El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, sigue mostrando, con las distintas políticas económicas que ha venido implementando, que posee gran capacidad de gestión y racionalidad, sabe de las dificultades que tiene el país y comprende cuál es el sendero que la Argentina debe transitar.
En la semana, se oficializó el decreto que elimina la necesidad de demostrar la incapacidad laboral total y permanente para tramitar una pensión no contributiva (equivale al 70% de una jubilación mínima): un reclamo histórico de las organizaciones de personas con discapacidad. Si alguien que cobraba una pensión conseguía un empleo registrado, el beneficio quedaba automáticamente suspendido. Por el contrario, el actual decreto establece, a favor de la persona con discapacidad en situación de vulnerabilidad, el trato más favorable en materia de inclusión laboral, y conservando el subsidio.
Asimismo, se anunció que a partir del año próximo los programas sociales pasarán a formar parte del programa de inclusión social. Los beneficiarios gozarán de capacitación laboral e inscripción en bolsas de trabajo. Es un complemento del programa Un puente al empleo, el cual implica que «aquel que tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa va a mantener el beneficio durante un año, y el empleador va a tener que completar el salario de convenio», según las palabras del ministro de Economía. Se incentivará además a los empleadores, quienes serán eximidos de pagar las cargas sociales de estos trabajadores durante dos años.
Además, en línea con el objetivo de incentivar el consumo, pero también como una herramienta para aliviar la situación de endeudamiento de muchas familias que enfrentan altas tasas de refinanciación, se aumentó el monto del crédito subsidiado que otorga la Anses. La cifra pasará de $400.000 a $600.000 para jubilados y pensionados y llegará a $1.000.000 para los trabajadores en relación de dependencia que cobren un salario que no supere el actual mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, con una tasa nominal anual del 50% en 24, 36 o 48 cuotas.
Otro anuncio tuvo que ver con la prórroga por dos años del mecanismo que permite acceder al beneficio jubilatorio sin haber completado los años de aportes o la edad mínima. Una política que había sido implementada en 2021, cuando los efectos de la pandemia sanitaria estaban presentes, y que operó hasta el 30 de septiembre de este año. Según datos de Anses, más de 23 mil personas accedieron a la jubilación anticipada teniendo 30 años de aportes, pero faltándoles hasta cinco años para cumplir la edad jubilatoria.
Por su parte, a mediados de esta semana comenzó a normalizarse el expendio de combustibles, otro resultado de gestión que no hay que perder de vista, ya que se está garantizando el abastecimiento de los hogares y de las empresas que lo utilizan como insumo. Ante los indicios de acciones especulativas, fue contundente la respuesta del gobierno.
Algo similar ocurrió con el dólar ilegal y los financieros, a los que se les pudo poner freno por distintas vías. Colaboraron en el primer caso los controles y la fiscalización, y en general fueron claves los resultados de las PASO, que significaron un revés para la opción dolarizadora y el «que todo explote». Se agrega el mayor poder de fuego que posee el BCRA con la ampliación del Swap con China en U$S 6500 millones. A partir de estas iniciativas, los valores de los dólares financieros bajaron, y el valor del dólar ilegal disminuyó en gran medida. En estas dos semanas será fundamental seguir con el monitoreo y enfrentar los intentos de acciones desestabilizadoras que puedan llegar a surgir para obtener algún rédito político.
Por otro lado, a partir de la nueva versión del Programa de Incremento Exportador, se retomaron las compras netas de divisas, que sumaron U$S 686 millones entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre. Otro factor que ayuda a reducir la incertidumbre.
El contraste con las propuestas que emanan del
círculo de Javier Milei es evidente. Entre otras frases, acaba de reafirmar que «la eliminación del Banco Central es política de Estado» y que no es negociable. Desde su perspectiva todo debe ser resuelto por el mercado, sin importar que ello signifique avanzar hacia un país inviable económica y socialmente, en el que se sigan enriqueciendo quienes más tienen.
Al respecto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo acaba de señalar que «la reducción de la desigualdad debe ser una prioridad en los países desarrollados y en desarrollo (…), y ello requiere incrementos concertados de los salarios reales y compromisos concretos que apunten a una amplia protección social». En las antípodas de la idea de que la justicia social es una «aberración», como sostiene el candidato libertario.
Hay que tener presente que, en caso de ganar la segunda vuelta, el libertario no dudará, como ha dicho, en avanzar con un rotundo recorte de derechos y en un ajuste fiscal de «shock». Es la propuesta con la que también comulga Mauricio Macri, quien no se ha cansado de repetir que el gran problema de su gobierno fue que avanzaron demasiado lento.
Acerca de este punto, el ministro de Economía señaló en una entrevista: «no es un problema de gradualismo o shock, eso es una falsa discusión. Es un problema de poner los objetivos y cumplirlos». También se refirió a la necesidad, tras la elección, de avanzar con la Separata sobre gasto tributario incluida en el proyecto de Presupuesto 2024 y que ya está tratando el Congreso: «(tenemos que) sentarnos (…) y definir una matriz tributaria más justa y progresiva», dijo, y al respecto dio el ejemplo de la exención de los inmuebles rurales en el exterior en el impuesto a los Bienes Personales. Acerca de este ejemplo, desde los medios hegemónicos, y varias sociedades rurales, intentan mostrar esta decisión como un ataque a la producción agropecuaria nacional, aunque en varias oportunidades Massa aclaró que se trataba sólo de los campos en el exterior.
Las exenciones y los subsidios tienen un sentido de política pública y de allí la necesidad de revisar su vigencia. Por ejemplo, ¿cuál es el valor social que tiene que 450 argentinos y argentinas tengan inmuebles rurales en el exterior que no paguen impuestos a los Bienes Personales? El enfoque es correcto, ya que el equilibrio debe lograrse básicamente por el lado de los ingresos, a través de una economía en crecimiento, de un sistema tributario más progresivo y luchando contra la informalidad y la evasión.
El ministro de Economía también expresó: «yo quiero un país que tome deuda para hacer hospitales, rutas, escuelas, universidades. Y en Argentina en 2018 tomamos U$S 45.000 millones de deuda para pagar la timba de BlackRock, Ashmore, Templeton», en clara alusión al modelo que enfrenta en este balotaje.
Las iniciativas que se han venido llevando a cabo están en clara consonancia con las líneas directrices de un modelo de país con mayor inclusión y oportunidades, de la mano de un Estado que participe de manera activa y eficaz. «
