Con un listado de tareas cumplidas, Sergio Massa viajará este lunes por la noche a Washington para entrevistarse con la cúpula del Fondo Monetario Internacional. Allí el ministro de Economía estará atento a la resolución del directorio, que en su reunión del miércoles se apresta a refrendar la revisión del acuerdo de facilidades extendidas y a desembolsar unos U$S 7500 millones para compensar los pagos hechos por el gobierno argentino a esa misma entidad y también para asegurar los de los próximos meses.
Con esa suma el gobierno podrá devolver el adelanto pedido al fondo soberano de Qatar para pagar los intereses trimestrales que cobró el FMI a comienzos de mes (cerca de U$S 760 millones) y reponer las reservas consumidas en los pagos de fines de julio (U$S 2700 millones, de los cuales más de un tercio fueron en yuanes y el resto en derechos especiales de giro, la moneda virtual del Fondo).
¿Alcanzará el sobrante para normalizar la crítica situación de las reservas del Banco Central? La mayoría de los analistas creen que no. A falta de datos oficiales, las estimaciones privadas coinciden en que las reservas netas, despejados los encajes de los depósitos privados en dólares en el sistema local y el swap con el Banco Popular de China, son negativas en el orden de los 8000 a 10.000 millones de dólares.
Sin embargo, la aprobación del directorio del FMI será importante para el gobierno por una razón: ganar tiempo hasta octubre y evitar nuevos sobresaltos en el frente externo, después del sopapo electoral recibido en las urnas y el triunfo del candidato libertario Javier Milei, que proclama la dolarización a los cuatro vientos. Ambas razones influyeron para que el tipo de cambio paralelo se escapara casi hasta los 800 pesos, aunque luego perdió fuerza y terminó la semana a 720.
Lograr oxígeno y aquietar la inestabilidad macroeconómica son entendidos por el gobierno como requisitos ineludibles para mantener las chances presidenciales de Unión por la Patria. Por eso se especula que el Fondo también apruebe la libre intervención del Banco Central en el mercado cambiario como recurso para mantener mayores sobresaltos, al menos en el corto plazo.
Condiciones
La condición para obtener ese respaldo fue la devaluación concretada en la apertura de los mercados del último lunes, apenas horas después del cierre de las urnas. El propio gobierno reconoció que el ajuste cambiario, al que accedió después de haberse negado reiteradamente en los últimos meses, fue una imposición del FMI. “Ellos exigían una actualización del tipo de cambio porque desde 2021 hasta ahora traíamos un retraso cambiario de casi 19 puntos y medio”, admitió Massa en una entrevista televisiva. “Ojo, ellos pedían unificación cambiaria y 60% de devaluación. Hubo un mes en el que la negociación estuvo cortada porque ellos se plantaron en el 60 por ciento y nosotros en el 20”, puntualizó.
Como el vencedor que apenas finalizada la disputa entrega elogios a su derrotado, a las pocas horas el FMI emitió una declaración pública saludando el ajuste cambiario. “Valoramos las acciones de políticas recientes de las autoridades y el compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal”, dijo la vocera oficial del organismo, Julie Kozack.
El acelerado reacomodamiento de precios internos diezmó el de por sí disminuido poder adquisitivo de la población y aceleró la inflación (ver páginas 16 y 17). Por detrás de esas cuestiones, que en la filosofía del Fondo bien podrían ser simples daños colaterales, el nuevo tipo de cambio permitió que el Banco Central adquiriera U$S 685 millones en la última semana. La apuesta es mantener la cotización de 350 pesos fija por dos meses, hasta las elecciones de octubre.
Sin embargo, informes privados desconfían de que se logre ese objetivo. “La falta de reservas y una aceleración de la inflación que a partir de agosto podría instalarse por encima del 12% mensual hacen efímeros los intentos por anclar las expectativas. Al ritmo más acelerado de la inflación, el tipo de cambio llegará a principios de octubre con un atraso similar al de julio”, pronosticó un documento del IERAL, que depende de la Fundación Mediterránea. A los autores del informe los comprenden las generales de la ley: el director de ese instituto económico es Carlos Melconian, uno de los principales asesores económicos de Patricia Bullrich, que promueve la eliminación del cepo y la liberación del tipo de cambio.
El resto puede esperar
La devaluación finalmente concretada dejó en segundo plano el resto de los criterios que hasta ahora eran considerados excluyentes para evaluar la marcha del acuerdo: el déficit fiscal, la evolución de las reservas y la asistencia monetaria del Banco Central. Si se tomaran al pie de la letra, difícilmente el Fondo podría dar el visto bueno a la continuidad del apoyo financiero.
