Un estudio de la fundación Fundar advirtió los graves perjuicios económicos que ocasionaría al Estado el eventual cierre de Aerolíneas Argentinas. Lejos de significar un ahorro, la decisión que el gobierno planteó como alternativa en caso de que los trabajadores no acepten reformas a los convenios laborales implicaría un altísimo costo para el Tesoro.

El trabajo se conoció en coincidencia con la renovada ofensiva del presidente Javier Milei: “O se cierra o se privatiza, pero no va a seguir en manos del gobierno”, dijo el mandatario. También responsabilizó de la situación a los trabajadores: «Si usted subsidia una actividad, que es el caso de Aerolíneas, ¿dónde se ve ese dinero? ¿En mejor calidad o mejor precio? La contracara de esto son los privilegios que tienen los trabajadores», afirmó Milei en declaraciones a Radio Rivadavia.

En particular, el estudio señala que el costo de cerrar la compañía superaría los U$S 7.614 millones para el fisco, en concepto de lucro cesante, pérdidas de conectividad, indemnizaciones al personal, devolución de los pasajes vendidos por adelantado y cancelación de los créditos para la adquisición de los aviones Embraer, que tienen el aval del Banco Nación.

Para ello, los analistas Gonzalo Guilardes y Jimena Rubio tomaron el concepto de producto bruto aeronáutico (PBA), que engloba todos los beneficios y la función social que cumple la conectividad, medida según estándares fijados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Ese solo rubro está calculado en U$S 6.014 millones, según los estados contables de la compañía.

El informe alerta sobre varias debilidades que se advierten en distintos indicadores del funcionamiento de la compañía, que se advierten en la comparación con otras aerolíneas de la región, como la chilena Latam, la panameña Copa Airlines, Aeroméxico, la brasileña Gol y el grupo colombiano Avianca. La línea de bandera argentina es la única de ese grupo que tiene resultados operativos negativos (gasta 31% más de lo que recauda), es la que menos pasajeros transporta (porque tiene la flota más pequeña) y la de mayor cantidad de empleados (147) por aeronave.

Justamente esas falencias son las que debilitan el otro camino que amenaza el gobierno, la privatización. “¿Qué grupo inversor privado estaría interesado en adquirir el paquete accionario de una empresa que posee un resultado operativo negativo promedio del 22% y tiene un patrimonio neto negativo de U$S 170 millones, en una industria como la aeronáutica, que opera con márgenes muy bajos?”, se pregunta el texto. 

A pesar de ese diagnóstico, el documento de Fundar sugiere “partir del análisis de la realidad” para mejorar la conectividad y el desarrollo de la industria aerocomercial. En particular, teniendo en cuenta la extensión del territorio nacional, la organización federal de la República y la ubicación geográfica alejada de las regiones de mayor intensidad de tráfico en el mundo.

“En el contexto de una industria como la aerocomercial que maneja márgenes de ganancia muy chicos, es clave avanzar en mejorar los niveles de productividad de la empresa”, agregan, fuera de las declaraciones rimbombantes de los voceros oficiales.

“La decisión de mandar a la empresa a la quiebra no es inmediata, tiene costos y no otorga garantías de que en el corto plazo los operadores privados puedan reemplazar la actividad que desarrolla Aerolíneas en la actualidad. Tampoco de que en el mediano plazo se recupere la conectividad actual”, concluye el trabajo.