La postergación del debate en Diputados de la ampliación del Presupuesto de este año puso de relieve que el tema se está transformando para el oficialismo en algo mucho más complejo que un simple trámite en la Cámara Baja. Ya la obtención del dictamen de mayoría sufrió dos postergaciones la semana pasada en busca de mayores consensos y ni así el Frente de Todos logró sumar la adhesión de opositores. Pero incluso, el dictamen podría ser letra muerta cuando esta semana -según se espera- el proyecto sea debatido en el recinto ya que los cambios siguen a la orden del día.

Vencer resistencias

En general, el oficialismo y la oposición acuerdan con la ampliación de las partidas para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus y de la cuarentena aplicada por el gobierno. La propuesta es incrementar los gastos del presupuesto vigente en 1,8 billones de pesos. Cabe recordar que el actual esquema de ingresos y gastos de la administración pública nacional es en realidad una prórroga del de 2019 ya que el gobierno de Alberto Fernández rechazó el proyecto de presupuesto de este año que elevó al Congreso el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando el gobierno de Cambiemos fracasaba en su intento de reelegir a Mauricio Macri en la Presidencia de la Nación.

Dos artículos del proyecto del Ejecutivo se están usando como moneda de cambio. Es decir, los gobernadores del propio palo oficialista y la oposición le piden al gobierno distintas concesiones a cambio de su aprobación. La propuesta oficial contempla, en su artículo 7, la autorización para la emisión de deuda por 1500 millones de dólares (poco más de $ 115 mil millones al tipo de cambio mayorista del viernes último) que podrá ser suscripta con bonos en pesos en poder de los inversores. El artículo podría llamarse «cláusula Pimco» ya que está escrita para que ese fondo de inversión pueda liberarse de bonos en moneda nacional que suscribió en la era Macri y por los cuales tuvo fuertes pérdidas. El dato es que Pimco forma parte de los grandes fondos de inversión con los cuales el gobierno nacional negocia una salida a la deuda en dólares con legislación extranjera.

Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) no dio un veredicto positivo. En un informe publicado el jueves pasado, señaló que esa autorización eximiría a «estas operaciones de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que este tipo de operaciones generen ‘un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses'». El plan del Ministerio de Economía es realizar tres licitaciones de U$S 500 millones cada una, programadas para el 7 de agosto, el 25 de septiembre y el 27 noviembre.

Estas consideraciones ya fueron explicitadas en junio por Economía. Allí se explicaba que el proceso de normalización de la deuda en moneda nacional tenía un problema: «Todavía convive en este mercado un universo de tenedores externos de instrumentos en pesos, cuyas estrategias y mandatos de inversión no son compatibles con las características estructurales del mismo, lo cual puede generar condiciones de inestabilidad financiera y macroeconómica». Para solucionar este problema, se los sacaría del mercado de deuda en pesos con la entrega de bonos en dólares.

Leche con IVA

El otro tema controversial es el de la aplicación del 21% del IVA a la leche fluida sin aditivos, que ahora no carga con ese tributo, pero cuya presencia en las góndolas en muy baja. En la actualidad, prácticamente todas las leches fluidas pagan el 21% porque llevan aditivos, en particular vitaminas. Pero para la OPC se trata de una norma tributaria que no debería estar presente en el proyecto de presupuesto. «Por naturaleza, no corresponden ser tratados dentro de un proyecto de Ley en materia presupuestaria», asegura el informe. La oposición tomó al vuelo el tema para oponerse. Con el paso de los días, el gobierno nacional ofrece nuevas concesiones a las provincias que significan fondos a cambio de la aprobación del proyecto de ampliación del Presupuesto 2020.

Moratoria y quiebras, al Senado

La Cámara de Diputados aprobó y derivó al Senado los proyectos de moratoria fiscal y de suspensión de quiebras. La primera norma fue muy discutida por el artículo que incluye en los beneficios a las empresas quebradas. La oposición agitó que ello es para beneficiar a la malograda petrolera Oil. En tanto, para los concursos decretados tras la sanción de la ley, se extiende a 180 días el plazo procesal a pedido del acreedor.