Muchas cosas cambiaron en materia económica en los últimos meses, a partir de que la administración macrista se hizo cargo del gobierno. Y gran parte de esos cambios afectaron el poder adquisitivo de la gente y su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas. Entre ellas, el acceso a los servicios de luz, agua y gas. Un informe divulgado esta semana confirma esas presunciones al precisar que el 34% de la población del área metropolitana de Buenos Aires se encuentra en situación de pobreza energética.

El impacto es mayor en los hogares del Conurbano, que no están conectados a la red de gas natural y deben abastecerse con garrafas: la pobreza energética es de 60%, si tienen agua corriente, y de 67% entre los que la extraen con bomba eléctrica. Entre los que tienen acceso al gas, las cifras son menores: 33% si no cuentan con agua y 21% si tienen los dos servicios.

«Esta es la demostración empírica de lo que ya sospechábamos: que el tarifazo impacta más en los que menos tienen. Los sectores de menor poder de consumo tienen menos acceso a servicios. A ello se suma que con el anterior gobierno había más planes para acceder a garrafas a precios accesibles», opinó Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que llevó adelante el estudio.

El concepto de pobreza energética hace foco en la proporción de sus ingresos que los usuarios deben destinar al abastecimiento de energía. Para ello se considera el dinero que perciben por su trabajo todos los miembros del grupo familiar y se le resta el valor de los gastos básicos en alimentos, para determinar cuál es el ingreso disponible. Cuando el costo de utilizar los electrodomésticos y calefactores supera el 10% de esa cifra, se considera que los habitantes de esa vivienda están bajo la línea de pobreza energética.

La idea que impulsó el estudio fue medir el efecto causado por los nuevos cuadros tarifarios de los servicios públicos: el de electricidad, vigente desde febrero; el de agua, que rige desde abril; y el de gas, que se aplica desde el 1 de octubre luego de que un primer intento fuera rechazado por la justicia. En cada caso, el incremento promedio supera el 200%, según reconocen las propias empresas prestadoras y organismos reguladores. A partir del tarifazo, «numerosas familias experimentan o experimentarán en breve grandes dificultades para hacer frente a los gastos de energía», explica el informe. «Esta nueva cara de la pobreza replica en estas latitudes las experiencias de austeridad y ajuste tarifario aplicadas en Europa durante la última década, donde se multiplicaron los casos de hogares que deben decidir entre comer o prender la calefacción», agrega.

Aunque la elaboración del trabajo corresponde al CEPA, los datos utilizados como insumos son oficiales. Para determinar el gasto familiar en alimentos se utilizó el costo de la Canasta Básica Alimentaria que elabora el Indec, mientras que los ingresos y la composición de las familias afectadas surgen de la Encuesta Permanente de Hogares del mismo organismo. Siguiendo la metodología internacional, se armó una canasta normativa con el consumo de los aparatos que utiliza una familia, promediando tres meses de verano, tres de invierno y tres de media estación.

Pobres son los pobres

El 34% de pobreza energética guarda una fuerte correlación con el 32,2% de la población bajo la línea de pobreza que calculó el Indec. «Más que como una obviedad, lo tomamos como una muestra de que el indicador es consistente», explicó Eva Sacco, la investigadora del CEPA a cargo del informe. Sin embargo, hay algunos matices: de cada 100 personas, 28 son pobres por ingresos y en términos energéticos a la vez; mientras que cuatro que entran en la consideración del Indec se esfuerzan en consumir menos energía y otros seis que no tienen problemas de ingresos usan artefactos que gastan más. De todas maneras, «ser pobre por ingresos multiplica prácticamente nueve veces la probabilidad de que un individuo tenga dificultades para acceder a la canasta energética propuesta… De ello se sigue que el tarifazo de luz y gas implica una doble vulnerabilidad en los hogares de menores ingresos», señala el estudio.

