El sistema de salud está conformado por los hospitales públicos a los que acceden los sectores más vulnerables, las empresas de medicina prepaga a las que recurre el estrato más acomodado y las obras sociales sindicales.

Este último asiste a los trabajadores registrados, está controlado por los sindicatos y regulado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). A través de esas casi 300 entidades reciben asistencia unos 20 millones de personas.

Días atrás, el gobierno publicó la resolución 3284/24 que profundiza la desregulación del sistema de salud sindical que comenzó en la década del ’90, cuando se habilitó la derivación de aportes y contribuciones de una obra social a otra y, luego, se permitió la incorporación de las prepagas que podían afiliar a asalariados a través de la obra social.

La nueva norma dispone el fin de esa “triangulación” mediante la cual las obras sociales reciben una parte de los aportes y contribuciones de los trabajadores bajo convenio.

El nuevo esquema implica un mayor desfinancianciamiento de las obras sociales que ya atraviesan una profunda crisis que se verifica en el deterioro de las prestaciones, la proliferación de los copagos y aranceles y la cesación de pagos con los prestadores que, agobiados por los incumplimientos, huyen del sistema sindical.

Sobre llovido, mojado

La crisis del sistema sindical se profundizó drásticamente con la llegada del nuevo gobierno que, ahora, pretende avanzar con un golpe que, según los sindicatos, podría resultar “terminal”.

En primer lugar, los ingresos de las obras sociales dependen de los salarios de los trabajadores registrados que entre noviembre de 2023 y julio de 2024, según datos oficiales, resignaron un 8,7% de su poder adquisitivo. Pero desde enero de 2017 los salarios registrados acumulan una caída del 25,5% en términos reales. Si se comparan con relación al valor de los bienes y servicios vinculados a la atención sanitaria que mide el IPC la pérdida resulta todavía más gravosa: desde noviembre los salarios perdieron un 13% y acumulan una caída del 31,2% desde 2017.

Ajuste oficial

Pero el golpe es todavía mayor. Las entidades sindicales también reciben fondos de la SSS cuya ejecución presupuestaria a septiembre de este año, según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), fue un 67% menor con relación a 2023, y que escala a un 72,6% para la asistencia financiera de las obras sociales. La SSS gestiona un Fondo Solidario de Redistribución que reparte entre las obras sociales para la atención de prestaciones por discapacidad y en concepto del Subsidio de Mitigación Asimétrica (SUMA) que se reasigna en función de la cantidad de afiliados de cada entidad.

Reclamo sindical

El asunto preocupa a la CGT y puede ser la llave que el gobierno use para mantenerla en estado de pasividad. De hecho, fue uno de los puntos que la mesa chica incluyó en el temario de la reunión con Guillermo Francos, Santiago Caputo y Julio Cordero el 30 de septiembre en la que retomó el diálogo luego de una ruptura formal con el gobierno.

José Luis Lingeri, en su carácter de secretario de acción social de la CGT hace ya dos décadas que lidera las negociaciones con los gobiernos por los fondos de las obras sociales. En diálogo con Tiempo señaló que “todo el sistema está comprometido por la caída del salario y por no bajar los costos sanatoriales y de medicamentos. Necesitamos medidas de control y un manejo administrativo más racional”. Es que, lamentó, “los fondos del Estado se los comen las prestaciones por discapacidad”.

El dirigente explicó que “el SUMA antes compensaba a las obras sociales chicas. Ahora distribuyen por beneficiarios dejando a las más chicas en el horno. Las que tienen menos de 5 mil afiliados y capital promedio de $5 mil no pueden dar ni una cafiaspirina”.

Sobre la reunión con el gobierno, señaló que “hemos pedido lo de siempre. Fondos para los tratamientos hemofílicos, oncológicos o patologías de alto costo y queremos un acuerdo con las cámaras de medicamentos para comprar al precio del PAMI”.

Sobre la nueva resolución Lingieri no se mostró crítico señalando que “siempre estuvimos en contra de la triangulación y el ‘descreme’. Hay obras sociales que eran sellos y crecieron a la luz de esa triangulación. Capaz tenían 3 mil laburantes y 200 mil usuarios. Entregaban las llaves a las prepagas y por cada candidato se llevaban un peaje”.

Para Lingieri, el problema es que “el que te va a recibir va a poner las mismas condiciones que imponen a las obras sociales. No recibir las enfermedades preexistentes o al enfermo oncológico que para ingresar va a tener que pagar $450 mil”. Es que, explicó, “la obra social es un sistema solidario y la prepaga, mercantilista. No son solidarios con el laburante sino con su bolsillo”.

A la vez reclamó que “se reformule el PMO y poner el ojo en las prestaciones automáticas por discapacidad, como hicieron con las pensiones no contributivas”. Además, insistió en “buscar acuerdos con la industria farmacéutica y analizar la agencia de evaluación de nuevas tecnologías para que sea vinculante con el ANMAT y que un medicamento pueda ser reemplazado por otro”.

La visión del médico sanitarista Jorge Rachid resulta más crítica en tanto señaló a Tiempo que “los sistemas solidarios vienen siendo atacados desde el inicio de la democracia. El Consenso de Washington instaló al mercado como ordenador social y desplazó el concepto solidario que constituía una cultura compartida”.

Un punto de inflexión, recuerda, fue “en el 2000 con el decreto 446 firmado por Carlos Chacho Álvarez, que permite la intrusión de las prepagas en las obras sociales destruyendo el sistema solidario”. Ya antes, en 1996, “la desregulación habilitó el sistema de ART que implica una privatización de la siniestralidad y la accidentología laboral. Las ART acumulan ganancias dejando la prestación de lado y el trabajador va al hospital público y a las obras sociales aumentando la demanda y desfinanciándolas”.

Para Rachid, ahora “estamos en un proceso de profundización. La negociación que está en marcha es infame porque han incorporado las prepagas a la Superintendencia cuando no son servicios de salud sino entes financieros. Cuando el lucro entra por la puerta la solidaridad sale por la ventana. Hemos perdido la batalla cultural del paradigma de que la salud se construye fuera de los hospitales con salarios, vivienda, calidad de vida y proyección y se instaló el paradigma de la atención de la enfermedad. El sistema nos necesita enfermos y crónicos, porque muertos y sanos no servimos para ganar plata”.

Finalmente Rachid no escatimó críticas al propio Lingieri: “La primera implicancia va a ser lo que ocurra con la CGT, que en los próximos días se va a partir. Lingieri es de un apetito y una entrega absoluta a los márgenes que les deja el sistema. Los ‘Gordos’ negocian aquello que puede ser vital a sus intereses personales y sindicales pero desconocen la viabilidad de un sistema que tenga masa crítica para funcionar. Pensar la salud, la educación y la seguridad social por separado es pensar que el enemigo no tiene necesidad de destruir para deshumanizar y mercantilizar”. «