El legislador porteño del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, presentó hoy un proyecto de resolución en el que dispone “la citación al recinto de sesiones de la Legislatura porteña al Secretario de Transporte Juán José Méndez, al presidente de SBASE Edgardo Campelo y al Subsecretario de Trabajo Ezequiel Jarvis según lo que indica el art. 83 inciso 1 de la Constitución de CABA, para responder sobre la muerte del trabajador del taller Colonia de la línea H del subterráneo de Buenos Aires”.

El proyecto fue presentado esta mañana y la intención del bloque es que, por la gravedad del hecho, sea tratado “sobre tablas” a pesar de la intensa agenda legislativa del día de la fecha.

El legislador aseguró a este diario que además exigirán “la caducidad de la concesionaria del subterráneo de Buenos Aires, Metrovías”. Denunció que “la empresa se niega a cumplir con el protocolo de seguridad e higiene que han propuesto los delegados, y las autoridades miran para otro lado”.

El diputado porteño reveló que, precisamente en el día de ayer, se realizó una reunión en la secretaría de Trabajo donde la empresa ratificó su actitud negligente al negarse a acceder a los reclamos de seguridad reclamados por la parte sindical. En el acta oficial de la reunión, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, Metrovías a través de su gerente de recursos humanos Marcelo Graziano afirmó que “cumple la totalidad de las normas relativas a la seguridad e higiene que le son aplicables.”

Según pudo comprobar este diario, el delegado de los talleres San José de la línea C, Cristian Paletti, advirtió en esa audiencia del día martes que “ahora mismo se puede producir una muerte en cualquiera de los talleres”.

En diálogo con este diario Paletti recordó que “en los últimos 5 años murieron 5 trabajadores en condiciones similares. Hace años que estamos reclamando la aprobación de un protocolo de seguridad que elaboramos los trabajadores y que, de aplicarse, hubiera podido evitar la muerte de Matías. Ante nuestra insistencia la secretaría de Trabajo realizó una inspección en el último mes sobre los 39 talleres y elaboró un informe de 53 fojas describiendo la precariedad de las condiciones en las que trabajamos. Kruger estaba sólo cuando se produjo el hecho, eso no puede ocurrir”.

Además, el delegado explicó que, “ahora la empresa condiciona la firma del protocolo a que levantemos la medida de fuerza. Pero es una extorsión. Los trabajadores, con razón, se niegan a tomar tareas sin que se cumplan esas condiciones mínimas de seguridad”. Por último, el delegado manifestó que “hay una grave crisis inerna en la empresa, en el último período renunciaron varios gerentes. No descartamos que se dé de baja la concesión”, vaticinó.