La economía transita un sendero de fuerte recuperación y algunas estimaciones privadas ya indican que el crecimiento del PBI para 2021 podría rondar el 9%. En este marco, es fundamental que los frutos de la recomposición no queden en unas pocas manos.

El presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti expresó: “si le llega a la gente el «plan platita» se viene un aumento del precio de la carne”. Una frase que implica un reconocimiento de que hay fundamentalmente un problema de puja distributiva en torno a la inflación, y que además justifica las medidas sobre precios que está tomando el gobierno.

Como he venido señalando, no tiene nada de malo la idea de poner “platita” en el bolsillo de la gente. La mayor capacidad adquisitiva de la población no es el problema, lo malo es que la intenten absorber quienes están en condiciones de fijar los precios. En materia de la dinámica inflacionaria actual, sirve pensar en el ejemplo de la locomotora y el vagón: queda claro que los precios están subiendo primero y luego los salarios van recomponiendo el poder adquisitivo.

Si no se logra instalar la idea de que el problema de fondo obedece a la puja distributiva, se equivoca el diagnóstico y siempre tendremos los riesgos de que la ciudadanía, influenciada por las operaciones mediáticas cotidianas, termine votando a quienes no representan sus intereses.

Uno de los rubros que hay que estudiar de cerca es el de los medicamentos, ya que en el primer semestre de 2021 han mostrado aumentos que están bastante por encima del promedio del IPC, según información relevada por el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos. Garantizar el acceso a los remedios debe ser una de las prioridades, al igual que ocurre con los alimentos y otros productos de consumo masivo. Está claro que nadie consume medicamentos por placer, sino que es una cuestión de absoluta necesidad. Por eso se precisa avanzar en el estudio de las cadenas de valor.

FMI y “falta de plan”

Según Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, “el Gobierno hace gala de que no tiene un plan” ya que “cuando contestan que el plan es el presupuesto te das cuenta que eso no es así. Estaba previsto 29% de inflación este año y vamos a terminar arriba de 50%”. Acto seguido preguntó: “¿Adónde está el plan?”. Habría que decirle que la inflación por sí sola no define si existe un plan, que el gobierno de Macri pronosticó un 5% para 2019 y fue 10 veces superior. También recordarle que la lógica de las metas de inflación que siguió el gobierno de Cambiemos terminó en un rotundo fracaso.

Lo que existe es un plan de gobierno que sigue los lineamientos del Presupuesto 2021 y 2022, con proyecciones para las principales variables y herramientas que han venido apuntando a dos objetivos de fondo: que los ingresos recuperen su poder adquisitivo frente a los precios y seguir tranquilizando la economía. No hay que perder de vista que se pudo cumplir con casi todas las variables del Presupuesto 2021, excepto con la inflación, precisamente donde irrumpe con todo la cuestión de la puja distributiva. Cabe señalar que, más allá de ciertos intentos de alterar las expectativas alrededor del mercado cambiario para tratar de influir en las próximas elecciones, el Banco Central continúa comprando dólares y la brecha entre el cambio oficial y el ilegal se encuentra en el 98%, si bien elevada, muy inferior a la de un año atrás (150%).

Hasta el futuro embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, afirmó ante el Senado de su país que la deuda con el FMI es “enorme” y que representa uno de los “mayores desafíos” para nuestro país, reconociendo implícitamente la hipoteca que se firmó en su momento. No obstante, también señaló que “el problema es que es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan macro y aún no lo han hecho”. Nuevamente el tema de la “falta de plan”.

Sin duda la negociación con el FMI es central. Como bien explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, el FMI fue creado para intervenir cuando los países tuvieran problemas de la balanza de pagos. En el caso argentino es al revés, el problema del balance de pagos está originado por la relación con el FMI. Considerando el fuerte superávit comercial con el que se cerrará este año y el que se proyecta para 2022, si el país no tuviera en los próximos años obligaciones con el Fondo, se dispondría de toda la capacidad para volcar recursos al desarrollo interno. Por ello, en estas negociaciones se define el sendero de los próximos años: la idea del gobierno es que primero hay que poder crecer para luego estar en condiciones de comenzar a pagar la deuda.

Lo cierto es que la Argentina ha venido dando pasos importantes para arribar a una reestructuración con el organismo, aunque se necesitan definiciones del otro lado del mostrador. Guzmán señaló en la semana, refiriéndose a la oposición y a varios analistas, que “a quien hay que pedirle que se apure, que dé los pasos que faltan, es al Fondo Monetario Internacional (…), que elimine el sobrecargo de interés, en vez de apurar al gobierno a que acuerde con el Fondo”.

Quienes sostienen que no existe un plan, en última instancia lo que reclaman son políticas de ajuste fiscal y reformas estructurales, como la laboral o la previsional. Hay que decirlo con todas las letras: reducir gastos, dada la gran participación que tienen la seguridad social y los subsidios energéticos, significa recortar jubilaciones y permitir que las tarifas de los servicios públicos se disparen (más allá de que hace falta avanzar con la segmentación).

Se necesita seguir sosteniendo las políticas de fomento orientadas a que crezca la economía, que además incrementarán la recaudación. También hay que avanzar con la implementación de impuestos progresivos que graven a quienes tienen mayor capacidad contributiva.

No hay opción viable si no se cuida al mercado interno y a los ingresos de la población. Ese es el objetivo del plan. Pero se necesita el apoyo de la población para contar en el Parlamento con las mayorías que permitan aprobar las leyes que requiere la implementación de dicho plan.

Actividad parlamentaria

No puede obviarse esta semana la importante actividad de la Cámara de Diputados, que aprobó una serie de iniciativas que amplían beneficios y derechos de la población. Entre ellas, se dio media sanción al Alivio Fiscal, aprobada en la misma semana por unanimidad en el Senado. La Ley consta de una condonación de deudas fiscales, aduaneras y de la seguridad social para cerca de 7 mil entidades sin fines de lucro. También se condonan deudas de hasta 100 mil pesos a micro y pequeñas empresas y pequeños contribuyentes. El Alivio Fiscal también incluye, y diría que principalmente, la extensión y ampliación del alcance de la moratoria impositiva, aduanera y previsional que beneficia a todas las empresas, pero que otorga mayores beneficios a los monotributistas, micro y pequeñas empresas y entidades sociales. A su vez, se aprobó un régimen especial de jubilación anticipada para viñateros y un régimen de Protección Integral del niño, niña y adolescente con cáncer, entre otros tantos proyectos.

Finalmente, la oposición dio el quórum para el tratamiento del Etiquetado Frontal de Alimentos, que se convirtió en ley. No obstante, el proyecto tuvo 22 votos en contra y 16 abstenciones, casi exclusivamente del PRO, actitud que indica que no han cambiado en nada su manera de pensar y que siguen actuando según la agenda que imponen las grandes empresas, en este caso, del rubro alimenticio.