En materia fiscal, Massa podrá exhibir al menos los esfuerzos realizados para honrar lo prometido. De acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) difundido en la última semana, durante el último año el déficit primario se redujo 22,6% en términos reales, acicateado por las transferencias a las provincias (que bajaron 28%), las asignaciones familiares (25,3%) y los subsidios a la energía (22,9%).
Pese a ello, esos recortes no son suficientes para lograr las metas establecidas. Aun con algunas diferencias metodológicas con relación al informe de la Secretaría de Hacienda, que se conocerá en un par de días, la OPC calculó que entre enero y julio el déficit primario ya superó con holgura lo establecido hasta septiembre y alcanzó los $ 2,383 billones, consumiendo casi el 80 por ciento de los $ 2,970 billones exigidos por el FMI para todo el año.
Los incumplimientos también aparecen en los demás tópicos. La asistencia monetaria del Banco Central en lo que va del año supera los $ 1,2 billones y duplica lo previsto para el primer semestre, mientras que las reservas internacionales, lejos de crecer, cayeron como consecuencia de una feroz sequía que derrumbó las exportaciones agrícolas y que el Fondo, con una increíble miopía, se niega a reconocer. Ante desvíos tan grandes, se espera que el miércoles el directorio apruebe cambios en esos objetivos.
Lo que está en discusión
El FMI retuvo los desembolsos correspondientes a la quinta y sexta revisión del programa de facilidades extendidas. Ambos suman U$S 7.500 millones.
El directorio aprobará el giro del dinero y garantizará otro similar por U$S 3.000 millones para noviembre.
A cambio, el gobierno aceptó fijar un tipo de cambio más alto ($ 350) para incentivar exportaciones y generar divisas.
El Banco Central recibiría la autorización para intervenir con reservas en el mercado cambiario, en caso de fluctuaciones fuertes y presiones contra el peso.
Las metas cuantitativas de los últimos dos trimestres fueron incumplidas. Se prevé que el directorio otorgue un waiver (dispensa formal).
Se descuenta que se flexibilizará el objetivo de reservas netas (U$S 8000 millones de incremento para el bienio 2022-2023). El gobierno quiere que se contemplen los U$S 20.000 millones de impacto en las exportaciones agrícolas que generó la sequía.
Se prevé que el déficit fiscal primario para este año se mantenga en 1,9% del PBI. El gobierno ya consumió el 80% de ese margen: para llegar a la meta, deberá extremar el recorte en el gasto.
Adiós fondos frescos
¿Cuántos dólares recibirá Argentina? Desde el gobierno dejaron trascender que se trata de unos U$S 7.500 millones, que serán complementados por otro giro a realizar en noviembre hasta alcanzar un total de U$S 10.500 millones. Esos números, si bien representarán un alivio para un gobierno con la lengua afuera en materia de divisas, no son más que una puesta al día del acuerdo celebrado el año pasado, que preveía desembolsos durante 2023 por U$S 16.000 millones (la primera cuota se efectivizó en marzo). Cada remesa debía estar precedida de una auditoría con carácter vinculante. Mirado de ese modo, no habrá partidas adicionales, objetivo que habían planteado los negociadores argentinos: lo que hará el FMI es soslayar los incumplimientos. «
Contactos con candidatos de la oposición
Con los resultados de las elecciones primarias a la vista, el Fondo Monetario Internacional contactó a los candidatos opositores para conocer sus opiniones sobre la situación económica y los planes a implementar en caso de llegar al gobierno. Las conversaciones se realizaron por videconferencia. «Estos contactos son importantes para el entendimiento de los puntos de vista y opiniones. En el caso de los candidatos presidenciales, permiten que el staff comprenda mejor los aspectos clave de las posibles políticas económicas futuras”, dijeron voceros del organismo.
En el caso de La Libertad Avanza, fue el propio Javier Milei el que habló con los técnicos del Fondo y les presentó a sus principales asesores: Carlos Rodríguez, Darío Epstein y Roque Fernández. «El ajuste fiscal que planeamos es más importante que el de ustedes», dijo Milei, quien anticipó que no piensa declarar ningún default. Por JxC, el que habló fue Carlos Melconian, quien se mostró preocupado por la falta de reservas y el panorama que podrían encontrar en diciembre. El staff había hablado otras veces con Luciano Laspina, otro de los referentes económicos de la coalición.
