La última protesta que sufrirá el gobierno de Mauricio Macri antes de las PASO la protagonizarán los pobres. El reclamo será por la comida. Los movimientos sociales volverán a aprovechar el 7 de agosto, día de San Cayetano, para visibilizar la situación que atraviesan los sectores más vulnerables y, en este caso, reclamar que se declare la Emergencia Alimentaria.
Al igual que lo hicieran hace un año para reclamar la Emergencia Social la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se concentrarán mañana por la mañana en la Iglesia de San Cayetano para marchar hasta la Plaza de Mayo. Hace un año buscaban la sanción de una ley de Emergencia Social, hoy buscan la Emergencia Alimentaria. En esta oportunidad los acompañarán los sindicatos nucleados en la CTA Autónoma, que dirige Pablo Micheli, y en la Corriente Federal de los Trabajadores, que conduce Sergio Palazzo, además de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo titular es Raúl Cachorro Godoy.
El reclamo que ganará las calles mañana ya tiene su correlato en el Congreso. El Movimiento Evita, a través de su diputada santafesina Lucila De Ponti, consiguió el compromiso de todos los sectores de la oposición para avanzar con el proyecto de ley que declara la Emergencia Alimentaria por dos años y aumenta en un 50% las partidas para comedores y merenderos.
Respecto del tratamiento legislativo, De Ponti aseguró que se trata de «poner en la agenda del Congreso las necesidades de la gente», y agregó: «No alcanza solo con discursos de campaña: el Congreso debe ponerle el cuerpo a la lucha». En un sentido similar se expresó el diputado de Libres del Sur, Federico Masso, que detalló: «No nos podemos resignar a que en un país donde se producen todos los alimentos que componen la canasta básica haya más de 13 millones de pobres».
«El hambre no espera» será la consigna que encabezará la movilización. Los datos que surgen del relevamiento realizado por los movimientos sociales, que le dan sustento no solo a la consigan sino también al proyecto de ley, marcan que el 43% de los chicos que acuden a los comedores y merenderos tienen problemas derivados de la «mal nutrición».
La existencia de listas de espera en los comedores, el aumento de la concurrencia de los jubilados, y el aumento de los casos de tuberculosis son, para los movimientos sociales, indicadores claros del incremento de la pobreza y de la necesidad de declarar la emergencia alimentaria.
Los dirigentes sociales y los legisladores que impulsan la norma coinciden en que luego de las PASO y antes de las elecciones generales de octubre será el momento adecuado para avanzar en la tarea legislativa. El apoyo masivo de los bloques opositores asegura la media sanción de la Cámara Baja. El Senado aún se dibuja como una incógnita.
La realidad marca que los movimientos sociales están dispuestos a salir a la calle durante el período electoral para forzar el tratamiento de la norma. En ese contexto, desde el Movimiento Evita advierten: «Vamos a estar en la calle, ahora y hasta fin de año si es necesario. Los movimientos sociales no tienen compromisos electorales y van a salir a reclamar todas las veces que haga falta».
El recuerdo del camino recorrido el año pasado para sancionar la Emergencia Social les da una luz de optimismo a los dirigentes sociales que enfatizan que «ya se han incorporado 50 mil trabajadores de la economía popular al salario social complementario y este año se lleva ejecutado poco más del 50% del presupuesto de la Emergencia Social, lo que supone que se habrá ejecutado el total cuando llegue fin de año».