La gestión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, responsable del despido de 268 técnicos y profesionales de destacada trayectoria profesional, sigue acumulando denuncias por malversación de fondos públicos a través de recurrentes licitaciones o adjudicaciones irregulares para obras o adquisición de servicios.

Las modalidades difieren unas de otras pero, en esencia, se trata del mismo modus operandi.

En abril de 2018 trascendió una denuncia por el otorgamiento de una obra de renovación del tendido eléctrico a la empresa La Mantovana. La compañía, inscripta en el rubro de limpieza y sin experiencia acreditable en instalaciones eléctricas, ganó la licitación habiendo cotizado la obra en $56,9 millones cuando otras compañías especializadas y de trayectoria en ingeniería de tendidos eléctricos habían presupuestado la misma obra en unos $3 millones menos.

Para eso, según denunciaron los trabajadores, en el marco del vaciamiento del instituto y los despidos, las autoridades crearon “una oficina de obras paralela” encargada de revisar y aprobar las licitaciones que modificó los requisitos a medida de esa compañía y en detrimento de sus competidoras.

Otra de las denuncias estuvo vinculada con la compra de las cajas navideñas para el personal. En este caso se desdobló la compra con el propósito de que el monto no alcanzara los $2 millones que obligan a atravesar una licitación, generando dos adquisiciones directas por un monto total de $3 millones y con sobreprecios del 40%. La compañía beneficiada (Productos e Insumo Andes S.A.), además, estaba inscripta como proveedora de insumos para la construcción, bien lejos del rubro alimentario. Sus competidores habían sido un monotributista con facturación de $25 mil anuales y una jubilada dedicada a la venta por menor.

Otra compañía obtuvo una licitación por valor de $64 millones para proveer el servicio de cocina y comedor. La adjudicación se produjo en abril en favor de la empresa Unión Transitoria de Empresas entre Compañía Integral de Alimentos S.A. y South Management S.A. que obtuvo el certificado fiscal de la AFIP recién en mayo una vez obtenida la adjudicación cuando ese certificado forma parte de los requisitos pautados en el pliego.

Ahora surgió una nueva denuncia difundida por la Junta Interna de ATE INTI que asegura que “a partir de la disposición Nº 020/19, firmada por el gerente general del INTI Mariano Zlatanoff que aprueba el gasto de $907.506 para el alquiler de tres vehículos eléctricos por un período de seis meses».

En este caso se adoptó el mecanismo de la compulsa abreviada por monto. Según los representantes sindicales “la contratación ha sido otorgada directamente a una empresa preseleccionada, y han utilizado a una segunda solo a modo de ‘disfrazar’ una adjudicación directa –por un monto escandaloso- como una falsa “competencia” entre empresas.”.

La denuncia señala que las autoridades “han conformado, desde su asunción en 2015, una estructura para desviar fondos del Estado hacia empresas de su riñon”. Para eso, insisten, despidieron a los técnicos y profesionales que “eran parte de los sectores de control interno de obras, licitaciones y auditorías en INTI”.

Al mismo tiempo, señalan que las autoridades “avanzan con una reestructuración del Instituto que tiene la característica de desaparecer sectores, hostigando a los trabajadores a solicitar retiros voluntarios”, y que el gerente de RR.HH. Ernesto Luna los amenaza para que acepten un “despido consensuado”.

El propio Luna arrastra otro tipo de denuncias vinculadas con su fuero personal. Por un lado su sueldo se encuentra embargado por un juicio por alimentos que no les pasa a sus hijos mientras hay en curso una investigación por detentar una categoría profesional en el INTI sin el respaldo del título universitario correspondiente. Por este sólo hecho debiera intervenir la Ofincia Anticorrupción aunque, por el momento, se ha abstenido de hacerlo.

La Juntas Interna de ATE explicó que “las pruebas de estos desfalcos han sido presentadas en los tribunales de Comodoro Py”.