La periodista Silvia Martínez Cassina se desempeña en la conducción del noticiero del mediodía de Canal 13 desde hace 23 años. Sin embargo, de un tiempo a esta parte ha venido sufriendo un proceso de hostigamiento de parte de la empresa que concluyó en su desplazamiento. 

El desplazamiento de Martínez Cassina no responde a criterio profesional alguno. La periodista ha venido jugando un papel destacado en la reconstrucción del tejido gremial en el canal, donde fue elegida delegada gremial del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), donde también tiene un papel destacado en su participación en la Secretaría de Mujeres y Género.

Como parte de esa actividad es que, recientemente, denunció junto con sus compañeras una política definida de parte de la empresa para invisibilizar a las periodistas mujeres no solo en su rol de conducción sino también en la imagen de los avisos mediante los cuales la emisora publicita sus noticieros.

La conductora no sólo se desempeña como delegada en defensa de sus compañeros de trabajo y participa activamente de la vida sindical del SiPreBA sino que se ha mostrado recurrentemente solidaria con otros conflictos gremiales. Sin ir más lejos, esta misma semana se pronunció públicamente en solidaridad con los trabajadores de la productora Polka, perteneciente al mismo grupo empresario que Canal 13, quienes no perciben sus salarios desde el mes de marzo.

Martínez Cassina, junto con el colectivo Periodistas Argentinas, llevó su denuncia a la Defensoría del Público de la Comunicación Audiovisual y logró la solidaridad de un amplio espectro político y sindical, empezando, claro, por el propio SiPreBA y el SATSAID, sindicato de los técnicos de la televisión, que repudiaron a la empresa por el desplazamiento de la conductora.

No es un rayo en cielo sereno 

Con todo, la denuncia de Silvia Martínez Cassina no resulta un caso aislado. La política anti sindical del Grupo Clarín/Artear tiene larga data y encontró su punto máximo en el despido de la totalidad de la comisión interna electa en el diario Clarín en el año 2000, cuando la redacción fuera rodeada por la Gendarmería para impedir el ingreso de los delegados. La desarticulación gremial solo pudo ser superada casi 15 años después. Lo mismo ocurrió con la persistente persecución de los delegados gráficos de AGR Clarín que concluyó, directamente, en el cierre de la planta en 2017.

Pero la persecución sindical en el gremio de prensa no resulta patrimonio exclusivo del grupo liderado por Héctor Magnetto. El Grupo Olmos, que regentea el diario Crónica y la señal de TV despidió en 2015 a los delegados del diario BAE (Ana Laura Torna y David Nudelman) meses después de haber adquirido ese medio al ahora extinto Grupo 23 de Sergio Szpolski. Los delegados siguen reclamando su reinstalación.

Lo mismo ocurrió con el portal Minuto1, parte del Grupo Indalo propiedad de Cristobal López cuando, en 2014, disolvió con el mismo método su organización gremial despidiendo a sus dos delegados (Brian M. y Lucas L.) y desconociendo, durante años, fallos de reinstalación de los mismos. 

Editorial Perfil, propiedad de Jorge Fontevecchia, por su parte, en 2013 llevó a su comisión interna a juicio oral en represalia por un conflicto gremial aunque la justicia terminó absolviendo a sus delegados entre ellos el entonces secretario adjunto del SiPreBA y hoy difunto Rubén Schofrin. 

Pero además, durante la cuarentena, la patronal de Perfil reactivó el llamado “fondo editorial”. Se trata de un eufemismo mediante el cual la empresa “freeza” a periodistas que, por su actividad gremial o por divergencias editoriales, pretende inducir al despido o el retiro voluntario. 

Un caso similar al de Silvia Martínez Cassina se produjo en el Grupo Octubre en los primeros días de 2019. 

Allí, la periodista Paula “Poli” Sabatés fue despedida del programa “Que vuelvan las ideas” en AM 750 luego de haber sido electa como delegada de la comisión interna del diario Pagina/12 integrante del mismo grupo. La propia patronal reconoció que su cesantía era resultado de su actividad gremial. Una actitud paradójica para un grupo liderado, precisamente, por un dirigente sindical como Víctor Santa María.

El caso de Silvia Martínez Cassina no llegó al despido pero se trata a las claras de una acción intimidatoria por su actividad sindical y su lucha por la equidad de género. Su alta exposición pública y la densidad colectiva que se ha consolidado en el gremio representan hoy un límite para la acción arbitraria de las patronales. Canal 13 y Magnetto, incluidos.