A menos de un año y medio de que se sancionara con bombos y platillos la Ley de Alquileres, el gobierno del Frente de Todos está a punto de darla de baja. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ratificó su posición contra la ley, mientras que el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, relativizó su utilidad. Al respecto, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, reconoció que se estudia una nueva normativa.
En ese marco, un informe oficial no publicado aún y al que tuvo acceso Tiempo muestra conclusiones contundentes sobre la importancia de la ley. Por un lado, destaca que se disparó la cantidad de hogares inquilinos desde 2001 a la fecha. Advierte que la relación ingreso-alquiler de los que alquilan sufrió en los últimos años un crecimiento en el porcentaje de ingresos que se destinan al alquiler. Además, indica que el precio se disparó en la oferta, que es la parte no regulada por la ley.
«La implementación de la ley implicó un ahorro aproximado equivalente a un mes de alquiler por año, tomando un caso testigo del alquiler de un departamento de dos ambientes para la Ciudad de Buenos Aires», concluye el documento. En ese marco, la Federación de Inquilinos Nacional –principal impulsora de la ley– cuestionó que el gobierno nunca trabajó en su correcta implementación. En tanto, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), plantearon: «Es falaz alentar su derogación total en nombre de los derechos de les inquilines: se busca reforzar el carácter de mercancía de la vivienda y se oculta que están en juego derechos de gran parte de la población».
