Las moratorias previsionales, que permitieron que más de tres millones de personas accedieran a una jubilación mínima, dejarán de existir el próximo 23 de julio.

A medida que la fecha se aproxima, se hace más fuerte el debate sobre la conveniencia o no de extender este mecanismo aplicado durante los gobiernos de Cristina Fernández y que venció en septiembre de 2017 para los varones.

Los defensores de la moratoria aseguran que es la forma de integrar a la percepción de un beneficio jubilatorio a adultos mayores que no realizaron aportes previsionales durante su vida activa, o que lo hicieron por debajo de los 30 años de aportes al sistema previsional. Este es el caso de las amas de casa. También de aquellos trabajadores en relación de dependencia cuyos empleadores les hacían el descuento del salario del aporte previsional pero no realizaban el depósito correspondiente. O el de los trabajadores no registrados; también de los cuentapropistas.

Del lado del gobierno, la posición es que las moratorias previsionales son perjudiciales porque se hicieron sin tomar en cuenta los recursos necesarios para sostenerlas en el tiempo. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una exposición ante la Cámara de Diputados en marzo de 2017, la consideró “arbitraria”.

Cambiemos consideró que la creación de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) reemplaza la moratoria y “garantiza una cobertura universal”, según Peña. La PUAM otorga al beneficiario el equivalente al 80% de la jubilación mínima.

De cualquier manera, ni la PUAM ni la jubilación mínima aseguran la manutención del jubilado, cuya canasta tenía un valor de $ 30.524 mensuales, según un informe de la Defensoría de la Tercera Edad y que publicó Tiempo el 15 de abril.

El problema del trabajo no registrado es masivo, alcanza a más del 35% de la población empleada desde hace ya más de 10 años. Por lo tanto, la solución para esa enorme franja de trabajadores no puede ser un ingreso que no alcanza ni para la subsistencia.

La decisión de cancelar las moratorias previsionales se tomó como parte de la elaboración de la ley de Reparación Histórica de los jubilados, de junio de 2016 (la misma que incluyó el blanqueo de capitales). Allí se creó la PUAM y se determinó el cese de las moratorias para las mujeres. Un decreto reglamentario posterior, de julio de 2016, estableció la fecha de caducidad en el 23 de julio de 2019. La moratoria para varones caducó en septiembre de 2017.

En su exposición de marzo de 2017 ante los diputados, el jefe de Gabinete Peña admitió que “cerca del vencimiento, se evaluará la factibilidad de establecer la prórroga”.

Una versión que circuló con fuerza este martes indicó que en el gobierno se evaluaba la posibilidad de la prórroga de la vigencia de la moratoria hasta diciembre. La especie no fue ratificada ni desmentida en círculos oficiales.

Si no se modifica la fecha de vigencia de la moratoria, las mujeres y los varones en edad de jubilarse pero sin los aportes completos sólo podrán acceder a la PUAM, aunque existe la posibilidad de que tampoco puedan obtener ese beneficio.

Es que la ANSES modificó en abril pasado los requisitos para el acceso a la PUAM. “Las personas que soliciten la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) instituida por el artículo 13 de la Ley 27.260, a partir de la vigencia de la presente reglamentación, deberán cumplir con la evaluación patrimonial y socioeconómica ante ANSeS, conforme las disposiciones del presente Anexo”, informó por la Resolución 17, publicada el pasado 5 de abril en el Boletín Oficial. Y agrega: “Para la evaluación prevista en este artículo, ANSeS requerirá a la AFIP la información necesaria para controlar y definir el derecho al acceso a la prestación PUAM, guardando expresa confidencialidad sobre la misma”.

Por caso, la persona que pretende cobrar la PUAM no puede tener ingresos anuales superiores a los 645 mil pesos; un patrimonio superior a los 2,5 millones de pesos; o gastos anuales en tarjeta de crédito superiores a 840 mil pesos.