La causa de los peajes se ha transformado en la mayor impugnación judicial, al menos por ahora, de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. Sus ex ministros Javier Iguacel, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne y el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, están procesados; es decir, para el recientemente jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral hay suficientes elementos como para considerarlos responsables de los delitos que se les imputaron.
Concretamente, los cuatro «fueron parte de la ejecución de un complejo engranaje de maniobras diferentes, pero todas ellas destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios», según explicó Canicoba Corral en el expediente en el que procesó a Dietrich. De acuerdo con esta mirada, cada uno de los ex funcionarios cumplió un papel en la trama que derivó en la firma de nuevos contratos de concesión de los peajes de las autopistas Panamericana (a cargo de Autopistas del Sol o Ausol) y del Oeste (gestionada por Grupo Concesionario del Oeste o GCO), las dos con mayor circulación del país. En ambas, el accionista principal es la constructora española Abertis.
Iguacel impulsó el proceso que derivó en la firma de los contratos; Saravia Frías aprobó lo hecho por Iguacel; Dujovne se abstuvo de intervenir; y Dietrich –jefe de Iguacel– firmó los contratos.
A todo esto, mientras se negociaban estos acuerdos, el entonces presidente Mauricio Macri era socio minoritario en Ausol. La magnitud del problema se mide en pesos contantes y sonantes: cuando asumió Macri, la acciones que detentaba su familia por el 7% del capital de Ausol valían poco más de $ 100 millones; cuando las vendió, con las negociaciones encaminadas, un año antes de que su gobierno firmara el nuevo contrato de concesión, embolsó $ 550 millones de pesos.
El negocio
Abertis llegó al final del mandato de Cristina Fernández con Ausol y CGO recibiendo subsidios estatales entre acusaciones cruzadas con el gobierno por promesas incumplidas. Ya con Macri a punto de tomar la presidencia, la empresa se presentó ante el Ciadi, el árbitro del Banco Mundial para litigios entre privados y Estados, con una demanda contra la Argentina por U$S 1200 millones por os perjuicios que le habrían provocado las demoras en la renegociación de los contratos tras el derrumbe de 2002 y la Ley de Emergencia y el retraso tarifario.
Con todo, cabe recordar que tanto Ausol como CGO recibieron varias actualizaciones tarifarias en los 14 años transcurridos desde el fin de la convertibilidad. Por caso, sólo en 2009 la tarifa de Ausol subió un 154 por ciento.
La presentación ante el Ciadi fue clave en el desarrollo de la trama. Según Canicoba Corral, los procesados la usaron como excusa para avanzar en el camino de la renegociación de la concesión. El ex magistrado indicó que el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), que funcionaba en la órbita de Vialidad Nacional (DNV), dio el puntapié inicial en julio de 2016 al emitir la Resolución 886 por la que invitó a Ausol y a GCO «a continuar con las tratativas reiniciadas a comienzos del 2016 con el objeto de concluir» la renegociación de la concesión por medio de la firma de un nuevo contrato. Vialidad, en aquel entonces a cargo de Iguacel, le dio la cobertura formal a esta decisión. «Así fue que el órgano de control, alegando la supuesta urgencia que estos reclamos implicaban, retomó las tratativas para la renegociación del contrato, poniendo un plazo máximo para cerrar el Acuerdo. A esta altura, Mauricio Macri ya era presidente de la Nación», agregó Canicoba Corral.
Vialidad fue el motor de las negociaciones con Abertis. Para ello, Iguacel creó una nueva dependencia a cargo de los casos en arbitraje en el Ciadi en la que ubicó a personas de su confianza, algunos provenientes de las empresas que tenían las concesiones viales y otros de uno de los estudios de abogados que los representaban, según el testimonio de Julieta Ripoli, una ex jefa de legales de Vialidad. Allí se cocinó el nuevo contrato que aceptaba el planteo de Abertis de que tenía 500 millones de dólares en obras no reconocidas, cuyo resarcimiento se haría por medio de una extensión de los contratos de concesión, además de que se le perdonaban las multas y se aceptaban reclamos como la eliminación del derecho del usuario a no pagar el peaje si había demoras de tránsito en las autopistas.
La excusa de la presión de la demanda en el Ciadi estuvo a punto de caerse cuando el primer Procurador del Tesoro del gobierno de Cambiemos, Carlos Balbín, la impugnó con éxito ante ese tribunal. A fines de abril de 2017, presionado desde el gobierno por este accionar, Balbín renunció y fue reemplazado por Saravia Frías. Balbín señaló dos cosas: que Abertis incluyó en su reclamo cuestiones que ya habían sido saldadas en una negociación en 2006 y que no presentó la demanda ante la justicia argentina y mantenido la causa durante 18 meses, un requisito ineludible para el Ciadi.
Sin documentación técnica de fondo que justificara el reconocimiento de las obras por U$S 500 millones que reclamaba Abertis, los expedientes de Ausol y CGO avanzaron. En ese sentido, fue clave que el Ministerio de Hacienda, a cargo de Dujovne, se excusara de emitir opinión a pesar de que las normativas sobre la renegociación de las concesiones viales obligaba a ello.
Con el camino así allanado, el ministro de Transporte, Dietrich, firmó los nuevos contratos en junio de 2018. Se trataba, de hecho, de una nueva concesión, con nuevas reglas y nuevos parámetros económicos, pero realizada sin licitación. Una contratación directa. «Así, los funcionarios intervinientes habrían participado, sabiendo y conociendo, o sin realizar objeciones, de los espurios procesos de renegociaciones contractuales, en concordancia con los integrantes del Directorio de los grupos accionarios mencionados (…) así como direccionaban los aberrantes extremos en los cuales se aprobar las renegociaciones de los contratos de AUSOL y GCO en condiciones favorables a los intereses empresariales», concluyó Canicoba Corral.
