La Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, convocó, el martes próximo a las 17.30, a dirigentes políticos, gremiales, empresariales y de las asociaciones de consumidores a poner en marcha del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios creado por la Ley 26.992 de 2015.

En la previa asoma un conflicto entre los convocados: Tombolini hizo un llamado amplio que incluye a numerosas asociaciones empresariales, pero las entidades de defensa del consumidor plantearon que esas invitaciones no se ajustan a la normativa, y sospechan de una jugada de las empresas privadas para condicionar la activación del Observatorio. El martes, adelantaron, impugnarán esa convocatoria.

La reunión será en el noveno piso de la Secretaría de Comercio. El gobierno espera que el Observatorio actúe como un instrumento para el seguimiento del programa Precios Justos, lanzado la semana pasada en acuerdo con empresas de consumo masivo. Desde el Poder Ejecutivo destacaron a Tiempo que será complementario de otros recursos actualmente a disposición de Comercio.

La recuperación de ese espacio, después de un stand by de varios años, indica también la premura del Ejecutivo por asegurar el cumplimiento del congelamiento. Las empresas aceptaron fijar un listado de productos y tienen autorización para aumentar hasta el 4% mensual los productos por fuera de ese listado, pero la experiencia reciente pone en duda el cumplimiento del pacto por parte del sector privado.

Los últimos datos dicen que la inflación oficial fue del 6,3% en octubre, acumulando 76,6% desde enero y 88% respecto al mismo mes del año pasado. La proyección del indicador avanza hacia las tres cifras para fin de año y el éxito del programa Precios Justos, lanzado hace una semana, se convirtió en uno de los desafíos principales de la administración económica.

El sentido del Observatorio, analizó la fuente, “es hacer un seguimiento de las estructuras de costos de sectores o empresas para tener una evaluación de determinados precios o mercados”. También tendrá la misión de evaluar el abastecimiento.

Con cierto grado de contradicción, la versión planteó al mismo tiempo que “conceptualmente, no se trata de activar el recurso para controlar Precios Justos” y que “se sumará a un conjunto de herramientas preexistentes para el análisis de los precios”. En pocas palabras, podría ser utilizado en Precios Justos si alguno de sus dictámenes señala algún aspecto del acuerdo.

El primer artículo de la resolución 99/22 de Comercio, publicada el jueves en el Boletín Oficial, invitó a representantes de los ministerios de Economía, Obras Públicas, Interior, Transporte, Ciencia y Jefatura de Gabinete a la reunión.

El artículo siguiente adelantó el temario: la aprobación del Reglamento Interno de Funcionamiento del Observatorio; la definición de los mercados que serán objeto de estudio; y la constitución de la mesa de trabajo que los llevará a cabo.

El tercer artículo de la normativa es el de la discordia porque invita a la banca, a la Unión Industrial y a la CAME, a las cámaras de supermercados y a los profesionales de ciencias económicas. También convoca a las entidades de defensa del consumidor, a la CGT, al PAMI, aduanas, Banco Central, administraciones provinciales y Gobierno de la Ciudad.

Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) apuntó a Tiempo que la resolución de Comercio “violenta la ley (26.992)” porque no respeta lo que manda en relación con las convocatorias.

El referente argumentó que el texto convoca a todas las asociaciones de consumidores desconociendo que el consejo que reúne a esas entidades eligió a tres como delegadas para tratar la formación del Observatorio: Adduc, Deuco y Acuda.

Bassano reclamó que la ley manda convocar a “un representante por los organismos públicos, uno por los privados, y a las asociaciones de defensa de los usuarios seleccionadas a un acto con el secretario de Comercio para que se designen las autoridades que luego deberán redactar el reglamento”.

Fustigó especialmente el llamado a los bancos y al resto de las entidades empresariales porque “debe ser posterior a la definición del reglamento y del observatorio, pero nunca antes”, remarcó.

Las entidades de defensa plantean que una mesa ampliada multiplicará la agenda de temas a tratar y que eso distorsionaría el funcionamiento del Observatorio, por ejemplo, demorando el tratamiento de temas de urgencia como los abusos de posiciones dominantes en los mercados de consumo masivo. En la misma línea sospechan que el llamado generalizado podría obedecer a algún tipo de intencionalidad para beneficiar a los que, en definitiva, serán objeto de los controles del Observatorio. «