerdo también dura hasta marzo.
Como lo mencionaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, esta iniciativa facilita la posibilidad de dar previsibilidad a la estructura de costos de las empresas que participan del programa Precios Justos, debido a que uno de los factores fundamentales en la formación del precio de un producto son los valores de los llamados insumos difundidos.
También el Gobierno alcanzó un acuerdo con los principales fabricantes de zapatillas. Se estableció una rebaja de hasta un 20% de los precios (15% en promedio) de las marcas y modelos de mayor rotación en el mercado, que se espera impacte en las fiestas de fin de año, más un sendero de incremento de precios de hasta el 3% mensual para los meses de enero, febrero, marzo y abril. En el acto, el ministro de Economía sostuvo: “nosotros hacemos el esfuerzo para que los dólares vayan a la producción, por lo que quiero pedirles que tengamos la capacidad de cumplir cada una de las cosas en las que nos pusimos de acuerdo”.
Estas iniciativas apuntan a cuidar el poder adquisitivo de la ciudadanía en un contexto inflacionario que no deja de preocupar, aunque los últimos datos dieron indicios alentadores que refuerzan la tendencia a la baja respecto del valor pico de julio (7,4%). En efecto, el jueves pasado el INDEC publicó el IPC Nacional de noviembre: 4,9% fue la variación mensual, bastante por debajo del registro en octubre (6,3%). Los sectores con alzas mayores al promedio fueron “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (8,7%) por la “segmentación de tarifas” en los servicios de electricidad y gas, según se destaca en el comunicado del Indec, “Comunicación” (6,4%) por las alzas de tarifas en telefonía e internet y “Bebidas alcohólicas y tabaco” (6,3%), principalmente por el aumento de los cigarrillos. Contrariamente, y para destacar, los alimentos redujeron el incremento al 3,5% mensual, contra el 6,2% de octubre.
La variación interanual, por su parte, alcanzó el 92,7%, cercana a lo proyectado en el Presupuesto Nacional: 95% para 2022. En declaraciones a los medios, Massa aseguró que “el objetivo es que la inflación llegue al 3% en abril” y agregó: “no estamos contentos todavía con el número, que sigue siendo alto para lo que pretendemos sea la recuperación del poder de compra (…) hay que recuperar ingresos y, en paralelo, bajar la inflación”.
Lo que sí es una certeza es que no hay ninguna política que pueda ser exitosa con altos niveles de inflación. La tarea para lograr bajarlos es ardua, requiere hacerle frente a la puja distributiva que existe históricamente en nuestro país y que involucra a muchos sectores con gran poder económico y político. Pero se está avanzando y comienzan a verse los resultados.
Tres años de gestión de gobierno
Se trata de una gestión que, vale recordar, estuvo marcada principalmente por dos eventos mundiales distorsivos: la pandemia sanitaria y la guerra en Ucrania. Estas fueron verdaderas “tormentas”, que además llegaron en un momento muy difícil para la Argentina, luego de la “pandemia neoliberal” fruto de la gestión de gobierno anterior. Como recordó el presidente Alberto Fernández en el acto oficial por los tres años de mandato: “soñábamos con poner en marcha una Argentina pujante; que estaba muy quedada, que estaba muy atrasada; que había perdido el trabajo; que había cerrado 23 mil empresas; que se había endeudado más allá de lo debido. Y creíamos que todo eso éramos capaces de revertirlo, pero lo que no esperábamos era que, al día 99, una pandemia cayera sobre el mundo y trastocara todos los planes que teníamos”.
En ese entonces fue cuando el Gobierno debió actuar y lanzar medidas para asistir a los más perjudicados por esa parálisis mundial en la actividad. El IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), para citar dos de los ejemplos más importantes, permitieron morigerar la pérdida de ingresos de parte de la ciudadanía en los momentos de mayor incertidumbre, ante un virus que se había expandido y cuya única prevención (hasta que aparecieron las vacunas) era suspender las actividades.
Mientras tanto, en el 2020, la actividad económica mundial se desplomó, y el PIB argentino se contrajo en un 9%. Sin embargo, los años subsiguientes fueron de recuperación y crecimiento: 10,3% en 2021 y por arriba del 5% en 2022, según señaló el ministro Massa.
Paralelamente, se gestó un arduo proceso negociador con los acreedores privados de la deuda en dólares, que permitió diferir las obligaciones por varios años y reducir significativamente el interés promedio de las obligaciones. Además, se produjo una negociación con el FMI para reprogramar los vencimientos imposibles de pagar, centrados en 2022 y 2023 (unos U$S 19 mil millones cada año), que el gobierno de Mauricio Macri había acordado. En este caso, también se prorrogaron los vencimientos, con un período de gracia importante y un plazo de diez años. Lo esencial es que las obligaciones con los acreedores privados comenzarán a pagarse a partir del 2024, y con el FMI a partir de 2026, logrando así un alivio importante que permite ganar tiempo pero que no resuelve el problema del endeudamiento.
Respecto a la deuda en pesos, el Gobierno ha venido consiguiendo fondeo neto positivo en las distintas licitaciones. En particular, en la operación que cerró el jueves pasado se llegaron a colocar, contemplando la segunda vuelta, más de $ 400 mil millones en exceso de los vencimientos que existían.
Pasaron tres años complicados y dejaron sus profundas huellas. El año que resta de gobierno no será menos desafiante. Hay que seguir avanzando hacia un genuino modelo de crecimiento con inclusión. Es la mejor manera de evitar que aquellos que “han entregado al país y lo han puesto de rodillas”, como lo definió el Presidente, vuelvan a tener la oportunidad de hacerse cargo de la Argentina con un modelo que les sirve sólo a unos pocos.
