«Ya se los dije: si quieren magos, vayan a ver a (David) Copperfield». La frase provino de Mauricio Macri en la conferencia de prensa del pasado jueves. Sin embargo, habría que ser mago (o tener el consentimiento de la otra parte) para cumplir con la orden que dio el Presidente a su ministro Aguad en la citada reunión: que volvamos a fojas cero con el acuerdo ya firmado en junio de 2016 entre el Gobierno y el Correo Argentino.
Un tema principal del caso del Correo Argentino es la actitud del grupo empresario familiar que integra el Presidente de la República. Suponiendo que los resquicios legales avalaran lo actuado (no es así en la realidad) hay una cuestión ética, un aprovechamiento a favor del grupo y en desmedro de los intereses del Estado. Cabe recordar que en los noventa, la familia Macri se hizo cargo del Correo con Mauricio Macri como presidente del grupo. La empresa ofreció un canon altísimo, muy por encima de los otros oferentes, lo que le permitió ganar la licitación. No obstante, no pagaron el canon, despidieron trabajadores y mandaron al Correo virtualmente a la quiebra.
En ese contexto se produjo luego la reestatización, que podríamos considerar ineludible, como la mayoría de las re-estatizaciones que fue haciendo el kirchnerismo, de empresas impregnadas de corrupción, que destrozaron el patrimonio público y deterioraron las prestaciones de los servicios, a pesar de las altísimas tarifas en dólares que cobraron: el Estado se hizo cargo de varias para cortar de raíz con esa lógica.
Otro tema trascendente es la existencia de una demanda del propio grupo Macri contra el Estado por $ 2365 millones, un tema que no resuelve el acuerdo firmado en junio pasado. Se pactó recibir de parte del Correo Argentino $ 296 millones en 15 cuotas anuales a un interés bajísimo, mientras pende una espada de Damocles sobre las arcas públicas proveniente de la misma empresa.
El tema de colusión de intereses también apareció en la conferencia de Macri de este jueves, pues para volver a fojas cero sería necesario el acuerdo del gobierno y del Grupo Macri, con lo cual, por más que lo quiera evitar, aparece claramente la falta de separación entre el mandatario y el empresario que habita dentro suyo. Para intentar desvincularse de esta doble pertenencia, el Presidente mencionó la constitución del fideicomiso ciego de sus bienes. Dicho fidecomiso se constituyó en abril de 2016: un mes después dijo que repatriaría los U$S 18 millones que tenía en Bahamas, planteando dudas sobre le ceguera del mismo.
La decisión de la Coalición Cívica y su principal referente, Elisa Carrió, de culpar al patrimonialismo corrupto K, además de intentar desprestigiar las re-estatizaciones, indica en forma inapelable que no encontraron un solo argumento para defender el acuerdo firmado con el Correo Argentino. Una débil respuesta sobre un tema candente de conflicto de intereses, que no parece compensada con su ofuscada oposición a la modificación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones y pensiones, otro de los temas en los que Macri debió volver atrás.
El problema es la recesión
La modificación del cálculo de la movilidad jubilatoria no deja de ser un tecnicismo, pero con un significado político muy concreto: se busca la mejora de las cuentas públicas a costa de menores ingresos para los jubilados y pensionados. Va en la misma dirección de lo propuesto por el FMI en su revisión del artículo IV en octubre de 2016, aunque el organismo planteó una reducción mayor en las prestaciones jubilatorias. Además, propuso extender la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años, e ir reduciendo la jubilación mínima (que hoy llega al 75% del salario mínimo) para llevarla al 45%. Esto significaría una reducción brutal de la capacidad adquisitiva de los jubilados y pensionados. Pero es un dato por demás llamativo: el FMI reconoce que en el anterior gobierno la jubilación mínima se aproximó al 75% del salario mínimo, muy cerca del 82% que está en las aspiraciones de la sociedad.
No obstante, esta discusión desplaza el verdadero problema de la movilidad jubilatoria. La fórmula funcionó eficazmente durante todos estos años para incrementar el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios en un contexto de crecimiento de la economía, del empleo y de los salarios reales. La fórmula recoge por partes iguales el aumento de los ingresos fiscales destinados a la Anses y el incremento en los salarios, con un tope que no puede superar el 3% del aumento en los ingresos totales de la Anses, de forma tal de no desfinanciar al sistema. Desde la aplicación de la movilidad previsional en marzo de 2009, hasta diciembre de 2015, las jubilaciones superaron en un 22% a la inflación medida según el promedio de provincias, y le ganaron en todos los años a excepción del 2014. Pero en 2016, según Cifra-CTA, aumentaron un 9% menos que la inflación, es decir, perdieron poder de compra. La recesión, la baja en la recaudación tributaria y en los salarios reales, así como la mayor desocupación, debilitan la movilidad jubilatoria. Éste es el principal tema.
Correo y movilidad jubilatoria no fueron los únicos temas con los que tuvo que lidiar el Gobierno. El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en extraordinarias el proyecto sobre ART proveniente del Senado. Si bien esta aprobación es un gran paso hacia la flexibilización laboral, es un éxito a medias para el Gobierno. Primero porque debió dar marcha atrás con el decreto que modificaba el sistema de ART y acudir al Parlamento. Segundo, porque la aprobación se obtuvo con el voto afirmativo de sólo 88 legisladores, lo que muestra las crecientes dificultades que tiene para conseguir apoyos del opo-oficialismo, que se expresan en el voto dividido de los diputados de los bloques que habitualmente han acompañado las propuestas del oficialismo.
Mientras tanto, quedaron relegados de la primera plana temas importantes, como los aumentos tarifarios y de los distintos servicios regulados por el Estado. Las subas en los peajes, que en el caso de los camiones llegan al 300%, necesariamente se trasladarán al precio de los productos. El Ministerio de Energía convocó a una nueva audiencia para incrementar las tarifas del gas a partir de abril con el objeto de incorporar el aumento del precio internacional de los combustibles. La rentabilidad empresaria intacta, mientras el bolsillo de los consumidores soporta todo el esfuerzo. Otro estímulo para la inflación.
En este punto, no puede pasarse por alto la mención de Macri, que dijo esperar una inflación para fin de año por debajo del 20%, superando la meta máxima del 17% sostenida por el BCRA. Con los agudos incrementos en los precios regulados y en los costos, todo hace pensar que la inflación superará esa aspiración del Presidente.
Con la atención en el extranjero
Durante la semana, todo el gobierno y los grandes medios parecieron estar pendientes de la charla de 5 minutos que Macri mantuvo con el presidente de los Estados Unidos. Sobre la misma, el gobierno estadounidense subrayó el papel de liderazgo que Mauricio Macri puede jugar en la región. Si a esto le sumamos que se conoció que hablaron de Venezuela, queda una gran preocupación por los resultados que la charla pueda tener en el complejo panorama latinoamericano. Es muy probable que Trump avale el interés de Macri por ser la punta de lanza contra el gobierno venezolano. Otro indicio de los eventuales intereses comunes que poseen ambos mandatarios. «
