Trabajadoras de la línea 144 de atención a casos de violencia de género permanecen en sus puestos de trabajo en reclamo de reincorporación de cinco despedidas del equipo técnico y anunciaron que realizarán un paro por lo que este miércoles la línea no funcionará. Denuncian que las cesantías están relacionadas con la agremiación de las trabajadoras de esa oficina que depende de la subsecretaria de Género Agustina Ayllón y de Santiago Cantón, el Secretario de Derechos Humanos de la gobernadora María Eugenia Vidal, y que temen nuevos despidos.

Las despedidas son parte del Equipo Interdisciplinario de Seguimiento de Casos de Violencia que es parte del programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Secretaría (línea 144) creado en el año 2007 y que ofrece prevención y atención de la violencia contra las mujeres de todo el territorio bonaerense.

“El 90 por ciento de las trabajadoras de la línea 144 están precarizadas y parte del equipo técnico está siendo contratado por la ley de emergencia con contratos sumamente precarios. Hoy por la mañana fueron anoticiadas que estaban despedidas y el motivo es por la sindicalización de las compañeras”, explicó Cintia Nuncifora, delegada de ATE en Derechos Humanos.

La delegada explicó que ni Ayllón, ni Cantón, ni el jefe de Gabinete de la Secretaría, Francisco Monner Ruiz, les dio ninguna respuesta. Las trabajadoras despedidas pertenecen a la promocionada línea de atención que está integrada por cerca de un centenar de trabajadoras que, a excepción de las de planta, están en su mayoría contratadas.

Según explicó la delegada de ATE en la 144, Verónica Misseri, las operadoras del call center tienen contratos de comercio tercerizados a través de un convenio con Provincia Net, una empresa del grupo Bapro; y las otras son monotributistas contratadas por la Secretaría de Derechos humanos en el marco de la ley de emergencia provincial, con renovación cada 90 días. Las despedidas están en el segundo grupo.

Misseri explicó que con los despidos Cantón aplicó la “política de disciplinamiento” del gobierno provincial. “Las llamaron para decirles que no les iban a renovar el contrato por haber participado de las medidas de fuerza que llevamos adelante los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos”, explicó.

“Van a poner cinco personas nuevas propias o que respondan a sus intereses. Lo hacen para presionar a los trabajadores, por eso es que dicen (los funcionarios de la Secretaría) que no es un achique de personal”, detalló Misseri.