Para el fiscal rosarino Miguel Moreno ya está probado que Vicentin estafó a sus acreedores. Ese delito puede conducir a una acusación más grave aun, que incluya otros, como falsificación de balances, asociación ilícita o administración fraudulenta. Determinar la imputación final y deslindar las responsabilidades individuales son las tareas que vendrán en lo inmediato, tras una semana que arrancó con varios allanamientos e incluyó inéditas medidas cautelares, como el congelamiento de cuentas bancarias y la interdicción de cajas de seguridad para directores y exdirectores de la compañía.

Moreno, jefe de la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sigue la pista de una denuncia que motorizaron los bancos extranjeros, el Macro y acreedores locales de peso. Todos aseguran haber sido estafados en la etapa previa a la cesación de pagos de la agroexportadora, por un monto cercano a los U$S 600 millones. La estrategia judicial fue coordinada por el estudio porteño Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, cuyos socios cerraron una alianza estratégica con sus pares del estudio rosarino Casanova, Mattos & Salvatierra -con fuertes intereses en la actividad económica regional-. Tras analizar la frondosa documentación que aportó la querella, el fiscal dice tener probado que la empresa falseó su información patrimonial, al no exponer en su pasivo las deudas contraídas por la compra de granos bajo la modalidad «a fijar precio» (el vendedor del cereal se reserva la facultad de elegir la fecha de cobro).

«Nosotros tenemos como cuasi acreditada la tipificación penal. Tenemos el convencimiento de que hubo hechos ilícitos. Lo que ahora tratamos de determinar son las responsabilidades individuales», dijo Moreno.

Respecto de los allanamientos de esta semana, indicó, la magnitud de la información recabada es «inmensa», por lo que dijo que le llevará «un tiempo importante» proceder a su relevamiento. El operativo requirió de la infraestructura de las distintas unidades provinciales de la Agencia de Investigación Criminal para poder guardar más de 24 terabytes de datos y 100 cajas que se resguardan en Rosario.

Los responsables

El abanico de sospechosos alcanza tanto a directores, exdirectores, síndicos y hasta representantes legales que hayan celebrado en nombre de Vicentin contratos con los acreedores damnificados. La lista incluye personajes de peso, como Gustavo Nardelli, Alberto Padoán, Maximo Padoán, Roberto Gazze, Alberto Macua y Omar Scarel (actual presidente del directorio e histórico contador de la compañía). «Siendo una sociedad la que comete la estafa, tenemos que ver cómo se conformó la decisión social para cometerla», aclaró Moreno. Otros tres fiscales federales investigan a Vicentin por otros delitos.

Fueron dos los métodos para ejecutar la estafa, según la información que se resguarda en el Centro de Justicia Penal de Rosario. En el caso de los bancos, la firma habría falseado su información, lo que le permitía ostentar un ratio de liquidez que en nada hacía prever la cesación de pagos. En un informe presentado el 31 de julio de 2019 -cuatro meses antes de la declaración de default-, aseguraba contar con activos corrientes que superaban en un 80% sus pasivos corrientes. Con los acreedores comerciales (productores, acopios y corredores) la mecánica fue distinta: no fue la mentira sino la omisión lo que acreditaría la estafa. Hay mensajes de WhatsApp entre ejecutivos de rango y clientes en las jornadas anteriores al anuncio de «estrés financiero», donde se les indicaba seguir entregando granos, como si no hubiera riesgo alguno de incobrabilidad.

Qué dice la empresa

Por el lado de la agroexportadora, ante cada movimiento en contra de sus intereses, la respuesta viene siendo más o menos la misma: que se trata de procedimientos «absolutamente injustificados, extemporáneos y arbitrarios», que «no existen razones ni fundamentos jurídicos» o que los acreedores incurren en «campañas de prensa» que en nada colaboran a la resolución de su crisis. Palabras más, palabras menos, la compañía aprovecha cada ocasión para mostrarse como víctima y siempre finaliza asegurando tener total predisposición para encontrar una solución. Los hechos parecen empecinados en demostrar lo contrario: cuando el pasado lunes los funcionarios judiciales intentaron ingresar a la sede central de Vicentin en Avellaneda, el personal comunicó que tenían orden de no colaborar. «

Estaba en el radar de Jorge Brito

Antes de protagonizar el accidente que le quitó la vida, el banquero Jorge Brito le recomendó a uno de los abogados del banco Macro cuál debía ser la estrategia para recuperar los $ 650 millones que Vicentin le dejó debiendo. Así lo reveló Juan Pedro Rodenas, quien en su carácter de asesor legal participó esta semana de una audiencia técnica pedida por la defensa, que pretendía llevar la causa penal a Reconquista.

«Pedimos que no se sigan dilatando las investigaciones con estos planteos», dijo Rodenas, que confesó que Brito le encomendó presentar la denuncia en Rosario. El juez Hernán Postma convalidó la postura de la querella y la fiscalía.