Luego del escándalo destapado por el informe de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, funcionarios del Gobierno Nacional salieron a defender la posición del presidente Mauricio Macri. «No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses», expresó el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, también apuntado en el informe. «Es un error de la fiscal», aseguró el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. En tanto, el diario Clarín advirtió que si no se acepta el acuerdo, Correo Argentino SA podría demandar al Estado por la expropiación de 2003.

Mocoroa es el hombre del Gobierno que firmó la aceptación de la propuesta del Grupo SOCMA (de la familia Macri, que controla a Correo Argentino SA). En el informe de Boquín, se pone en duda su ética, ya que al ser funcionario pertenece a una cadena de jerarquías que comienza en el propio Presidente. Mocoroa se defendió al negar que se haya condonado la deuda y aseguró que se pagará el «ciento por ciento del capital verificado», que asciende a «296 millones de pesos».

«No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses», sostuvo en diálogo con radio El Mundo y Radio Nacional. Mocoroa explicó que la controversia «se remonta a 2001, cuando se inicia el proceso concursal», que «la deuda a la que el Estado tiene derecho son 296 millones de pesos», que los conflictos entre el Grupo Macri y el Gobierno anterior impidieron que el Estado cobre la deuda y que «recién en 2016 logramos que la empresa pague 600 millones de pesos».

Ante la consulta por los motivos del informe, el funcionario público dijo: «Presumo que es un error jurídico», ya que «la deuda es en pesos y no podemos hacer un parangón con el dólar. Distinto hubiera sido si la deuda era en dólares, ahí existen distintos criterios fijados por la Corte Suprema para actualizarla, pero no es este caso». En ese sentido, recordó que el artículo 19 de la Ley de Concursos establece que desde el momento del concurso se congela el cómputo de intereses.

Mocoroa aclaró que si bien la deuda es de casi 300 millones de pesos, sumados los intereses el monto se elevaría a 600 millones, la cifra acordada en el acuerdo que los jueces deberán convalidar o no. El funcionario también se mostró molesto de que los argumentos de la fiscal «se filtraran a los medios antes de estar en el expediente».

En el mismo sentido, se expresó Aguad. «La fiscal se opone al procedimiento con el argumento de que no se actualizaron las cifras; pero las cifras no se pueden actualizar, la ley de quiebras lo impide, razón por la cual no sé cuáles serán los argumentos de la fiscal (…) Es un error de la fiscal», sostuvo, al tiempo que intentó manchar el informe con tintes políticos, al decir que Boquín «reemplazó a (Alejandra) Gils Carbó» cuando ésta asumió en la Procuración General, aunque aclaró: «No es un tema político, lo tenemos que resolver jurídicamente».

«Cuando asumió (Néstor) Kirchner, le quitó la concesión y el concesionario homologó los créditos que tenía la empresa. Todos los acreedores pudieron homologar sus créditos y el Estado argentino consolidó una deuda de 296 millones de pesos. Cuando se verifica un crédito en un concurso, esa deuda queda congelada en el tiempo», contó y agregó: «Durante los doce años del gobierno anterior no se intentó cobrar esa deuda», que cuando él asumió heredó el juicio, y que «las opciones eran no cobrar, o cobrar a precios históricos». Finalmente, advirtió: «Si la Cámara (Nacional de Apelaciones en lo Comercial) no homologa el acuerdo, es muy probable que perdamos el patrimonio del Estado», porque lograr una «renegociación» sería «muy complicado».

Por su parte, el diario oficialista Clarín publicó al respecto que cuando Néstor Kirchner llegó al poder, el Gobierno expropió el Correo Argentino y eso originó a su vez demandas y reclamos de resarcimiento millonarios al Estado por parte del Grupo Macri, que podrían desactivarse si prospera el acuerdo.