Del cruce con la Encuesta Permanente de Hogares, donde se detalla la composición de cada grupo familiar, se concluye también que la franja etaria más perjudicada son los niños y adolescentes: el 47% de los chicos entre cinco y 12 años y el 44% de los que tienen de 13 a 18 viven en hogares con esas características.

De los años 90 hasta hoy

El concepto de pobreza energética, aunque novedoso en nuestro país, comenzó a usarse en la década del ’90 en Europa, donde el rigor climático del invierno produce muchas muertes entre quienes viven en la calle o en casas sin calefacción adecuada. En España, según la Asociación de Ciencias Ambientales, un 17% de la población entra en esa calificación, aunque en las zonas rurales esa proporción se dispara hasta cerca del 26 por ciento. En Inglaterra, cuna de los primeros estudios sobre el tema, la proporción ronda el 25%, aunque en todos los casos se trata de cálculos realizados por entidades no oficiales. En esos países hay un fuerte debate sobre cómo lograr mayor eficiencia energética, usando fuentes alternativas y más baratas para calefaccionar las viviendas según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (21 grados centígrados en las áreas comunes y 18ºC en las habitaciones). Según informes de 2014, en toda la Unión Europea el problema afecta a unos 50 millones de personas.

La situación de la Argentina es mucho más grave, no sólo porque el porcentaje de hogares con pobreza energética es mayor sino porque, como dice Sacco, «ese 34% es un piso. Nosotros consideramos los ingresos disponibles descontando sólo el gasto básico alimentario que no se puede dejar de hacer, sin incluir gastos de alquiler, como hacen en otros países europeos, por ejemplo. Además, aquí gran parte de las usinas utilizan gas para generar electricidad, lo que encarece el proceso. Con las subas ya pautadas para ese fluido y con el alza continua de los alimentos, que reducen el ingreso disponible de las familias, creemos que el índice podría crecer en los próximos años.» «

Cómo se calcula el gasto

A la hora de calcular cuánto gastan las familias en energía, y siguiendo la metodología que se usa en otros países, el estudio del CEPA dejó de lado el monto de las boletas que se abonan y tomó en cuenta lo que consumen los electrodomésticos y calefactores. El objetivo es no subestimar la pobreza, ya que, de otra manera, en el índice entrarían las restricciones que se autoimponen los usuarios para gastar menos, aun en contra de su propio bienestar.

Así se consideraron los kilowatts que gastan heladeras, lámparas de bajo consumo, termotanques y lavarropas, diferenciando entre las épocas de altas y bajas temperaturas y según la cantidad de integrantes del hogar. Y también los metros cúbicos que consumen una estufa chica, un horno, una cocina y un calefón. Con esos datos y el cuadro tarifario se estimó el monto a pagar. La diferencia grande la aportan los hogares sin red de gas natural, a los que les sumaron dos garrafas por mes ($ 300) que gravitan fuerte en la cuenta final.

«Así nunca tendremos pobreza cero»

El concepto de pobreza energética, que se puso en boga en Europa en las últimas dos décadas, tiene muy pocos antecedentes de uso en nuestro país.

Aquí las estadísticas del Indec hacen hincapié en la pobreza por ingresos: se trata de calcular una canasta básica de consumo y cuál es la proporción de la población que no gana lo suficiente para satisfacerla. En su última medición, el organismo oficial la estimó en 32,2 por ciento.

Aunque el presidente Mauricio Macri lanzó la frase «pobreza cero» como uno de los objetivos de su gobierno, el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, aprovechó el nuevo ángulo de estudios para fustigar la política económica: «Con pobreza energética nunca tendremos pobreza cero. Los subsidios no deben ser dirigidos a las empresas sino que deben ser direccionados a los usuarios y consumidores, que son las personas que los necesitan.»

Durante su exposición en las audiencias por las tarifas eléctricas, el ombudsman porteño también criticó a las empresas Edenor y Edesur por haber «fracasado» en su compromiso de «realizar inversiones y prestar un servicio de calidad», y al ENRE, porque debería «controlar y regular el nivel y la prestación e inversión de las empresas, pero también fracasó».