Las compañías de distribución de electricidad volvieron a reclamar un incremento de tarifas y a la vez se despegaron de la quita de subsidios que el Estado anunció para los próximos meses. Lo hicieron a través de un comunicado distribuido por la cámara que las agrupa, Adeera (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina).

En la declaración conocida este lunes, puntualizaron que “los ingresos de las distribuidoras siguen congelados, a pesar de la quita de subsidios». También recordaron que “mientras que la demanda de energía eléctrica mantiene un crecimiento sostenido en todas las categorías de usuarios, las distribuidoras afrontan los costos del servicio con ajustes menores a la inflación en todas las provincias. Entre estos costos, el de mayor impacto es el correspondiente a salarios, que tiene una incidencia del 60% sobre el total”.

Adeera nuclea a unas 50 compañías que se encargan de la distribución entre todo el país. Allí coinciden empresas estatales provinciales, algunas otras surgidas de los procesos de privatización de la década menemista y pequeñas cooperativas que proveen del servicio a localidades del interior. Obviamente, por cantidad de clientes y demanda abastecida, Edenor y Edesur, que operan en el área metropolitana de Buenos Aires, son las de mayor peso específico.

La cámara también se desligó de las subas que anticipó la Secretaría de Energía para un sector de usuarios industriales, ya que su objeto “es exclusivamente para pagar parte del costo de producir y transportar la energía. Esta normativa no influye en la distribución de energía ya que la parte de la tarifa que corresponde al distribuidor, denominado Valor Agregado de Distribución -VAD, se mantiene sin ninguna modificación”.

De acuerdo al marco regulatorio, los costos del sistema eléctrico son fijados por Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), que determina trimestralmente los valores de referencia. Los otros ítems que influyen en la tarifa final son las remuneraciones de las empresas transportadoras y distribuidoras. Estas últimas serán discutidas en la audiencia pública convocada por el ente regulador (ENRE) para el 17 de este mes.

Llamaron la atención algunos de los parámetros usados por las empresas para reclamar los incrementos. Según los argumentos mostrados, la retribución que perciben por su servicio debería ser mayor, ya no por sus costos sino por la comparación con el poder adquisitivo de la población y los salarios que perciben los trabajadores. “Según datos de nuestras asociadas el 50% de la población paga facturas por el servicio eléctrico por debajo de los $ 1500 mensuales, lo que equivale al 4,5% del salario mínimo vital y móvil. En familias cuyos ingresos son mayores, la injerencia de la factura de energía eléctrica es mucho menor”, señala el texto. También detalla que en las actividades comerciales e industriales “el impacto del valor de la energía sobre sus costos es cada vez menor (menos del 3% en la mayoría de los casos, con excepción de las actividades electrointensivas), producto del efecto inflacionario por un lado, y del retraso tarifario por otro”.

El razonamiento de tomar las posibilidades de pago de sus clientes como parámetro para fijar las tarifas es una novedad en el discurso de las compañías. En anteriores audiencias públicas, tanto en el caso de la electricidad como en el gas, las empresas reclamaban el cumplimiento de las revisiones acordadas con el macrismo, que buscaba que las tarifas cubrieran todos los costos del sistema y una razonable ganancia para las empresas, prescindiendo de otras variables.

En el caso particular de Edenor y Edesur, la calidad de su servicio fue duramente cuestionada por el ENRE, que responsabilizó a las empresas por los apagones que se produjeron durante las fiestas de fin de año y en la ola de calor que azotó a Buenos Aires durante la primera quincena de enero. El ente regulador abrió un sumario contra Edenor por “incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública”. En cuanto a Edesur, la obligó a resarcir en más de 10 mil pesos a cada uno de los usuarios afectados por los cortes de suministro y la acusó de una “deficiente gestión operativa” y de no tener la adecuada cantidad de cuadrillas para solucionar las deficiencias técnicas y atender los reclamos de los clientes.