El crecimiento vertiginoso de las entidades financieras digitales ha generado un problema regulatorio que el Banco Central trató de saldar en su primera reunión de directorio del último jueves. Al presentarse como Proveedores de Servicios de Pagos, estas entidades eluden las obligaciones que según la ley le competen a las instituciones financieras.
La disputa con las llamadas Fintech logró aunar esfuerzos entre las cámaras de bancos (ADEBA y ABA) y el sindicato liderado por Sergio Palazzo, cuyos cruces mediáticos con el titular de Mercado Libre, Mario Galperin, ocuparon parte del escenario político el año pasado.
Tanto los banqueros como la Asociación Bancaria ven en el desarrollo de las Fintech una forma de competencia desleal que condiciona las ganancias de los primeros y, para el sindicato, debilita la defensa de los convenios laborales. Se estima que esas empresas emplean a cerca de 10 mil trabajadores que, en su inmensa mayoría, revisten por fuera del convenio que rige la actividad bancaria y que, sin embargo, operan y comercializan servicios bancarios y financieros.
Trascendidos que habían dejado correr funcionarios del Banco Central adelantaban que en su primera reunión, el directorio avanzaría en una regulación con el propósito de igualar las condiciones entre las Fintech y los bancos tradicionales. Se esperaban dos grandes medidas que apuntaban, por un lado, a gravar las transferencias de esas entidades que operan con cuenta virtual uniforme (CVU), obligándolas a transitar sus fondos a través de una cuenta corriente de un banco tradicional (CBU) y, de esa manera, alcanzarlas con el impuesto al cheque y, por otro lado, a obligar a las Fintech a depositar los fondos provenientes de pagos por transacciones comerciales o billeteras virtuales en cuentas corrientes de bancos tradicionales con el propósito de impedir que esas entidades hagan uso de los fondos de sus clientes, sin su autorización, para financiar préstamos, depósitos en plazos fijo o hasta inversiones en fondos comunes, entre otras operaciones.
La Comunicación A 6859, finalmente, dio respuesta al segundo de los problemas al señalar que «el 100% de los fondos de los clientes deberá encontrarse depositado –en todo momento– en cuentas a la vista en pesos en entidades financieras del país», pero dejó para la Afip el problema de la elusión del impuesto al cheque de las transacciones vía CVU de personas jurídicas.
Esa salida es la que sugirió Juan Pablo Bruzzo, titular de la cámara que en la Argentina agrupa 223 Fintech cuando días antes, con relación a las posibles medidas sobre las transferencias por CVU, declaró al diario La Nación que «prohibirlas no es el camino: en todo caso, que la Afip extienda el impuesto a estas transferencias si la idea es igualarlas».
En rigor, el planteo de fondo en el que coinciden las cámaras bancarias tradicionales y el propio sindicato es que estas compañías deben ser encuadradas como empresas de intermediación financiera y que, de esa forma, queden regidas por la Ley de Entidades Financieras.
Así lo ratificaron mediante un comunicado dirigido al presidente del BCRA, Miguel Pesce, en el que la Asociación Bancaria recuerda que, según la carta orgánica del BCRA, es el directorio quien puede extender «la aplicación de la Ley de Entidades Financieras a personas no comprendidas en ella cuando así lo aconsejen el volumen de sus operaciones o razones de política monetaria, cambiaria o crediticia».
De allí la exigencia de cumplir con diversas obligaciones que van desde la remisión de balances y estados contables, capitales mínimos que garanticen solvencia para cumplir con sus obligaciones así como acatar normativas ligadas a la lucha contra el lavado de activos.
Para La Bancaria, además, de ese estatus resulta «obvio que los trabajadores de plataformas digitales son trabajadores bancarios resultándoles la aplicación del CCT 18/75» para el cumplimiento del cual, advierten, «accionaremos para que los intereses profesionales de los mismos no sean lesionados». Con todo, y luego de conocida la comunicación de limitado alcance, dirigentes de la entidad gremial señalaron a Tiempo que «consideramos que va en el sentido correcto». «
