Entre los testigos que declararon durante la tercera audiencia del juicio que se les sigue a los delegados de la Editorial Perfil estuvo el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Fernando “Tato” Dondero. 

La acusación desenvuelta de oficio por la fiscalía es por violación del artículo 161 del Código Penal que resguarda la violación de la libertad de prensa. Las penas conllevan de uno a seis meses de prisión. 

La denuncia realizada por la empresa fue en respuesta a una medida de acción resuelta por los trabajadores y su comisión interna en rechazo a una serie de despidos que realizara la patronal el mismo día de la elección gremial y que incluyó a miembros de la junta electoral. La justicia laboral había dictaminado la ilegalidad de las cesantías y, por ese motivo, determinó la reincorporación de los trabajadores.

En su declaración ante el juez, Walter Candela, Dondero explicó que “con una condena la patronal podría iniciar el desafuero. Sería gravísimo porque abriría la puerta a todas las empresas para determinar que cualquier delegado termine con la misma situación.”.

El dirigente del sindicato y delegado del diario Página/12 recordó: “En mis 30 años de actividad gremial en prensa no recuerdo un caso de intento de desafuero contra delegados”. Aunque sí recordó como en Perfil, el caso de “despidos a delegados o miembros de la junta electoral como en Clarín en 2000 o el más reciente del diario BAE” en poder del grupo Crónica de los hermanos Olmos. 

Además, en su testimonio destacó: “La Editorial Perfil tiene una tradición de persecución. Ya ha intentado desconocer el estatuto del periodista, incumpliéndolo y hasta con presentaciones judiciales que no prosperaron”.

Por último, Dondero puso de relieve lo absurdo de la causa toda vez que “la función de los delegados es ponerse al frente de los reclamos.”.

En la jornada de hoy declararon también otros miembros de las fuerzas de seguridad que ratificaron que la noche de la protesta en la puerta de la planta impresora de Barracas se abstuvieron de intervenir porque consideraron que “no había delito sino un conflicto gremial”.

El juez anunció que el jueves se realizarán los alegatos finales de las partes y podría conocerse la sentencia.