El tarifazo tiene un fuerte impacto en la industria que se va a trasladar al bolsillo del trabajador.
El concepto de que la energía no debe ser barata o el costo total del servicio debe ser afrontado por el consumidor es ridículo. Un servicio público puede tener tarifas diferenciales al extremo que se requiera. Pero eso no se discutió ni se discute. Eligieron un planteo elemental y burdo, en el cual un consumidor debe pagar un servicio básico como si fuera un negocio. No es ni neoliberal, es absurdo.
El Estado fijó precios de gas y de petróleo tan altos que implican que los costos de producción aumenten tanto que el Estado debe subir de manera brutal las tarifas o aumentar los subsidios. Primero beneficiaron a las empresas y luego se fijaron de dónde iban a sacar la plata. Trasladaron ese costo a los consumidores y ahora lo va a tener que subsidiar el Estado.
El Estado tenía un déficit fiscal razonable y el propio Gobierno se encargó de aumentarlo, con transferencias a mineras, con quita de retenciones, de impuestos a autos de alta gama, al transporte, que producían ingresos importantes para el Estado. Lo que lograron es incrementar el déficit. Intentar hacer que el ciudadano pague ese costo a través de las tarifas es por lo menos perverso.
Como criterio se debería establecer una mesa de negociación, que incluya una audiencia pública como marca la ley, en la cual se fije que el costo acumulado de los servicios públicos no pueda superar un determinado porcentaje del ingreso medio.
