Las negociaciones llevadas adelante en Tierra del Fuego entre los funcionarios del gobierno de esa provincia, los ejecutivos de la empresa Mirgor y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dejaron en claro la posición de la firma: si el gobierno nacional no le levanta la cuarentena en sus plantas fueguinas, mantendrá los despidos de los 745 trabajadores a los que ya puso en situación de disponibilidad el lunes pasado.
En los diálogos desarrollados desde principios de la semana quedó en claro el objetivo de la empresa: que el gobierno nacional incluya la producción de celulares y televisores dentro de las actividades «esenciales»; de lo contrario, mantendrá los despidos.
«La empresa propone una reincorporación paulatina si se aprueba un protocolo especial para producir celulares durante la cuarentena» provocada por la pandemia de coronavirus, detalló a Télam el ministro de Trabajo fueguino, Marcelo Romero, quien agregó que así lo dio a conocer el CEO de Mirgor, José Alonso.
También podés leer: Una empresa de Nicolás Caputo desvinculó a 745 trabajadores en Tierra del Fuego
Romero indicó que la idea de Mirgor, cuyo accionista principal es Nicolás Caputo, «hermano de la vida» del expresidente Mauricio Macri, es lograr que el gobierno nacional declare como actividad «esencial» a la fabricación de teléfonos celulares y televisores, y que el gobierno de la provincia autorice esa producción en el marco de un protocolo de cuidados sanitarios.
«En esas condiciones, (Mirgor) iría tomando a los trabajadores cuyos contratos se vencieron. Nuestra postura fue que el protocolo debe ser avalado por el Comité Operativo de Emergencia que formó la provincia para enfrentar la crisis del coronavirus», afirmó Romero.
Según el ministro, la otra posibilidad es que desde Buenos Aires se levante la cuarentena para la producción industrial (o un sector de ella) antes del 13 de abril.
Si no se le levanta la cuarentena, Mirgor mantendría los despidos de 220 empleados vinculados mediante contratos basura conocidos como Personal de Prestación Discontinua (PPD), mientras que a los 525 restantes, contratados bajo la modalidad de «plazo fijo», les mantendría la relación laboral sólo por abril.
Ambas modalidades de contratación forman parte de lo que se conoce como conttratos basura, una flexibilidad laboral instaurada en los años 90 y que se mantiene vigente hasta ahora.
180 millones de dólares en exenciones impositivas
Mientras tanto, los reclamos a Mirgor abundaron en Tierra del Fuego. Martín Pérez, intendente de Río Grande, ciudad en la que Mirgor tiene las plantas en la que se plantean estos despidos, pidió «más responsabilidad y solidaridad» a los dueños de la firma.
«No puede ser que en las horas más difíciles, la empresa que más ha ganado en los últimos cuatro años nos de la espalda a los riograndenses. Mirgor tiene que ser más solidaria con la ciudad, como la ciudad lo ha sido con la empresa», dijo el intendente.
Pérez reveló que el año pasado Mirgor «facturó no menos de 1.000 millones de dólares, según balances presentados en la Comisión Nacional de Valores, y sólo en beneficios del régimen (de promoción industrial vigente en la provincia) recibió 180 millones de dólares».
«Los que han obtenido excelentes ganancias en el apogeo de la promoción industrial, hoy más que nunca tienen que ser responsables y solidarios», insistió el intendente al solicitar a la empresa que «revea este tipo de medidas y sostenga los puestos de trabajo de los que dependen 745 familias».
En el ambiente del derecho legal se discutía si los despidos de Mirgor están incluidos dentro de la prohibición que plantea el decreto de necesidad y urgencia 329/2020 que entró en vigor el 1 de abril y prohíbe los despidos y suspensiones por causa de la pandemia.
