Ya se habían movilizado el 21 de septiembre en el día internacional de la sanidad. Entonces la marcha concluyó en la Legislatura y tuvo como desenlace una fuerte represión policial con el saldo de varias trabajadoras de la salud lastimadas con heridas cortantes.
El paro y la movilización del jueves 1° de octubre emergió en forma auto convocada como una forma de repudiar esa represión y, a la vez, ratificar el reclamo que le dio origen: el reconocimiento de la tarea profesional del personal de enfermería de los hospitales públicos dependientes de la Ciudad. El resultado fue una adhesión masiva al paro y un crecimiento exponencial de la presencia callejera con relación a lo ocurrido días antes. Más de tres mil enfermeras y enfermeros avanzaron desde temprano desde el Congreso de la Nación hasta la Legislatura porteña y las inmediaciones de la Plaza de Mayo.
El conflicto, en rigor, estalló en noviembre de 2018 cuando el oficialismo en la ciudad decidió presentar un proyecto de ley para modificar la estructura del escalafón de los hospitales porteños reconociendo parcialmente el carácter profesional de algunas disciplinas. El proyecto, sin embargo, dejó afuera a los sectores de enfermería que fueron encuadrados en la carrera administrativa afectando sensiblemente los ingresos de esos trabajadores con relación al resto del escalafón. Los manifestantes y referentes señalan que, de hecho, perciben «un 50% menos de salario que el resto de los trabajadores».
Entonces se produjeron movilizaciones inmensas de hasta 15 mil trabajadores impulsadas por un sentimiento de discriminación sobre quienes cargan a diario con gran parte de la tarea de atención sanitaria en los hospitales públicos porteños. En la medida en que la ley no modificó las condiciones pre existentes del sector, al igual que ocurriera en 2019 con los residentes y concurrentes que se levantaron contra una ley que consagraba sus condiciones de precariedad, de algún modo se trató de un conflicto autoinflingido por el gobierno porteño.
La jornada concluyó con un acto en la Legislatura porteña en el que tomaron la palabra referentes de los enfermeros autoconvocados desde los hospitales, dirigentes de la ATE como Rodolfo Arrechea que se sumaron a la medida resuelta en asambleas de base y el legislador porteño por el Frente de Izquierda Gabriel Solano que viene acompañando el reclamo desde 2018 y que, en estos días envío una carta pública al ministro de salud Fernán Quiros en la que denunció que “lo héroes de la pandemia, aplaudidos por la población, fueron golpeados por el gobierno”.
En esa carta pública, el legislador denuncia que “tenemos conocimiento que en una reunión que usted realizó la semana pasada con directores de los hospitales de la Ciudad, afirmó que bajo su gestión no hay ninguna posibilidad de que enfermería pase a la carrera profesional”. Solano señaló que «no quieren aumentar los salarios que paga su gobierno, que rondan los $ 38.000 mensuales y $ 133 las horas extras; ni tampoco mejorar las condiciones laborales de enfermería, porque eso implicará necesariamente que esos beneficios deberán replicarse también al sector privado.»
Erika, una de las enfermeras auto convocadas del Hospital Gutiérrez que tomó la palabra en el acto explicó a Tiempo que “la movilización fue porque la única respuesta que recibimos del gobierno ante nuestro legítimo reclamo fue la represión. Lo único que consiguieron es que se vuelva a masificar el reclamo cuando estamos peleando en la primera línea contra la pandemia en condiciones apremiantes y con salarios por debajo de la línea de pobreza. Vamos a seguir con asambleas y un nuevo paro en las próximas semanas”.
