El presidente del directorio de la agroexportadora Vicentin, Omar Scarel, fue imputado este martes por desobediencia de dos órdenes judiciales que inhibían a la compañía de disponer de las acciones de empresas vinculadas y vender sus activos, aunque quedó en libertad al aportar una caución de U$S 500 mil.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, acusaron a Scarel de acordar con Viterra (ex Glencor, socia de Vicentin en la empresa Renova) la venta del 33% de las acciones que la firma concursada aún conserva en esa compañía, por un monto de U$S 310 millones.
Según la evidencia recolectada por los fiscales, “este contrato de compra-venta fue celebrado por medio de una ‘Oferta de Compra’, suscrita por los representantes de Viterra Argentina SA, por medio de un documento fechado el 28 de abril de 2022, dirigido a Vicentín SAIC, denominado ‘Oferta de Compra de Acciones de Renova 001/2022”.
En efecto, la oferta de pago que Vicentin realizó a sus acreedores en el concurso preventivo contempla esos U$S 310 millones provenientes de la venta de acciones en Renova.
Según detalló Narvaja durante la audiencia, Viterra realizó una oferta para quedarse con la totalidad del paquete accionario de Renova y Scarel, como presidente del directorio, dio su “acepción irrevocable de la oferta de compra”.
Para los fiscales, esa transacción significó un incumplimiento de dos órdenes judiciales, dictadas por los jueces Nicolás Foppiani y Hernán Postma en septiembre y diciembre de 2020, que establecían “la prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición respecto de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación accionaria”, por un monto mayor a $50 millones.
El contador Scarel habló en la audiencia y aseguró que la compañía que dirige “no violó” la disposición judicial. “Toda la documentación puesta en la propuesta (realizada a los acreedores) era para dar más información”, dijo el directivo, para aclarar que su realización quedó supeditada a la homologación por parte el juez del concurso, Fabián Lorenzini, previo levantamiento de las cautelares que inhibían esa transacción. Es decir que no se realizó efectivamente la venta de las acciones, por lo que no se consumó el delito de desobediencia judicial.
Scarel aseguró que el paquete de acciones “no se vendió” sino que se trató de “un acuerdo de transferencias sujeto a condiciones”, que aún no se cumplieron.
El fiscal Miguel Moreno, en cambio, sostuvo que el acusado es “un gran ilusionista” que “muestras cosas que en realidad no son”, y recordó que Scarel fue imputado por falsear los balances de los ejercicios 2017 y 2018 de Vicentin para esconder de acreedores y bancos la real situación de la firma.
Su par Narvaja, en tanto, presentó un documento de más de dos mil páginas del concurso de acreedores y dijo que “lo difuso y confuso de la información y presentación fue para ocultar la venta irregular de sus acciones de Renova, algo que estaba prohibido por una resolución judicial”.
Para la defensa del directivo de Vicentin, en cambio, el proceso del concurso fue de acceso libre tanto a acreedores como a los síndicos e interventores, y ninguna de ellos denunció a la empresa o llamó la atención sobre la presunta venta de Renova.
Los fiscales solicitaron que Scarel, que fue detenido el lunes último en la sede de Vicentin de la localidad santafesina de Avellaneda, continuara en prisión preventiva efectiva al entender que puede entorpecer la investigación. Sin embargo, el juez Foppiani ordenó su libertad con caución real por U$S 500.000, informó esta noche el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Fuentes judiciales explicaron a Télam que el imputado tiene un plazo de 30 días para hacer efectiva la caución.
A fines de octubre del año pasado, Scarel fue imputado junto a otros 13 exdirectivos de Vicentin por una decena de casos de presuntas estafas que ascienden a unos U$S 500 millones. En aquél entonces Scarel ya había sido ungido presidente del directorio, pero al momento de las maniobras era el síndico de la empresa.
El fiscal Moreno sostuvo entonces que existió «un ardid» por parte de la conducción de la compañía que consistió en introducir información falsa en los balances para mostrar «una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera».
Según Moreno, Vicentin incluyó en los balances 2017 y 2018 como activos corrientes los granos comprados bajo la modalidad de «precio a fijar», pero no registró como pasivos corrientes las deudas por esos contratos aún impagos.
Por eso acusó a los 14 directivos de entonces -algunos de los cuales permanecen en la empresa- de «realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable, siendo exitoso a la hora de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores».
