Los dueños de los colectivos y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, se trabaron en una discusión millonaria cuya resolución, aunque algo lejana, se deja ver en el horizonte como una nueva promesa de golpe al bolsillo de los trabajadores y la clase media.
El objeto de la pelea son los subsidios que las empresas reclaman para cumplir con el servicio y que el gobierno macrista quiere someter a su política de tijera sin cuartel para ahorrarse $ 8000 millones.

El gremio de la UTA mantiene la cautela aunque, en coincidencia con las fuentes privadas, alerta que el retiro de los compensatorios afectará directamente a los pasajeros.

Después de varias instancias menores, las empresas llegaron el jueves al despacho de Dietrich. En una reunión le reclamaron $ 60 mil millones para mantener el sistema de transporte público en las condiciones actuales. El representante del gobierno escuchó el pedido pero tiró el ancla en un techo de 52 mil millones pesos y la negociación estalló.

Un día antes, al tanto de la posición del oficialismo sobre los subsidios, los más altos dirigentes del sector a nivel nacional se reunieron en la sede de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) donde analizaron la actualidad del sector y consensuaron una línea táctica para llevar al día siguiente a la reunión con el titular de Transporte.

Un alto referente que participó de esa mesa y de la negociación con el ministro aseguró que los subsidios “no alcanzan” para paliar una situación que definen como “crítica”. El año pasado, agregó, “bajamos la rentabilidad y aguantamos pero este año el panorama es más complejo”.

Esta nueva remarcación tarifaria impactará de lleno en el poder adquisitivo de los trabajadores y los sectores medios de la población tras los duros reveses de 2016 y al calor de los aumentos que ya fueron confirmados para este año en todos los servicios incluyendo los peajes (ver aparte).
Sin embargo, el aumento de los colectivos puede empeorar: si la negociación hubiese terminado el jueves el mínimo pasaría a costar $ 11 desde abril, pero las empresas insisten con que no pueden cubrir los costos y amenazan con un plan de medidas que empezaría con la “racionalización” de los servicios y podría incluir “medidas más drásticas”, según un testimonio que recogió el diario Crónica el viernes, donde quedó flotando la posibilidad de un nuevo tarifazo, un lockout patronal e incluso el fantasma de los despidos.
El gremio de la UTA sigue de cerca la negociación pero hasta ahora mantiene una posición de cautela. El dirigente Mario Calegari se limitó a advertir las consecuencias de la reducción de los subsidios y apuntó contra el gobierno: “el subsidio es para no aumentar el pasaje, es para el pasajero. Si lo retiran van a perjudicar a la gente que viaja todos los días”, señaló.

La información de las empresas no carece de contradicciones. Del contacto con dos fuentes empresarias se desprendió que el boleto podría aumentar aún en el hipotético caso de que el gobierno conceda el monto que piden las firmas. Uno de los dirigentes consultados aseguró que si llegan los $60 mil millones no habrá aumento del boleto. Otro referente aseguró que “pase lo que pase con los subsidios el boleto va a subir por que es una decisión política del gobierno. Dietrich ya garantizó que la suba está en camino aunque el monto de la tarifa sigue en discusión. Todavía estamos muy lejos del acuerdo porque hay una diferencia de más del 15%”, concluyó . «

Sin tregua a la vista para los tarifazos

Aun cuando ratifica sus expectativas de una inflación cercana al 18%, el gobierno sigue adelante con los aumentos tarifarios que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió el martes como “necesarios para que lleguen las inversiones”.
El viernes informó que el costo del agua corriente subirá otro 22% en marzo próximo a la par de una quita de subsidios que alcanzará a 1,5 millón de hogares. En estos últimos, el aumento tendrá un impacto superior al 60%.

El mismo día comenzó a regir un incremento de los peajes de los accesos Norte y Oeste de hasta el 66 por ciento. Además se dispuso ordenamientos de cuatro franjas horarias de lunes a viernes y tres los fines de semana que el gobierno defendió como método “para desalentar el uso del auto”
El jueves la administración nacional convocó a una audiencia pública el 10 de marzo para discutir el cuadro de valores del gas que empezará a regir el 1 de abril de este año.