El mundo entero se encuentra atónito ante la pandemia del Covid-19. Sin experiencia histórica, los países van respondiendo teniendo en cuenta sus particularidades, costumbres e idiosincrasia. Pero lo que avanza tan rápido como el coronavirus es el entendimiento de un Estado que asigne los recursos de una manera mucho más eficaz y que, para eso, recurre a medidas fiscales.

El gobierno nacional afronta una compleja situación. A la profunda crisis heredada se le suma el intempestivo Covid-19. Con recursos más escasos que lo normal, se piensa en un impuesto a la riqueza para poder financiar la protección a los más humildes y al empleo.

Si bien es cierto que nuestro país tiene un sistema tributario grande y desordenado, en donde ya hay un impuesto al patrimonio, finalmente parece que se tomará la decisión de ir, por lo menos de manera momentánea, en la urgencia, por una contribución extraordinaria de aquellas personas cuya riqueza supere un determinado umbral.

Las oleadas liberales saldrán en manada a enfrentar con retórica de escritorio la intención. Con argumentos vacíos de realidad, se olvidarán de la excepcionalidad del momento que atraviesa el mundo e intentarán desacreditar a la política.

El economista francés especializado en distribución de la renta y desigualdad económica Thomas Piketty, dice que «como no logramos regular el capitalismo, hacer pagar impuestos a los más ricos y tener una economía más justa, nos desatamos golpeando a los pobres». 

Piketty propone cobrar un impuesto global a la riqueza para poder redistribuirlo a toda la población, que eso asegura un piso de igualdad, que, a su vez, fortalece al propio capitalismo al aumentar el consumo, el ahorro y la inversión. En ese sentido, sostiene que «en Estados Unidos, entre 1930 y 1980, es decir, durante la mitad del siglo, de media, la presión fiscal fue del 82%. Aparentemente, esto no destruyó el capitalismo americano».

La excandidata a presidente y una de las dirigentes demócratas más relevantes de Estados Unidos, Elizabeth Warren, propuso «un impuesto a los ultramillonarios». Según publicó, «el resultado (de las decisiones económicas norteamericanas) es una concentración de riqueza extrema que no se ve en ninguna otra economía líder en el mundo. Los 400 estadounidenses más ricos tienen actualmente más riqueza acumulada que todas las familias afroamericanas y un cuarto de las familias latinas combinadas. Según un análisis de los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, de la Universidad de California-Berkeley, los estadounidenses más ricos, el 0,1% de la población, han casi triplicado sus riquezas de un 7% a un 20% desde finales de los ‘70 hasta 2016, mientras la porción de riqueza que comparte el otro 90%  de la población ha disminuido del 35% al 25% durante ese mismo período. Es decir, las 130,000 familias más ricas de los Estados Unidos ahora tienen casi la misma cantidad de riqueza que más de 110 millones de familias.

Warren sentencia que esto es «un pequeño impuesto sobre las grandes fortunas puede generar el dinero suficiente para reconstruir la clase media de los Estados Unidos».

Si miramos en casa, Rubén Lo Vuolo, economista especialista en estos temas, habla de que «políticas de este tenor deberían formar parte ineludible de cualquier programa de gobierno que pretenda revertir la crisis fiscal y la creciente desigualdad distributiva en Argentina».

Se percibe, relata un trabajo de la CEPAL, que en América Latina la imposición a los patrimonios es mínima en gran parte de las naciones con mayor concentración de la renta. Tal así que, en Argentina, según estudios privados, un impuesto extraordinario de este tipo podría recaudar el 1% del PBI, que en casos como los de hoy, podrían usarse para enfrentar la emergencia.

Con raras excepciones, la tributación al patrimonio es una tarea compleja desde la perspectiva administrativa, donde la determinación del impuesto involucra tareas técnicas y costosas de identificación y valuación del patrimonio. A pesar de esto, los estudios sugieren que hay un amplio margen para aumentar los ingresos fiscales provenientes de la imposición patrimonial que contribuirían a mejorar la equidad y progresividad de los sistemas tributarios. Situación que podría generar un nuevo panorama en nuestro país para avanzar hacia una Argentina más justa.

Alemania, España, Francia, Noruega o Uruguay cobran, en diferentes versiones, un impuesto sobre el patrimonio. La evidencia empírica demuestra que un impuesto al patrimonio o a la riqueza no solo se vuelve, en el caso de cobrarlo de manera correcta, un importante ingreso para las finanzas públicas de un país, sino que es el arma recomendada por los organismos internacionales para combatir la pobreza y mejorar la redistribución de la riqueza.

Todos estos datos se refieren a un mundo sin coronavirus, donde la hiperglobalización maximizaba la cantidad de servicios financieros y la especulación. Ahora, con una crisis sin precedente, el impuesto a la riqueza tomó una relevancia absoluta.

En un globo que está cambiando, la justicia social toma un papel preponderante. Los países que financian a los ángeles del liberalismo empezaron a tomar decisiones en este sentido y el impuesto a la riqueza se vuelve imprescindible para tener recursos que se destinen a cuidar a las poblaciones más vulnerables, para generar estímulos que preserven el empleo e ir hacia una Argentina un poco más justa.