La Cámara Nacional en lo Contencioso y Administrativo Federal desestimó la apelación formulada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y el Estado contra la prórroga de la cautelar que suspende la aplicación del DNU 690, aquel que impone sus autoridad sobre los incrementos de las empresas de telecomunicaciones. El fallo se interpone en medio de las negociaciones entre el organismo, liderado por Claudio Ambrosini, y el sector privado.
En esta ocasión, la extensión de la cautelar aplica a la empresa Movistar (Telefónica), cuyo amparo venció tras el último pronunciamiento del 10 de junio pasado. Luego de la determinación de la Justicia, el Enacom volverá a presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
«Las empresas se juntan todo el tiempo con el Enacom, la semana pasada se juntaron. Del DNU se habla todo el tiempo, pero aún no se ha llegado a un acuerdo. Después aumentan lo que quieren», dicen desde el ente autárquico.
La alternativa más sólida se instaló tras el pedido de desjudicializar el decreto por parte de Jorge Neme, actual secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal. Hizo ese planteo cuando ocupaba la vicejefatura de Gabinete. Especialmente interesado por el control global de las telecomunicaciones, creó una Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, a cargo de Mateo Gómez Ortega. Tras su cambio de puesto, la entidad dejó de funcionar. Pese a su eliminación, es Ambrosini la línea directa con el ministro de Economía Sergio Massa, a quién le comunica los avances de la negociación.
El gobierno busca consensuar los incrementos de precios mediante «criterios objetivos», pero manteniendo a las operadoras como prestadoras de servicios públicos, en tanto las telcos abogan por la derogación del DNU 690 y la implementación de una tarifa social. Aún no hay consenso.
Una fuente que sigue el diálogo de cerca, le admite a Tiempo que la cuestión electoral es determinante: «Si a la actual gestión le queda poco tiempo, entonces las empresas prefieren seguir así hasta un eventual cambio de gobierno, estirando la cautelar».
Datos oficiales indican que hasta agosto de este año, el Enacom había autorizado solo los siguientes incrementos: para empresas de más de cien mil accesos, 9,5% para el servicio de telefonía móvil y otro tanto para telefonía fija e Internet al hogar. Para los operadores más chicos, un 19,3% para los tres servicios. Y los mismos porcentajes para el servicio de televisión por cable y satelital.
Avalada por la justicia, Movistar aplicó en agosto un aumento del 18,9% en telefonía fija, celular e Internet. Con esta suba, la empresa acumula aumentos en el año del 55,3%. Igualmente, desde el sector remarcaron que «hay que construir un marco consensuado que fomente la inversión y el crecimiento» y advirtieron que «requiere inversiones intensivas, de las cuales el 70% son en dólares».
«Es un error declarar servicio público para intervenir en precios en un contexto de inflación y un mercado que está en competencia. En este caso, por ser un servicio público en competencia, no tendría sentido que el Estado se meta a regular porque de algún modo rompe las ecuaciones económicas y a las empresas les genera incertidumbre. Eso generó en el caso argentino bastante falta de inversión», opinó el ex director del Enacom durante la gestión macrista, Agustín Garzón.
Sobre la posibilidad de generar un punto medio entre las partes, Garzón entiende que «llegar a un acuerdo voluntario que cubran la inflación está bien», pero «no se puede pretender que el Estado imponga un precio porque no puede hacer análisis de costos y saber exactamente cuánto se debe cobrar. La regla básica de la economía es regir por el mercado lo que se pone en competencia.»
«No solo la pandemia y lo que pudo haber pasado con la economía en general desincentivó las inversiones, sino también la falta de seguridad jurídica o de falta de reglas claras. Eso sin duda afecta y lentificó las inversiones en fibra óptica», agregó el extitular.
5G para febrero
De todos modos, la actual gestión del Enacom espera que en febrero se realice la licitación del espectro para la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G). La inversión destinada a la última tecnología móvil podría llegar en 2023 y se estima en US$ 1400 millones. La intención es poner a disposición tres bloques de 300 MHz de la banda de 3,5 GHz, considerada la puerta de entrada al 5G por las recomendaciones internacionales.
Los principales beneficios del 5G de alcance popular tienen que ver con que permite navegar hasta a 10 Gbps (gigabytes por segundo), es decir, diez veces más rápido que en la actualidad. Así, descargar una película completa podría llevar nada más que segundos. Además, la latencia (el tiempo de respuesta de la red) podría experimentar un avance determinante. Según los operadores, se reduciría a 5 milisegundos, casi imperceptible para el humano. Ello permitiría impulsar aplicaciones remotas que requieren hacerse en tiempo real, como una operación o el ensamblado de una línea de montaje.
En la provisión de infraestructura 4G y 5G, las empresas líderes en Argentina son Huawei, Nokia y Ericsson. China instaló cerca de un millón de antenas 5G, casi el 80% del total mundial, y proyecta que a finales de 2023 espera superar los 560 millones de usuarios, para entonces el 35% a nivel global.
Desde la gestión de Ambrosini, aseguran que la licitación de la fibra para 5G «no tiene nada que ver» con el conflicto atravesado por el DNU 690. «
Vigencia de las voces disonantes
Mientras continúa la discusión entre el Enacom y las empresas por desjudicializar el DNU 690, se presentan voces disonantes en el debate. En el fallo que desestima el pedido del ente estatal, la jueza Clara María do Pico, integrante de la Sala I interviniente, se presentó en disidencia porque «no se encuentran acreditados los requisitos exigibles para conceder la cautelar peticionada».
Por otro lado, el director por la tercera minoría del Enacom, José del Corral, se mostró en un Encuentro Regional de Telecomunicaciones en Entre Ríos y allí definió al DNU 690 como una medida «para la tribuna», que obligó a las empresas a postergar inversiones. También advirtió que existe un «atraso extraordinario» de las tarifas, por lo que consideró indicado «salir del decreto en forma urgente y masiva».
