En los últimos tres años, la política tarifaria de Cambiemos elevó la boleta del gas en un 2.400 por ciento, promedio. Según datos del propio Enargas, más de 87 mil hogares se desconectaron de la red de Metrogas; es decir, un 9,8% de los usuarios. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires advirtió que la mayoría de esas familias son del Gran Buenos Aires.
Walter Martello, defensor del pueblo adjunto, explicó al diario Popular que los desertores de mayor poder adquisitivo se volcaron por sistemas eléctricos, mientras que los de menor poder adquisitivo se refugiaron en las garrafas e incluso en la leña. Además, planteó: “Ante la falta de posibilidad de pago, se registran deudas y morosidades que hacen que después se interrumpa el servicio”.
Martello remarcó el sentido regresivo de los aumentos. “A igual consumo, un usuario de localidades como José C. Paz o Malvinas Argentinas paga $25,87 más por cargo variable que uno de Puerto Madero”, aseguró.
“Esto lleva a que la gente de clase media se mude a instalación eléctrica. La clase baja a garrafa y la muy baja a otro tipo de combustible, como la leña. Con este 2.400% de aumento desde 2015, hemos retrocedido mucho y hay que tener en cuenta que en seis meses se va a discutir un nuevo incremento”, alertó.
El defensor del pueblo adjunto aclaró que Metrogas es la única empresa donde se manifiesta este fenómeno de baja de usuarios. En ese sentido, colocó al difícil acceso a la tarifa social como uno de los posibles detonantes. “En general, van corriendo la línea de dificultades de la tramitación para que cada vez haya menos beneficiarios. Desde el gobierno exponen que tenés descuentos, pero la realidad es que cada vez accede menos gente”.
En ese marco, aparecen como mucho más graves las denuncias respecto de los valores de importación y exportación que terminan perjudicando a los usuarios. Por ejemplo, YPF (que posee el 70% de Metrogas) exporta a Chile a precios mucho menores que los que la misma empresa paga por importar gas no industrializado desde Bolivia (paga 7,14 dólares el millón de BTU y cobra apenas 3,86). “Es una ecuación que no cierra por ningún lado y que requiere explicaciones por parte del gobierno”, concluyó.
