Quiero destacar la ambiciosa política reformista del gobierno de Macri. Pronto los argentinos van a ver los efectos beneficiosos de estas medidas. Nosotros también los vivimos en España», proclamó Mariano Rajoy, presidente del gobierno español ante su colega, Mauricio Macri.

Un informe reciente de la Unión Europea alerta sobre el aumento de la desigualdad y la exclusión social en España, que se encuentran «entre los más elevados de la UE». Los datos son abrumadores. El riesgo de pobreza o de exclusión social llegó al 28,6% en 2015 para la población general, y ascendió al 34,4% en el caso de los niños y al 13% en el de los trabajadores, números mucho más altos que cuando Rajoy llegó al gobierno.

Uno de cada cuatro contratos firmados en 2016 tuvo una duración inferior a siete días. Según el informe, «los altos índices de contratos temporales tienen consecuencias sociales negativas», «socavan el alza de la productividad y tienen implicaciones fiscales negativas», en especial sobre la Seguridad Social. Esta es la sociedad a la que nos llevan las políticas neoliberales que implementan Macri y Rajoy.

Cabe reflexionar, además, sobre las inversiones que fue a buscar el presidente a España. Si bien no pudo conseguir ni un solo anuncio de nueva inversión en la gira, ¿qué quiere decir Macri cuando le menciona a los supuestos inversores que «juntos vamos a encontrar mejores posibilidades» ya que «son muchas cosas que tenemos para hacer»? O cuando da a entender que ahora que hemos superado las diferencias pueden venir a invertir. ¿Qué nos espera? ¿Otra vez Aerolíneas Argentinas e YPF privatizadas?

Cabe recordar los desastrosos procesos de privatización de estas dos empresas emblemáticas del Estado Argentino a manos de capitales españoles, y el vaciamiento que les impusieron.

En 1990 Aerolíneas Argentinas (AA) tenía 28 aviones propios y uno alquilado. En 2008, solo dos aviones propios para vuelos internacionales, unos pocos para cabotaje y 30 alquilados. La vació Iberia y ante la imposibilidad de seguir administrándola, la tomó el gobierno español y se la entregó al Grupo Marsans, cuyos propietarios fueron posteriormente enjuiciados y encarcelados por defraudación al fisco español.

La Auditoría General de la Nación estableció que luego de 18 años de gestión española, AA tenía un patrimonio negativo de $ 2500 millones y un pasivo de U$S 890 millones.

En el caso de YPF, entre 1999 y 2011 sus reservas de petróleo se redujeron en un 40,5% y las de gas en un 47,1%, mientras la producción de petróleo caía un 38,3% y la de gas un 25,4 por ciento. Se trata de una conducta predatoria. Repsol-YPF distribuyó entre 1999 y 2011 más de U$S 15 mil millones por dividendos.

En la gira, Macri destacó «un primer gran éxito» en materia de energía -a la que definió como «la madre de las batallas»- con el nuevo convenio laboral para «situar en términos competitivos» a Vaca Muerta. Lo dijimos desde esta columna: ese acuerdo es la punta de lanza de la flexibilización en Argentina.

Para terminar con la visita a España, resulta necesario denunciar los graves peligros que significa avanzar aceleradamente en la firma del acuerdo UE-Mercosur, como desean Macri y Rajoy. Cuanto más se insista desde el Mercosur para firmarlo, mayor será la presión de la UE para mantener los subsidios a sus productos que compiten con nuestras exportaciones, mientras el Mercosur le abriría sin restricciones las fronteras a sus productos y servicios.

Los acuerdos de libre comercio son a favor de los poderosos, de las grandes multinacionales. El resultado del acuerdo UE-Mercosur sería similar al del abortado ALCA en aquella histórica Cumbre de las Américas en Mar del Plata en 2005: mayor dependencia y subdesarrollo para los países del Mercosur.

Coincidiendo con el FMI

Mientras informaba sobre el compromiso para reducir el déficit fiscal un punto del PBI por año, el ministro Dujovne expresó un objetivo que pasó desapercibido en la mayoría de los medios. Comentó: «La idea es ponerle un límite al gasto corriente tanto de la Nación como de las provincias para que no pueda crecer por encima de la inflación, desde el 2018». Igual que en Brasil. Un verdadero cepo al gasto. Máxime cuando se necesita que mejoren las prestaciones sociales, en especial las de salud y educativas, cuando aún hay mucho por recomponer de los salarios de los maestros y el resto de los empleados públicos, de los haberes jubilatorios, cuando se necesitan tantos recursos para proteger a las personas en emergencia social.

Esta orientación va en el mismo sentido que las recomendaciones del FMI a Argentina en octubre de 2016, cuando sugirió que la movilidad jubilatoria no supere a la inflación.

En un capítulo denominado «Ajuste Fiscal en Argentina: ¿Cómo se puede hacer?», el FMI propone un paquete de consolidación fiscal con mucho recorte y poca compensación.

Por el lado de los recortes:

a) El 2% del PBI en reducción en el total de salarios pagados por el sector público. Aclara que el mayor gasto en salarios públicos se da en las provincias, por lo que sugiere, además de recortar el monto de salarios estatales, reducir las transferencias a las provincias. De esa forma, dice el FMI, las provincias reaccionarán reduciendo por igual monto sus pagos salariales.

b) El 3,5% del PBI en reducción en subsidios energéticos (vía aumentos de tarifas).

Las escasas compensaciones:

c) El 0,5% del PBI de aumento en transferencias en efectivo a las familias para compensar al 40% más pobre, por los aumentos de tarifas energéticas.
d)El 0,5% del PBI en incremento en Gastos de Capital. No obstante, el FMI aclara que el Gasto en Capital es bajo, el 3,5% del PBI en Argentina, cuando el promedio regional es del 5% del PBI.
Si además de esta opción se opta por reducir impuestos (sugerido para una segunda etapa) por un 0,6% del PBI, proponen compensar esta baja con un mayor recorte a los salarios por un 0,75% adicional del PBI. Peligroso y perverso, como para que no queden dudas de quién terminará pagando el ajuste.

Esta es la guía que seguramente está en los planes del gobierno de Cambiemos, porque coincide con su pensamiento, y además es avalada por el Fondo.
En este contexto, no debería llamar la atención que los datos de la economía no indiquen ningún despegue, contrariando lo que intentan sostener los funcionarios estatales. El índice de confianza del consumidor elaborado por la Universidad Di Tella evidenció una caída pronunciada del 8,5% en febrero respecto al mes anterior. La reducción más abrupta (18%) se produce en Bienes durables e inmuebles, probablemente como producto del aumento en los costos de financiación a partir de los «Precios Transparentes».

El Estimador Mensual Industrial del Indec evidencia una baja interanual en enero del 1,1%, pero con la mayoría de los rubros con caídas cercanas y/o superiores a los dos dígitos, compensadas por el rubro Automotor que crece el 71% desde una baja base de enero pasado, cuestión que torna más inexplicables las suspensiones en empresas de ese sector.

La construcción volvió a mostrar una evolución negativa en enero, cayendo un 2,4%, con datos de empleo en la actividad que indican una merma del 2,3% en diciembre respecto al mes anterior.
En este entorno, se multiplican despidos, suspensiones y vacaciones forzadas en la industria electrónica, automotriz, textil y de calzado, entre otros rubros.

Estos son solo algunos ejemplos de la emergencia laboral y social por la que está pasando nuestro país. El único freno a este deterioro podrá venir de un firme rechazo por parte de una mayoría cohesionada y organizada en pos de una propuesta común. «