Podría decirse que al gobierno no le alcanza con dos ojos para mirar los temas candentes que se le cruzan por delante. En particular, los salarios, los precios y la inflación son tres cuestiones urticantes que demandan la respuesta del gabinete económico, que se reúne este miércoles en la Casa Rosada.

En ese grupo, que integra a varios ministros bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se debate la estrategia para la pospandemia. En particular, para que la puja distributiva entre empresarios y trabajadores no impacte en los índices de precios, una de las grandes preocupaciones del Ejecutivo.

Tras ese encuentro, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, adelantó que la semana que viene convocarán tanto a los trabajadores como a los empresarios para «Queremos compartirles nuestra metodología de trabajo», dijo la funcionaria. 

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó algunos lineamientos en una entrevista con El Destape Radio. Allí sostuvo que el objetivo es lograr un acuerdo económico y social que permita “paritarias libres, pero con instancias de coordinación”. Y explicó la idea: “Tenemos que conseguir que en la Argentina los salarios suban sin hacer una espiral en la que los empresarios trasladen esos aumentos salariales a precios. Hay que coordinar eso”.

La idea del gran acuerdo intersectorial no es nueva en el peronismo. Ya en 1973, el entonces ministro de Economía, José Ber Gelbard, convocó a un pacto social que permitió reducir la inflación y mejorar ligeramente el poder adquisitivo de los trabajadores. Los avatares políticos tras la muerte de Juan Domingo Perón mandaron la iniciativa a vía muerta.

Al asumir como presidente, en diciembre de 2019, Alberto Fernández coqueteó con reeditar la idea y con que el ex ministro Roberto Lavagna, devenido en candidato opositor, condujera el proceso. Pero la reticencia de Lavagna, más el inicio de la pandemia, postergaron su puesta en marcha.

Claro que la coordinación que pide Kulfas dependerá de la posición que asuman las partes. La Confederación General del Trabajo, por ejemplo, ya anticipó que rechazará cualquier intento de limitar las negociaciones salariales.

«Cualquier política anti-inflacionaria, la CGT la va a discutir. Dejamos claro que la libertad de discutir paritarias es propia de las organizaciones sindicales. No queremos ir a ninguna discusión que tenga por delante el anclar el salario como política económica», apuntó Héctor Daer, uno de los líderes de la central obrera, tras la reunión de la mesa chica de la entidad, que tuvo lugar el martes en la sede de FATSA.

“La idea es recuperar entre el 2 y el 4 por ciento por arriba de la inflación como pauta anual”, amplió Daer. Los dirigentes cegetistas esperan que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, los reciba para iniciar cuanto antes ese proceso.

Tal objetivo es aceptable para Kulfas. «Nosotros queremos que el empleo crezca y necesitamos que los salarios vayan creciendo por encima de la inflación», sostuvo el ministro. Está claro que sin una mejora real en los ingresos de los trabajadores, la reactivación de la demanda privada, y por ende de la economía en su conjunto, será difícil de lograr.

Los empresarios, por su parte, quieren discutir de números pero también de otras cuestiones que impactan en la cuestión laboral, como la prohibición de despidos o la doble indemnización (vaya paradoja legal: ¿qué indemnización se va a pagar si no se puede despedir a nadie?). “Hay que dar por concluido ese proceso que desalienta la formalidad y la contratación”, reclamó hace unos días Daniel Funes de Rioja, titular de COPAL, la cámara alimenticia, y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. “La duplicación de las indemnizaciones se decidió hace 13 meses; era una medida excepcional y se convirtió en permanente”, ejemplificó.

Una de las opiniones con más peso en el gabinete económico es la de Martín Guzmán. El ministro de Economía se puso como meta cumplir el 29% de inflación anual pautado en el presupuesto. La cifra se lleva bastante bien con la reducción de cinco o seis puntos por año ”para tranquilizar la economía”, como Guzmán suele decir (en 2020 fue de 36,1%).

Los rumores indican que el titular de Hacienda alentaría acuerdos salariales de corto plazo, de no más de seis meses, para que en las sucesivas renovaciones se pueda incorporar la expectativa de una menor inflación, si es que la reducción efectivamente se concreta. Claro que esto llevaría a un estado de negociación casi permanente, con las tensiones que eso implicaría. Todo ese menú de posibilidades está a la consideración del gabinete económico.