Casi 500 mil pequeñas y medianas empresas, que contienen a más de siete millones de trabajadores, constituyen el sector más golpeado por las políticas económicas del gobierno. La apertura importadora, el encarecimiento y prácticamente desaparición de la financiación, la liberación del dólar y la debacle del mercado interno (producto de la caída de más de 10 puntos porcentuales en el poder adquisitivo de los salarios, sumado a los más de 200 mil despidos) dejaron a las pymes en situación de gran vulnerabilidad. El 500% de aumento en el gas (y su inminente reproducción en la tarifa de la luz) termina de completar el panorama crítico del sector, que se verá reflejado en la caída de la producción y en la suba del desempleo. En este último punto, los trabajadores informales son los más expuestos. La resolución de la Corte es el golpe de nocaut para las pymes, graficó a Tiempo el presidente de la Central de Entidades Empresarias (CEEN), Francisco dos Reis.
Según la consultora liberal Abeceb, en el país hay 520 mil empresas, de las cuales el 96% son pymes que representan el 45% del empleo (sobre datos oficiales que establecen que en el país hay 16 millones de ocupados), con una informalidad del 35% (5,6 millones). Según INDECOM, el sector de las pymes nuclea al 90% del trabajo informal. Según el Enargas, el aumento del 500% alcanza a casi 400 mil usuarios, que consumen el 7% de la producción de gas.
Si bien el aumento golpea a todo este universo, los sectores más afectados son aquellos que tienen al gas como uno de los principales insumos: la industria textil (representa el 10% del empleo industrial), la metalúrgica (20% del empleo industrial), la vidriera, la gastronómica, la papelera, la cerámica y las usinas termoeléctricas, entre las principales.
Por ejemplo, si se toman como referencia los valores anteriores a los aumentos, de aplicarse el aumento máximo dispuesto por el Ministerio de Energía, la boleta de la metalúrgica Renacer (Tierra del Fuego) pasaría de $ 3400 a $ 20.400; la de la textil Pigüé (Buenos Aires), de $ 29.200 a $ 175.200; la de la vidriera Vitrofin (Santa Fe), de $ 44 mil a $ 264 mil. Un aumento así te desequilibra por completo la estructura de costos, advirtió Vicente Lourenzo, secretario general de CAME. Las empresas dependientes del insumo energético son las que en el rubro de gas o electricidad gastan más del 5% de su estructura de costo. En algunas, llega hasta el 50 por ciento. Si además, le agregamos la calidad retroactiva del aumento, puede generar un problema casi de cierre, de suspensión de suministro y de despidos, agregó el directivo de esa cámara.
Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria (CGERA), se mostró incrédulo con el fallo de la Corte que no hizo extensiva a ese sector la anulación del tarifazo: No podemos creer que no equiparen a las empresas al consumo residencial. No sólo se utiliza el gas o la luz para la producción. Si una empresa trabaja con el horno prendido las 24 horas, tenés que usar energía para refrigerar el lugar. Si no, ponés en peligro la salud del trabajador, planteó. Vamos a presentar un recurso de amparo para ver si podemos involucrar a las empresas en la anulación de la suba, adelantó a Tiempo.
Dos Reis también explicó que otro problema es que las pymes no pueden trasladar los costos al precio de los productos porque la sociedad hoy no tiene capacidad de consumo.
Por su parte, Javier Fernández, presidente de Red Textil Cooperativa, detalló a este medio: De las 3000 cooperativas nucleadas en el CNCT, un tercio queda en una situación muy delicada. Estamos hablando de 25 mil puestos de trabajo en serio riesgo. «
