El presidente Mauricio Macri alertó qué «significaría suspender la AUH el resto del año, las pensiones por discapacidad, las jubilaciones, o suspender todas las obras que tenemos por todo el país». Se refería a la suma involucrada en la ley de tarifas que acababa de vetar de «más de $ 110 mil millones, que es una cifra incalculable» (sic).
Sin embargo, no se escandaliza del ajuste de casi el doble por $ 200 mil millones que se necesita para cerrar el acuerdo con el FMI y que está dispuesto a conceder. Todo indica, según los dichos de Macri, que gran parte de ese ajuste pasará por la cuestión social: en esta columna mencioné que el recorte vendría por estos ítems. Por ejemplo, Marcelo Bonelli (Clarín, 16/1/18) además de ratificar el importe citado, sostiene que el acuerdo «también prevé medidas antipáticas, como eliminar regímenes jubilatorios especiales y ciertos derechos laborales adquiridos en el Estado, podar todo personal contratado y el traslado a las provincias de muchos gastos, entre ellos el Fondo Docente», así como la desaceleración de la obra pública, y «una polémica medida para la industria: una absoluta flexibilidad para facilitar las importaciones, con la idea de controlar precios».
Si la ley de tarifas significaba unos $ 110 mil millones en el año, parece que los aumentos tarifarios cubren más que la reducción de subsidios: durante 2017 los subsidios se redujeron en $ 65.500 millones. Estos números permiten, al menos, dos comparaciones.
Comparación 1: Las tarifas aumentaron, y lo seguirán haciendo, en mayor cuantía que la reducción de los subsidios, con el objetivo de incrementar la ganancia empresaria de las prestadoras. Una nota de El Cronista (31/5/18) señala que «el sector energético parece no haber sufrido por el ruido político que generó el debate por la Ley de Tarifas». Y agrega, yendo un poco más atrás en el tiempo: «Ya consumado el cambio de mando en el Poder Ejecutivo y con el anuncio del esquema de recomposición tarifaria, las acciones energéticas siguieron ganando». En la nota se informa que varias acciones de energéticas cerraron 2017 con grandes alzas, como TGN (446%), Metrogas (+261%), Transener (+211%), y TGS (+182%), entre otras.
Es a todas luces evidente que una parte importante de los aumentos de tarifas que sufre la población se dedica a la recomposición de las ganancias de las energéticas. La ecuación es clara, como las opciones de una perinola: a los usuarios les tocó el «todos ponen» y a las empresas energéticas el «toma todo».
Comparación 2: en 2017 los pagos por intereses de la deuda pública se incrementaron en $ 93.600 millones, mucho más de lo que se ahorró con la reducción de subsidios atada a un fortísimo aumento de tarifas. En el primer cuatrimestre de 2018, los intereses aumentaron $ 34 mil millones. Pero además, según un estudio privado, la depreciación de la moneda significaría un aumento adicional de intereses en todo el año de $ 30 mil millones. ¿El presidente no se inquieta por tales aumentos? Parece que no.
Estos pagos de intereses, ¿no desequilibran el presupuesto? Sí, pero el gobierno se centra en el déficit primario, que excluye estos pagos, y de esa forma, trata de invisibilizarlos.
En el escrito en el cual se esgrimen las razones del veto a la ley de tarifas, el Ejecutivo informa que el eventual costo de $ 115 mil millones (una pequeña diferencia con el citado por Macri) «equivale a, por ejemplo, 77 mil viviendas sociales, más de dos años del Programa de Asignación Universal por Hijo que hoy cubre a casi 4 millones de beneficiarios, 2875 escuelas, 575 hospitales, o todo el gasto nacional en universidades». Imaginémonos todo lo que se pierde con los pagos por intereses de la deuda, o con el ajuste de $ 200 mil millones que planea ejecutar el gobierno.
Un ajuste pequeño pero costoso. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció el viernes un plan para ahorrar $ 20 mil millones, el 10% de lo prometido al Fondo. No obstante, la mayor parte de las medidas afectan a los trabajadores públicos y a los de las empresas estatales. No habrá ingresos de personal al Estado por 24 meses (un período que supera la duración del actual gobierno), se «analizarán» bonificaciones y premios, modificaciones de estructuras (¿de personal?) de organismos descentralizados y desconcentrados. Las empresas públicas deberán informar la planificación de su gasto en personal en 2019, cuando, al mismo tiempo, se reducirán un 15% los fondos destinados a estas. Exceptuando algunas medidas efectistas como las relativas a la flota de automotores, todo recae sobre el personal.
Otra cuestión principal es que se dejan sin efecto los convenios por Asistencias Técnicas con la Universidades a partir del 31 diciembre. Llamativamente, este recorte se produce apenas unos días después de que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sostuviera que «durante años hemos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina de hoy llega a la universidad». Un desplante a la tan mentada igualdad de oportunidades, y un desdén sobre las dificultades que genera la pobreza.
También podemos encontrar en una exposición del entonces candidato Mauricio Macri, el 30 de octubre de 2015, referencias al tema universitario. El hoy presidente se preguntó: «¿Qué es esto de universidades por todos lados?». Y se contestó: «Obviamente muchos más cargos para nombrar». Ese es el enfoque que siempre ha tenido el PRO sobre las universidades populares, cuando la experiencia del 2003 al 2012 indica que una gran proporción de quienes cursan en estas universidades (el 70% según algunos estudios) son la primera generación universitaria en la familia, lo que da una gran idea de la inclusión que se promueve. Pero el ajuste y el criterio ideológico mandan.
Cuenta compensatoria. El Poder Ejecutivo Nacional ha realizado un acuerdo «secreto» con YPF, Pan American Energy (PAE) y Shell, con el propósito de estabilizar los precios de la economía. El acuerdo, según trascendió, sostiene que durante los meses de mayo y junio las empresas mantendrán congelados los precios de los combustibles. Durante ese período, se creará una cuenta compensatoria que incorporará los fondos equivalentes al retraso acumulado al presente (12%), más los ajustes resultantes de eventuales variaciones adicionales de costos (petróleo crudo, tipo de cambio y precio de biocombustibles) no trasladados a precios, en los meses de mayo y junio.
Esto significa mayores subsidios a las empresas energéticas, pero que serán rápidamente recuperados: a partir del 1 de julio, las empresas incorporarán a los precios de los combustibles, en seis cuotas, el saldo resultante de la cuenta compensatoria, más todos los aumentos que por incremento de costos correspondiera. De esta forma, esos subsidios de mayo y junio los pagarán, obviamente, los consumidores.
El resultado es claro: ningún beneficio para los usuarios de servicios públicos respecto a los fuertes incrementos de tarifas que deberán enfrentar (más los costos de los aumentos de combustibles, ítem desregulado en 2017), y todos los beneficios para las empresas de combustibles, de forma que no pierdan ni un centavo. Ese es el modelo que nos promete Macri, y que se utilizará para aplicar el ajustazo que, seguramente, pedirá el FMI. «
