El Gobierno oficializó este martes la creación del programa «Puente al empleo», que busca transformar «de forma gradual» los planes sociales en empleo formal y que entrará en vigencia el próximo 1 de octubre como parte de un conjunto de políticas que tiende a «fortalecer» al sector laboral.

«A partir de este decreto vamos a crear programas que amplían y dan fortaleza a una política que venimos profundizando desde el año pasado para generar puestos de trabajo. Vamos a seguir acompañando las políticas para fortalecer la creación de empleo», señaló Zabaleta en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

La iniciativa, que consta de 20 artículos, se formalizó por medio del decreto 551/2022, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros Sergio Massa (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).

El objetivo del Programa es «transformar de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad», según se informó.

Además, se remarcó que apunta a «mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas y promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica».

De acuerdo a lo establecido en la creación del Programa «Puente al empleo», los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, educativos o de empleo lo harán por un plazo de 12 meses.

Mientras se desarrolle la relación laboral, el empleador deberá considerar e imputar la asignación dineraria de los programas sociales, educativos o de empleo a cuenta del pago del salario.

Producida la discontinuidad del contrato, los trabajadores tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan dichos programas, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses.

El ministro explicó que, desde principio de año, se firman convenios con las cámaras empresariales de diferentes sectores «para crear empleo» en todos los rubros.

Además, Zabaleta indicó que el beneficiario del Plan Potenciar Trabajo accederá a través del nuevo programa «al empleo registrado», y «se le brindará el salario de convenio».

Según el ministro, el Estado subsidiará la mitad del salario y habrá un descuento del 100 por ciento de las cargas sociales por 12 meses para la empresa que contrate a los nuevos empleados.

Por lo tanto, desde el Gobierno se espera que con el crecimiento económico previsto para el año entrante, se haga posible la continuidad de los empleos una vez que finalice el plazo de 12 meses de continuidad del subsidio del Estado nacional.

En caso que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los ocho y los 12 meses, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de permanecer en el programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.

Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, los trabajadores tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan dichos programas, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses, según se establece en el decreto.

«Cada uno de los Estados provinciales capacitan a los beneficiarios y, una vez que ese período de formación se completa, los trabajadores ingresan a las empresas a prestar funciones», dijo el ministro.

Además, sostuvo que «todos los empleadores se pueden sumar al programa Puente de Empleo. Ya sean pymes o grandes empresas».

«De esta forma, el Estado acompaña a cada trabajador de la Argentina, recorriendo cada lugar del país», concluyó el funcionario.

En tanto, el decreto publicado hoy, puntualiza que el objetivo de la medida es lograr la transformación «de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad».

Además, remarca que apunta a «mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas».

También destaca el objetivo de «promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica».

En tanto, la reducción de las contribuciones patronales vigentes se aplicará a los subsistemas de la seguridad social como el «Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; el Fondo Nacional de Empleo; y el Régimen de Asignaciones Familiares», puntualiza la norma.

Asimismo, quedan excluidas de esta reducción «las alícuotas adicionales previstas en regímenes previsionales diferenciales y especiales de la seguridad social».

Por otra parte, «quedan excluidas y excluidos de los beneficios dispuestos en este decreto las empleadoras y los empleadores que figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal)».

También serán excluidos «quienes incurran en prácticas indebidas y/o abusivas para acceder a los beneficios establecidos por el presente decreto, de conformidad con la normativa complementaria a dictarse», remarcaron las autoridades.

En tanto, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social determinarán la o las modalidades de contratación laboral respecto de las cuales serán de aplicación los beneficios del Decreto.

La norma invita además a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir o a dictar medidas de similar tenor para compatibilizar los programas sociales, educativos y de empleo locales con el trabajo registrado.