«Si a alguien de una zona pobre le ponen medidor, va a terminar pagando más que Mirtha Legrand». La frase no proviene de un organismo de defensa del consumidor, sino de la empresa encargada de suministrar agua potable a Capital y Gran Buenos Aires .
El gobierno nacional, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, anunció un cambio sustancial en la composición de la tarifa del agua. La idea es dejar atrás el puchero de coeficientes que componen la tarifa actual y empezar a cobrar por consumo. La iniciativa, en principio, no es descabellada. Pero puede ser muy peligrosa para el bolsillo de los usuarios, si no se toma en cuenta una serie de recaudos y previsiones que el gobierno parece desatender por completo. Así, la recomposición se convierte en una cortina de humo que esconde un nuevo tarifazo.
Desde Recursos Hídricos dijeron a Tiempo: «Queremos un sistema de cobro más equitativo, que premie a quien consuma menos agua». El problema surge a la hora de medir ese consumo. La colocación de medidores aparece como la opción más lógica. Sin embargo, el tema es más complejo por cuestiones de infraestructura edilicia. En Capital Federal y Gran Buenos Aires (conocido como AMBA), territorio de AySA, sólo un tercio de los 300 mil usuarios comerciales tienen medidor, mientras que apenas un 12% de los 2,5 millones de usuarios residenciales cuenta con el aparato.
El principal inconveniente radica en los edificios. Hoy es técnicamente imposible colocar medidores en cada departamento, ya que el agua llega a través de distintos conductos, que son a su vez compartidos por los demás departamentos. «Una idea es colocar en el departamento un medidor con un sistema de bluetooth, que a través de un infrarrojo pueda captar la cantidad de agua que se consume. Pero el problema ahí es que los costos son muy elevados», detalló un vocero de la subsecretaría.
El anuncio del titular de la cartera, Pablo Bereciartua, puso noviembre como fecha estimada para el lanzamiento. Pero aún no tienen muchos detalles sobre cómo es la nueva composición de la tarifa, ya que se encuentra en proceso de elaboración. «Para los residenciales sin medidores, se van a establecer otras maneras de medir, como puede ser diferenciar quienes tienen pileta y quienes no; o la antigüedad del edificio, por ejemplo. Pero la idea es tener una base fija para todos y una variable que contemple también el poder adquisitivo del contribuyente», indicó el vocero, sin poder dar más detalles.
Bereciartua aseguró que ya se realizan pruebas piloto en San Juan. El diario Tiempo de San Juan publicó al respecto el 3 de octubre: «Se mandó por tres meses a los clientes de OSSE con medidor una factura piloto a la par de la factura real y así se encontraron con grandes aumentos: de $ 210 que pagaban por 30 metros cúbicos (m3) de agua al mes, la factura pasaba a más de $ 1000».
Otro de los argumentos principales para el cambio es el cuidado del consumo. «El promedio de consumo por día y por persona es de 300 litros, cuando la Organización Mundial de la Salud pone como ideal entre 150 y 200 litros por día y por persona. Está comprobado mundialmente que el consumo baja un 20% sólo por tener medidor», señalaron.
Una fuente de AySA explicó a Tiempo que una medida de esta envergadura golpearía el bolsillo de los usuarios de manera inevitable. «Hacerlo por consumo de un día para el otro sería inviable. A partir del tarifazo de abril, mucha gente pide medidores porque piensa que van a pagar menos. Pero la realidad es que terminan por pagar más. Ni hablar si tienen una pérdida interna. En las casas que son muy viejas, es muy probable que las haya. Entonces, para no pagar una barbaridad de agua, hay que hacer refacciones edilicias y la mayoría de la gente no tiene dinero para hacer eso». Sobre los medidores con bluetooth e infrarrojo para los edificios, esta fuente opinó que «ponerse a gastar plata en eso, cuando hay un 25% de la población que no tiene agua potable, es una locura. El sistema actual de medición es complejo, pero no es una pavada. No se le ocurrió a alguien de la nada; es el mismo que se usa en Inglaterra y acá desde hace 60 años».
El promedio de consumo de un hogar tipo, con medidor, es de 60 metros cúbicos. Los primeros 20 son fijos y no se cobran, mientras que a partir del litro 21 se cobra $ 15 por metro cúbico. Si se toma el consumo promedio, la tarifa pasaría a ser de unos 600 pesos. «Si se formula la tarifa equitativa por consumo, alguien de una zona pobre con medidor, va a terminar pagando más que Mirtha Legrand», graficó la misma fuente.
En el mismo sentido habló Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC): «A largo plazo es importante. Pero no así. Es un proceso que requiere de años», apuntó y describió: «Esto debe ir acompañado de modificaciones en el código de edificación, con una campaña de reparaciones internas que incluya créditos blandos para permitir a los usuarios adaptar el edificio. Si hay una pérdida interna en la cañería, lo cual es muy común, se puede generar un derroche de muchos litros por día. En la factura, esto se traduce en miles de pesos. Lo mismo para las cañerías rotas que encontramos en las calles, camino a nuestras casas; si se pierden miles de litros de agua en las cañerías urbanas, ¿por qué lo debo pagar yo?», se preguntó.
AySA reconoce que el 40% del agua potable se pierde en las cañerías urbanas. De los 500 litros diarios por persona que se producen, los usuarios consumen 300 y el resto queda en el camino. La otra rama de las pérdidas es el derroche, producto de una sociedad que nunca fue bien concientizada en materia de cuidado del consumo.
Esta polémica iniciativa se produce en medio del tarifazo de abril del 300%, que tiene varios amparos frenados en la Justicia. Uno de ellos es de la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC), cajoneado en el despacho del juez PRO-friendly Pablo Cayssials. «
