Los 5000 millones de euros en inversiones en infraestructura y energía que anunció la alemana Siemens una semana atrás están atados a la aprobación parlamentaria del proyecto de ley de participación pública y privada, que ya cuenta con el voto favorable del Senado y que la semana próxima comenzará a ser tratado en la Cámara de Diputados.
Ese proyecto crea un régimen de contratación de obra pública por el cual los litigios contractuales pueden ser dirimidos en tribunales arbitrales del exterior, cuyos fallos serán inapelables, y elimina la aplicación de artículos del Código Civil y Comercial, como el que permite pagar en pesos las deudas tomadas en moneda extranjera.
En medios empresarios llamó la atención el tipo de inversión anunciada por Siemens, ya que su presencia en el rubro energético es como proveedor de generadores de electricidad en base a combustibles fósiles y renovables. Participa en las obras públicas como proveedor de bienes de capital, no como contratista principal a cargo de toda la obra. La propuesta de inversión podría indicar que Siemens está dispuesta a tomar este último rol, comprometiendo capital. En ese camino se potencian los beneficios de hacer las obras bajo el régimen de participación pública privada que crea el proyecto, ya que, en definitiva, se trata de establecer garantías al financiamiento privado de la obra pública.
Joe Kaeser, CEO mundial de Siemens, lo explicó así: «Ahora hay otro liderazgo político. Es momento de involucrarse y comprometerse. Es un momento decisivo para que este país vuelva a ser lo que merece ser.» Toda una declaración de principios. «
