El gobierno se mantiene firme en su idea de lograr que la deuda en su conjunto sea sostenible, con crecimiento con equidad de la economía, y no con ajuste. En este marco, en la semana algunos medios comentaron que la Vicepresidenta dijo que “no podemos pagar la deuda porque no tenemos la plata”. Y sobre esa posverdad se trató de montar otra, en alusión a supuestas diferencias dentro del gobierno relacionadas con la estrategia de negociación con el FMI.

Sin embargo, Cristina Fernández dijo en concreto que: “todos sabemos que en los plazos y tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, sino que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo. No estamos diciendo de no pagar”. Y reforzó su idea al afirmar que “nuestro espacio político fue el único espacio que nunca endeudó a la Argentina y pagó las deudas de todos los otros gobiernos”. Por esa razón —señaló— “deberíamos hacer todos un esfuercito, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición (…). Los que contrajeron todo el endeudamiento del préstamo del FMI son los que más deberían colaborar, e insistir para que nos den mayor plazo y mucha menor tasa de interés de la que el Fondo quiere aplicarle a la reestructuración” de la deuda.

También resultó interesante la mención de la Vicepresidenta a quienes se aprovecharon del Estado para que éste absorba gran parte de la deuda contraída por los privados durante la dictadura cívico militar. Una cuestión que merece ser comentada, a poco de haberse conmemorado otro 24 de Marzo. Según Cristina: “es una paradoja que los que están en contra del Estado y de las intervenciones son los mismos que durante la dictadura estatizaron sus deudas. Los argentinos que se quejan del endeudamiento no saben que tuvieron un Presidente que tuvo la suerte de que su familia terminó estatizando la deuda multimillonaria que habían tenido durante la dictadura”. De esto no se habla en los principales medios.

Respecto de las supuestas diferencias dentro del gobierno, el propio presidente Alberto Fernández ha señalado en repetidas ocasiones que hay que conseguir condiciones que sean aceptables y que no signifiquen más deterioro para el pueblo argentino. En el discurso ante la Asamblea Legislativa dejó bien en claro la magnitud de la problemática y los límites que existen para pagar la deuda tal como se diseñó originalmente.

Algunos datos esenciales: en 2021 habría que pagarle al FMI, sólo en concepto de capital, unos U$S 3,8 mil millones. En 2022 unos U$S 18 mil millones. En 2023 U$S 19,2 mil millones y en 2024 el pago de la deuda se cancelaría abonando U$S 4,9 mil millones. Una deuda insostenible y con claro trasfondo político, con la finalidad de que Macri tuviera más chances de lograr una reelección.

Volviendo a los supuestos cortocircuitos al interior del gobierno, el ministro Martín Guzmán dijo en una entrevista: “hay que llegar a un acuerdo con el FMI porque no tenemos los dólares para pagarle, no tenemos 45 mil millones de dólares para hacer frente a esos vencimientos”. Y agregó, para tener una idea de las dimensiones, que el monto que recibió del FMI el anterior gobierno es igual a todo lo que el organismo prestó a nivel mundial durante la pandemia. Un número que da cuenta de las corresponsabilidades: las de Juntos por el Cambio y las del propio FMI. Al respecto, y a pesar de la hipoteca que dejó, el ex presidente acaba de decir: “No me arrepiento de haber ido al Fondo Monetario Internacional”, y que el problema estuvo en cómo lo explicó, lo que lo llevó a “perder el vínculo con los argentinos”. Cero autocrítica, lo que indica que volvería a hacerlo.

Con relación a las reuniones que funcionarios argentinos mantuvieron esta semana con equipos del FMI, se empezó a conversar sobre los lineamientos económicos. En el comunicado que apareció en la propia página del Fondo se puede leer, por ejemplo, que “hubo un entendimiento común respecto a la necesidad de garantizar la sostenibilidad macroeconómica y de salvaguardar la recuperación post-COVID en curso. Hubo acuerdo en que la inflación es un fenómeno multicausal y que reducirla requiere políticas macroeconómicas consistentes y esfuerzos de coordinación para ayudar a anclar las expectativas de inflación”. Un enfoque muy distinto del que aparecía en los documentos que firmaba el anterior gobierno, considerando que la inflación era un fenómeno monetario y que había que combatirla congelando la emisión de dinero. Cuestiones como la puja distributiva y la concentración no pueden dejarse de lado.

En los encuentros también se habló de “un reconocimiento compartido de la importancia de políticas para impulsar las exportaciones con agregación de valor y la productividad, lo que respaldaría una mayor acumulación de reservas internacionales”. Lejos de la idea de la total libertad de los flujos externos del anterior gobierno, incluida la eliminación de las obligaciones de liquidar en el país las divisas por parte de los exportadores.

Por su parte, tras la reunión, el ministro Guzmán señaló que se están dando “pasos importantes” para refinanciar la deuda con el FMI. En cuanto a las políticas, y en sintonía con el comunicado del organismo, “para tranquilizar la economía, definimos que la política macroeconómica se debe basar en una serie de principios: el primero establece que el esquema (…) debe ser sostenible y apuntalar la recuperación económica que está transitando el país”. Nociones en un todo coherentes con los lineamientos que se encuentran contenidos en el Presupuesto 2021.

Los dos temas centrales de la negociación con el equipo del FMI pasan por las condicionalidades y por el formato del repago (perfil de vencimientos y tasa). En el primer punto, según lo comentado más arriba, las posiciones parecieran estar más cerca. El segundo aspecto deberá ser resuelto teniendo en cuenta que se aprobó un crédito que fue en contra de las normas y, por ende, su forma de cancelación no debería ampararse rígidamente en lo que marca el estatuto.

Argentina recibió un préstamo de 1277% con relación a su aporte de capital, cuando las normas del FMI establecen un máximo del 435%. Y si bien es cierto que los países pueden recibir mayores desembolsos ante situaciones excepcionales, se precisa de un riguroso análisis de situación como condición para otorgarlos. Aquí se resolvió “entre gallos y medianoche”, ya que desde un primer momento los equipos técnicos del FMI señalaban que la deuda era sustentable “pero no con una alta probabilidad”, fórmula de compromiso para expresar los elevados riesgos de la deuda.

A nivel mundial, la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, informó que hay un amplio respaldo de los directores del FMI para que la institución formule una propuesta para una nueva asignación de derechos especiales de giro (la moneda del Fondo) equivalente a U$S 650 mil millones, “con el fin de proporcionar liquidez adicional al sistema económico mundial al complementar los activos de reserva de los 190 países miembros del FMI”. Dicha propuesta sería presentada al directorio ejecutivo en junio. En lo concreto, esto implicaría para el país un ingreso de unos U$S 4500 millones (relacionados con la participación en el capital). Una muy buena noticia, ya que ayudaría a afrontar gran parte de los vencimientos en dólares con los organismos, incluyendo el Club de París, mientras siguen avanzando las negociaciones por la reestructuración. «