En la relación del gobierno con los dueños de las grandes empresas, asomaron límites. El presidente Mauricio Macri pensó, con el ajuste poselectoral en el horizonte, una relación fluida con sus pares naturales, los dueños de las firmas. Con ese objetivo en mente intervino en las organizaciones empresariales más influyentes, neutralizó a las que están integradas por directores y gerentes y priorizó a la Asociación Empresaria Argentina (AEA), una entidad formada solo por propietarios y herederos.
El gobierno y AEA se habían reunido tres veces este año. La cuarta audiencia estaba convocada para el pasado martes 23 de mayo pero las ausencias de Macri, por el lado gubernamental, y de Paolo Rocca, por la parte empresaria, hicieron un estruendo tan inesperado como sugerente.
Las prensas oficiales destacaron el encuentro como «cordial», aunque no pudieron evitar que trascendieran las versiones sobre reclamos cruzados. La parte empresarial volvió a exigir medidas «pro-competitividad» a lo que el gobierno, representado por los coordinadores Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, además de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra, contestó endilgándoles pocos esfuerzos para frenar los precios y desembolsar inversiones.
Dos días más tarde, en ocasión de los festejos por el 25 de Mayo, Macri aprovechó para lanzar una advertencia que remitió al encuentro con AEA: «Nadie puede creerse dueño de decirnos lo que tenemos que hacer», lanzó el presidente y precisó a quién se refería: «La política, los empresarios, los sindicalistas y los jueces».
AEA respondió por medio de su titular, Jaime Campos. En una entrevista con Radio El Mundo, Campos aseguró que la Asociación Empresaria «no se propone trazar políticas» porque esa, remarcó, es una facultad del gobierno «y del Poder Legislativo».
Campos también rechazó que el gobierno haya pedido explicaciones sobre las políticas de precios de las empresas o sobre la falta de inversiones: «Yo no percibo eso en nuestra asociación», manifestó el dirigente. Y agregó: «La economía es debatible pero el rumbo lo da el régimen político y nosotros estamos conformes con eso».
Industriales marginados por la intervención de Macri cargaron contra las dos partes. Dos dirigentes de larga trayectoria asociaron a la AEA con el Consejo Empresario Argentino (CEA), la entidad patronal que existió entre 1967 y 2002 y que influenció en momentos clave de la historia nacional como el Rodrigazo en 1975, el plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz en la última dictadura militar a partir de 1976, la década menemista y el gobierno de la Alianza que presidió Fernando de la Rúa.
Estos industriales aseguran que el problema de AEA tiene que ver con un supuesto malestar de Techint, que es la empresa más importante del país y la argentina más importante del mundo. La versión dice que la empresa, fortalecida por el lugar privilegiado que le otorgó el propio gobierno, insiste con un listado de reclamos particulares, que a un año y medio de la llegada de Macri al poder sigue sin respuesta.
Uno de esos dirigentes, que conoce en carne propia las relaciones de las empresas con los gobiernos de turno, descontó una «profunda decepción del gobierno con las compañías», pero remarcó a la vez los indicios de «una enorme inexperiencia política en Macri y en su equipo de gobierno, que suponen que por enaltecer el rol de las grandes empresas van a concitar el favor de esos dirigentes porque sí».
Mientras Macri parece dar una lucha inesperada, los empresarios siguen moviendo sus fichas. El próximo martes, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que preside Adrián Werthein, agasajará a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con un almuerzo en el Hotel Alvear.
Lejos del reproche, los afiches que promocionan el evento califican a la gobernadora como «audaz» y la enaltecen como una «hacedora del cambio». «
